MADRID.- El
Banco de España cree que controlar los precios de los alquileres puede
tener "efectos adversos potencialmente significativos", sobre todo si la
medida es prolongada, entre ellos la reducción del número de viviendas
en el mercado y el recorte de los gastos de mantenimiento por parte de
los propietarios.
Estas
son algunas de las conclusiones del informe "La intervención pública en
el mercado del alquiler de vivienda: una revisión de la experiencia
internacional", publicado hoy por el Banco de España.
Según
el informe, la "notable" subida de los precios del alquiler en las
áreas metropolitanas ha dificultado el acceso a la vivienda de los
ciudadanos, lo que ha puesto sobre la mesa la necesidad de reforzar las
políticas públicas en ese ámbito.
El
estudio identifica tres tipos de intervenciones para intentar resolver
este problema: los controles sobre los precios de los alquileres, la
provisión de vivienda pública en alquiler a precios asequibles y medidas
para incidir de forma indirecta tanto en la oferta como en los precios.
En
el caso del control de los alquileres, el informe admite que tiene "el
atractivo de dirigirse de forma inmediata y directa a los problemas de
accesibilidad".
No
obstante, señala que "la evidencia muestra la posible aparición de
efectos adversos potencialmente significativos, especialmente cuando
este tipo de medidas se mantienen durante periodos prolongados".
Según
el estudio, "la oferta de alquiler suele reaccionar al control de los
precios reduciendo las viviendas disponibles en el mercado" y
"disminuyendo los gastos de mantenimiento de los inmuebles".
Además,
añade, esta política "puede crear segmentación en el mercado de la
vivienda al concentrarse las medidas de control de rentas en
determinados colectivos o zonas de una ciudad".
Este
tipo de dualidad, subraya el informe, "puede ocasionar una segmentación
de la población según sus condiciones socioeconómicas" y reducir la
movilidad de los trabajadores.
Según
los autores, estos problemas "explican el retroceso a lo largo del
tiempo" de los controles de precios, aunque esta opción ha reaparecido
en los últimos años en algunas grandes ciudades europeas.
En
cuanto a la promoción de vivienda pública en alquiler, el informe dice
que esta opción tiene la ventaja de "centrarse en la causa que subyace
tras el incremento del precio del alquiler de la vivienda: la
insuficiencia de inmuebles disponibles".
No
obstante, el estudio señala que esa política "se enfrenta a importantes
retos presupuestarios y requiere un diseño eficiente en su
implementación" que evite los riesgos de segmentación social.
El
Banco de España analiza también otras medidas, como la modificación de
la normativa que regula el alquiler para dar mayor seguridad jurídica a
los propietarios.
En
su opinión, "la evidencia internacional muestra que el grado de
protección jurídica efectiva de los propietarios está relacionada con el
desarrollo y el tamaño del mercado de alquiler".
Sobre
los incentivos fiscales, el informe apunta al riesgo de que los
subsidios se trasladen a los precios de alquiler, lo que limita el
impacto positivo en los inquilinos.
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