Quizás la Europa política no será la palanca para las justas
reivindicaciones de Catalunya pero la justicia europea sí que está
siendo la pértiga para tumbar a la justicia española. Lo vemos una y
otra vez y este viernes hemos tenido la oportunidad de asistir a un
ejemplo palmario de ello.
El pasado miércoles, la Junta
Electoral Central, en un gesto de autarquía que rozaba el desprecio al
Tribunal de Justicia de la Unión Europea, citó a Clara Ponsatí en Madrid
para recoger el acta de eurodiputada y prometer o jurar la
Constitución. Obviamente ni tenía por qué ir, ni iba a ir.
Pero la JEC
hizo caso omiso de lo que había dictado la justicia europea y quería
demostrar así que nadie le enmendaba sus decisiones, sin importarle lo
más mínimo si hacía o no el ridículo.
Cuarenta y ocho horas después, el Parlamento Europeo ha anunciado los
nuevos eurodiputados después de la salida de los parlamentarios del
Reino Unido por el Brexit y la consellera d'Ensenyament del president Carles Puigdemont figuraba
en la lista junto al resto de nuevos miembros de la Eurocámara.
Lo más
sorprendente es que nadie desde Madrid salió alzando su voz en contra de
la decisión de la JEC y aunque solo fuera para defender que había que
hacer caso a la justicia europea, gustara más o menos lo que dijera. No
hubo editoriales de la prensa de papel, no hubo pronunciamientos
contundentes del gobierno español para impedir el atropello de la JEC.
Hubo silencio cuando no un apoyo manifiesto.
La otra cara de la moneda la ha sufrido el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que había pedido un permiso de tres días una
vez ya ha cumplido la parte correspondiente de la sentencia y dispone
del segundo grado penitenciario. Cuixart contaba con el informe
favorable de la Junta de Tratamiento de la prisión de Lledoners pero el
fiscal señala en su informe que el permiso es injustificado por "la
falta de asunción de los hechos delictivos y ausencia de
arrepentimiento".
No hay discusión alguna respecto al "Ho tornarem a fer" que
ha venido manifestando Cuixart y bajo cuyo alegato ante el Tribunal
Supremo incluso ha hecho un libro con este título. Pero sería del todo
absurdo esperar lo contrario de quien no ha cometido un delito aunque
haya sido acusado de tal. Pero, como también recoge el fiscal, el
objetivo del permiso es la preparación para la vida en libertad y no
debería haber duda sobre el particular.
Quizás no es aún el momento de
recordar que el presidente Pedro Sánchez dijo que la nueva fiscal
general del Estado dependía de él, como aquel que da a entender que las
cosas serían diferentes. ¡Que se lo digan a Cuixart!
He oído estas últimas horas opiniones respetables asegurando que la
decisión de la fiscalía está bien fundamentada. No voy a discutir de
derecho con profesionales y tan solo decir que, de la misma manera, he
oído opiniones claramente situadas en las antípodas.
Pero uno siempre
tiene todo el derecho a pensar que cuando lleguen a Europa todas estas
interpretaciones para unos y vulneraciones para otros quizás será tarde
pero el resultado acabará siendo muy diferente. La experiencia de lo que
hemos ido viendo lo pone delante de nuestros ojos de una manera
palmaria cada día. Por eso, Ponsatí y Cuixart reciben tratos diferentes.
Y es que España no es Europa.
(*) Periodista y director de El Nacional
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