El PSOE ha forzado las maquinas para lograr el 7 de enero de 2020 la
jura de Pedro Sanchez como Presidente del Gobierno. El argumentario muy
simple: la estabilidad después de ocho meses con gobierno en funciones.
El método, la agenda de concesiones a los nacionalistas del PNV y a los
secesionistas de ERC. La contradicción también muy simple: la
descripción de la realidad confirma que la incertidumbre y la
inestabilidad que se proyectan sobre la política y la economía se ha
incrementado exponencialmente.
Hasta en Cataluña se ha extendido una cierta desestabilización del
bloque independentista. Junts per Catalunya, Torra llama a capítulo a
ERC, Pere Aragonés, afeándole el pacto con el PSOE, clandestino ,
entreguista y no compartido con su socio en la Generalitat.
El debate se ha abierto en Cataluña, con la CUP, CDR y la ANC
desmarcados de ERC al que acusan en primer término de no haber dado
prioridad a la salida de la cárcel de los políticos presos y seguidamente, a los nacionalistas del PNV
y a los secesionistas de devaluar con el pacto la
internacionalización del conflicto. Precisamente en un momento en el
que Puigdemont va a tener una plataforma política en el Parlamento
europeo tras la sentencia del TJUE.
En todo caso, la abstención activa de ERC está confirmada al 90 por
ciento y sería una sorpresa que denunciasen las bases el acuerdo con el
PSOE, entre otras razones porque está en la mirilla del acuerdo
alcanzar la presidencia de la Generalitat desalojando a Torra que, por
la vía de su inhabilitación o de unas nuevas elecciones autonómicas,
tiene su días contados en la plaza de Sant Jaume.
La ruptura y la batalla entre los independentistas va a ser cruenta.
El mar de fondo de recelos, traiciones y venganzas entre las distintas
familias secesionistas que se presentan como un frente unido ante la
opinión pública no catalana debe ser extenso. La dureza de la cárcel y
la convicción de que algunos, como Puigdemont , se ha ido de rositas
mientras que Oriol Junqueras pagaba el pato, provoca odios africanos
entre los más próximos.
Si en la política ya hay aguas revueltas y solo es el principio en el
avispero independentista, en lo económico el pacto de Pedro Sanchez y
Pablo Iglesias ha generado incertidumbre e inestabilidad en los agentes y
en las empresas de mayor volumen y en los demás Gobiernos autonómicos,
incluidos también los que tienen Gobierno socialista.
Los pronunciamientos de Feijoo, Lamban y García Page no dejan sombra
de duda. Todo lo que se le de a algunos, Cataluña y Euskadi se le
restará a los otros y significativamente a las Comunidades con un PIB
por habitante más bajo. Galicia, Aragón, Castilla La Mancha,
Extremadura, Canarias.
La ruptura de la unidad nacional y la voladura del pacto
constitucional de 1978 tiene un primer efecto ineludible. La
autodeterminación lleva consigo la caja de los impuestos y de la
seguridad social y, por tanto, un efecto aritmético: lo que de mas se
lleven los ciudadanos de unos territorios, de menos percibirán en
inversiones y servicios los ciudadanos de otras Comunidades.
Si además se reproducen debates como el de la Autonomía de León
versus Valladolid y se intensifican los movimientos nacionalistas en
Valencia y Baleares, el panorama de España, como Nación Estado que
mediante la transición se incorporó a Europa y superaba el trauma
histórico y el aislacionismo que sufrió en el siglo XX, se agrieta
irremediablemente.
En un escenario político disolvente, demagógico, mediocre y
decepcionante ¿qué razón van a tener inversores internacionales que se
mueven en un mundo global para traer su dinero a España?
La estabilidad jurídica y regulatoria es una condición necesaria y
previa en las inversiones internacionales y en la formación de precios
en el modelo de globalización. ¿Qué estimulo tiene traer a España los
ahorros de trabajadores y pensionistas europeos cuando se presenta un
acuerdo en el que se incluyen a sectores como Bancos, eléctricas,
propietarios de viviendas, y ejecutivos y profesionales cualificados
como enemigos números uno del futuro Gobierno?
Frente a liberalización económica, intervencionismo. Frente a la
unidad territorial cono Estado Nación, autodeterminación. Y frente a la
seguridad jurídica e igualdad de los ciudadanos, desigualdad,
discrecionalidad y desviación del poder público.
En definitiva, un modelo de Gobierno que rompe la Constitución y
entierra la transición al albur de una investidura que solo conjuga el
yo del investido.
(*) Abogado y Registrador de la Propiedad
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