MADRID.-La uniprovincial Murcia es la cuarta región española con más desahucios por ejecuciones hipotecarias en
el tercer trimestre de este año, 222, cifra solo superada en las
pluriprovinciales y mucho más pobladas Andalucía, con 560, el 22,16 %
del total: la Comunidad Valenciana, con 486, y Cataluña, con 428.
Según el "Informe sobre el efecto de la crisis en los órganos judiciales" publicado este miércoles por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ),
el número de demandas por despido en los juzgados de lo social de esa
comunidad aumentó interanualmente un 16,3 % al pasar de 718 a 835, una
décima por encima de la media nacional.
Los
desahucios practicados en España se situaron en su cota más baja tras
caer un 11,9 % interanual, que aún así advierte de la incidencia de los
procedimientos por impago del alquiler.
Aunque los vinculados a la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU)
bajaron por segundo trimestre consecutivo tras dos años de continuos
incrementos para situarse en 6.936 (un 7,7 % menos), continúan siendo el
tipo de desahucio más frecuente y supone un 68 % del total, que entre
julio y septiembre alcanzó los 10.177.
El CGPJ también se hace eco del repunte experimentado por las demandas por despido, que subieron un 16,2 % respecto al mismo periodo de 2018, y que crecieron en todas las regiones salvo en Baleares.
Una tendencia similar han seguido los concursos de acreedores (o
antigua suspensión de pagos) presentados por empresas, que en el tercer
trimestre aumentaron un 28,9 % hasta los 1.576, con Cataluña al frente
tras registrar un 30,8 % del total; en el caso de las personas físicas,
el número de concursos se incrementó un 56,5 %.
Con
todo, la estadística elaborada por el órgano de los jueces pone de
relieve que el número de desahucios practicados entre julio y septiembre
supone el nuevo mínimo trimestral de la serie histórica, que se remonta
a 2013, lo que hace prever que el año 2019 se cerrara muy lejos del
techo de 2014, cuando se alcanzaron los 68.091.
Un
acumulado al que permanecerán atentos desde el sector, ya que será el
primero bajo el prisma de la actual ley hipotecaria, que tras su entrada
en vigor el pasado junio ha provocado que los bancos sólo puedan
comenzar el procedimiento de desahucio si hay doce cuotas impagadas o el
3 % del capital de la hipoteca en la primera mitad de la vida del
préstamo, o bien 15 cuotas o el 7 % en la segunda mitad del mismo.
A
tenor del documento del CGPJ, el último retroceso de los lanzamientos
obedece al desplome sufrido por aquellos que son consecuencia de
ejecuciones o embargos, que han bajado un 25,8 % hasta los 2.526, en
tanto que el número de procedimientos solicitados en dicho periodo fue
de 12.715, un 5,4 % menos.
Con
todo, el hecho de que sea solicitado a los servicios comunes de
notificaciones y embargos no supone que éste ya haya sido ejecutado.
Por
comunidades autónomas, Cataluña, con 2.239 (el 22 % del total nacional)
concentró el mayor volumen de desahucios ejecutados durante el
trimestre, seguida de Andalucía, con 1.754; Comunidad Valenciana, con
1.440; y Madrid, con 1.147.
Estos cuatro territorios acumularon el 64,7 % del total de lanzamientos practicados en España en el tercer trimestre de 2019.
Atendiendo
únicamente a los producidos a consecuencia de la LAU, esto es,
vinculados al alquiler, volvió a encabezar la clasificación Cataluña,
con 1.539, el 22,18 % del total, seguida de Andalucía, con 1.046;
Madrid, con 941; y la Comunidad Valenciana, con 881.
El
informe destaca igualmente la evolución a la baja de las ejecuciones
hipotecarias o embargos de una propiedad para su venta tras el impago de
un crédito, presentadas en este mismo periodo, cuando se redujeron un
45,1 % hasta las 3.470, frente a las 6.315 del tercer trimestre de 2018.
Como
sucediera con los desahucios, es precisamente Cataluña, con 973, casi
un tercio del total nacional, la comunidad autónoma más afectada por los
embargos, junto a Andalucía, con 580; Comunidad Valenciana, con 513;
Madrid, con 255; y Murcia, con 172.
Desde
el pasado año, el informe recoge asimismo la estadística de juicios
verbales por ocupación ilegal de viviendas en los casos en los que los
propietarios sean personas físicas, entidades sin ánimo de lucro, o
entidades públicas poseedoras de vivienda social.
Entre
julio y septiembre de 2019 han ingresado 982 asuntos y se han resuelto
634; el mayor número de demandas, el 24,3 % del total, se ha dado
nuevamente en Cataluña, seguida de Andalucía (150), Comunidad Valenciana
(141), y Madrid (111).
Por su
parte, en materia social, los juzgados registraron 28.752 reclamaciones
de cantidad en el tercer trimestre, un 3,6 % más en comparación con el
mismo periodo del 2018.
Sin
embargo, disminuyeron un 16,3 % el número de incidentes laborales y
expedientes de regulación de empleo (ERE), con 87 procedimientos frente a
los 104 de un año antes.
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