La derecha política y mediática dice estar escandalizada
ante la inminente formación de un Gobierno que al parecer se va a
arrodillar ante los independentistas catalanes. Da la sensación de que
esta actitud no es más que una sobrerrepresentación, que esconde
simplemente su deseo de lastrar la puesta en marcha de un Gobierno
progresista.
Ha llegado el momento de que este interrogante se resuelva y
sepamos con certeza qué preocupa más al PP y a Ciudadanos, si preservar
la unidad de España o perjudicar hasta donde sea posible a la mayoría
progresista que salió de las urnas el 10 de noviembre.
Pedro
Sánchez se encuentra por fin con Pablo Casado e Inés Arrimadas. El
líder socialista está convencido de la inutilidad de pedirles
colaboración alguna para sacar adelante el Gobierno de coalición
progresista con Unidas Podemos. En persona, no ha habido reuniones entre
ellos, aunque no han parado de discrepar a través de los medios de
comunicación desde la misma noche electoral. Ahora toca tomar
decisiones, que cada uno se retrate y fije su posición. Lo que opten por
hacer marcará su discurso el resto de la legislatura.
PP y Ciudadanos insisten día tras día en que no se les
puede pedir que ayuden al desbloqueo político, si Pedro Sánchez quiere
gobernar "con aquellos que pretender destruir España". Con esta idea,
tan dramática como genérica, agrupan a todos aquellos que parecen
dispuestos a colaborar en el gobierno, empezando por UP y acabando con
los partidos independentistas. En esta descalificación global, han
llegado a incluir a partidos como Compromís o Teruel Existe, a los que
acusan de compartir una idea de España desestructurada y desunida.
La
clave de la desavenencia se centra sin duda en la negociación abierta
con ERC. El PSOE puede llegar a sumar hasta 169 votos a favor junto a
los partidos que ya han manifestado su voluntad de apoyar. Necesitaría
13 abstenciones para garantizarse que los votos en contra nunca
superarán la cifra de 168. Casualmente, son 13 los diputados con los que
cuenta en el parlamento el partido dirigido por Oriol Junqueras,
condenado a prisión tras el juicio del procés.
La negociación entre PSOE
y ERC parece ir por buen camino, aunque con un elevado riesgo de
fracaso final. En cualquier caso, despierta una enorme desconfianza
entre los líderes de la derecha. En ese colectivo cabe incluir a algunos
barones del PSOE, como Page y Lambán, que defienden sus principios ideológicos con un peculiar y desconcertante concepto de la lealtad y de la vaselina.
El
argumento contra la negociación tiene una parte razonable. El PSOE, en
el actual panorama, necesita las 13 abstenciones de ERC para poder
gobernar España. Por lo que dicen los propios dirigentes republicanos,
sus exigencias a cambio de facilitar el Gobierno de Sánchez tienen que
ver primordialmente con el conflicto en Cataluña. Preocupa que los
socialistas acepten medidas que no apoyarían si ERC no tuviera la
posición de fuerza que le concede la actual aritmética parlamentaria.
El
propio Pedro Sánchez ha reiterado que, si se llega a un acuerdo, todo
se hará dentro del marco legal y sin acuerdos ocultos que sean difíciles
de explicar. Sin embargo, la derecha política y mediática ha pasado de
la desconfianza a la convicción absoluta de que esos pactos
inconfesables y casi demoníacos ya están encima de la mesa.
El
discurso de la derecha va creciendo en intensidad y extiende entre los
ciudadanos una angustiosa sensación de tragedia ante el inmediato
futuro. El círculo vicioso no tiene salida. Por un lado, se niega el
voto favorable o la abstención a Sánchez e Iglesias y se les deja como
única alternativa posible el acuerdo con el resto de los partidos. Por
otro lado, si se hace efectivo ese acuerdo, se confirma, según su
juicio, la voluntad de Sánchez de llevar a España a su destrucción como
nación.
De antemano, el PP ha declarado que no piensa abstenerse de la
misma forma que el PSOE lo hizo en 2016. Ciudadanos insiste en no votar a
favor del nuevo Gobierno progresista. Es decir, bloqueo garantizado.
Lo
más sorprendente de todo es el desinterés absoluto que demuestran PP y
Ciudadanos en salvar a España de su supuesta demolición. Si realmente
ese peligro existe, derivado de la negociación con ERC, bastaría con que
Pablo Casado e Inés Arrimadas acordaran ceder 13 abstenciones para que
la presión de ERC desapareciera de golpe. Si de los 99 diputados que
ambas formaciones suman se anunciara la abstención de 13 de ellos, todo
cambiaría de golpe.
Es más, todo se solucionaría instantáneamente:
1/
Con esta simbólica decisión quedaría clara su postura contraria a
apoyar un Gobierno de "aquellos que quieren destruir España".
2/
Se daría la vuelta a las negociaciones entre PSOE y ERC. A partir de
ese anuncio, solo se hablaría en las reuniones de cómo buscar soluciones
de consenso al problema catalán, sin mezclarlo con la urgencia de
resolver el Gobierno de Madrid.
3/ Finalmente,
quedaría claro, por encima de cualquier duda, que la prioridad de PP y
Ciudadanos es la de salvar a España de cualquier amenaza de desunión por
encima de otros intereses.
Si no lo hacen, quedaría más que probado que
todo lo que puedan decir no son más que excusas para revelar su
auténtico único objetivo: hacer la vida imposible a un Gobierno
progresista.
(*) Periodista. Catedrático de Comunicación en la Universidad Rey Juan Carlos. Especialista en Comunicación Política.
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