La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género fue votada el día 7 de octubre de 2004, durante la VIII Legislatura de nuestra Democracia Constitucional, presidida por el Gobierno socialista de Zapatero, y aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados. Tanto el Presidente, como el ministro de Justicia que la impulsó, como 224 de los 350 diputados electos (el 64 %) eran varones, frente a un 36 % de mujeres.
Era evidente que no estaban votando de una forma consciente y razonada, ya que estaban tirando piedras contra su propio tejado de una forma aparentemente absurda, reconociéndose a sí mismos como seres malvados por naturaleza y agresivos contra la mujer. Así lo dejó bien claro el humillante episodio de aquel ministro de Justicia, López Aguilar, que ni siquiera cuando tuvo que ser sacado de su propia trampa por la puerta de atrás, acusado absurdamente de maltrato por su ex, fue capaz de bajarse del burro.
Desde su implantación, una enorme cantidad de personas que han sido víctimas de las graves injusticias que se han producido por su causa, sus familiares y los activistas sensibilizados por este problema, eran silenciados por todos los grandes medios de comunicación y acusados de “machistas” cuando la denunciaban desde las redes sociales.
Era evidente que no estaban votando de una forma consciente y razonada, ya que estaban tirando piedras contra su propio tejado de una forma aparentemente absurda, reconociéndose a sí mismos como seres malvados por naturaleza y agresivos contra la mujer. Así lo dejó bien claro el humillante episodio de aquel ministro de Justicia, López Aguilar, que ni siquiera cuando tuvo que ser sacado de su propia trampa por la puerta de atrás, acusado absurdamente de maltrato por su ex, fue capaz de bajarse del burro.
Desde su implantación, una enorme cantidad de personas que han sido víctimas de las graves injusticias que se han producido por su causa, sus familiares y los activistas sensibilizados por este problema, eran silenciados por todos los grandes medios de comunicación y acusados de “machistas” cuando la denunciaban desde las redes sociales.
Nuestros “Grandes Medios”, representantes de nuestra “Prensa Libre y Democrática”, que sobreviven gracias a las subvenciones y la publicidad corporativa de un “Estado Feminista” que les retiraría el pan ante la menor disidencia. Pero hoy, por fin, las críticas a esta Ley y sus posteriores desarrollos y reformas están encontrando voces capaces de hacerse escuchar ante la opinión pública.
Las protestas, en su mayoría, lejos de ser extremistas o radicales, siempre habían presentado argumentos razonados. El primero fue sobre su legitimidad, pues justificaba la vulneración de varios Derechos Fundamentales (Igualdad ante la Ley y Presunción de Inocencia) mediante Principios Jurídicos tan polémicos e inconsistentes como el de la Discriminación Positiva o la Memoria Histórica.
Las protestas, en su mayoría, lejos de ser extremistas o radicales, siempre habían presentado argumentos razonados. El primero fue sobre su legitimidad, pues justificaba la vulneración de varios Derechos Fundamentales (Igualdad ante la Ley y Presunción de Inocencia) mediante Principios Jurídicos tan polémicos e inconsistentes como el de la Discriminación Positiva o la Memoria Histórica.
En segundo lugar, sobre su necesidad, pues España siempre tuvo y sigue teniendo una de las incidencias más bajas del mundo de violencia contra la mujer, muy por debajo de países como Bélgica, Italia o Inglaterra. Después, transcurrido el tiempo, sobre sus resultados durante los más de 15 años que lleva en vigor, encontramos que las tasas de violencia y asesinatos de mujeres a manos de sus parejas hombres no han descendido lo más mínimo.
Junto al fracaso de esta Ley, las voces críticas también llamaban la atención sobre el enorme esfuerzo económico que hemos estado invirtiendo en su desarrollo, sobre el escaso o nulo control sobre ese gasto, así como sobre su continuo crecimiento a pesar de la crisis económica. Resulta extraordinariamente significativo que solo fuera posible llegar a un acuerdo entre partidos para la formación del último gobierno de Rajoy (el que terminó en Moción de Censura) tras obtener el compromiso de todos los partidos representativos para firmar el “Pacto de Estado Contra la Violencia de Género” (que traducido al Castellano no eran sino 1.000 millones de euros más a repartir)
Junto al fracaso de esta Ley, las voces críticas también llamaban la atención sobre el enorme esfuerzo económico que hemos estado invirtiendo en su desarrollo, sobre el escaso o nulo control sobre ese gasto, así como sobre su continuo crecimiento a pesar de la crisis económica. Resulta extraordinariamente significativo que solo fuera posible llegar a un acuerdo entre partidos para la formación del último gobierno de Rajoy (el que terminó en Moción de Censura) tras obtener el compromiso de todos los partidos representativos para firmar el “Pacto de Estado Contra la Violencia de Género” (que traducido al Castellano no eran sino 1.000 millones de euros más a repartir)
Por eso, esta Ley ha sido señalada por muchos como la legalización de una gigantesca fuente de “financiación paralela” de los partidos políticos, tan grande que algunos la califican como “la mayor estafa jamás cometida por una clase política a su Pueblo”.
Si además la miramos desde el lado contrario, vemos que esta Ley se ha convertido en la segunda causa de encarcelamiento en nuestro país (los auténticos “presos políticos” españoles) el motivo por el que cientos de miles de niños son privados del contacto con sus padres en los procesos de divorcio y su incuestionable relación con el alarmante incremento de suicidios de hombres en proceso de divorcio. Valga el ejemplo reciente el caso del fiscal de menores de Alicante en Valladolid.
Si además la miramos desde el lado contrario, vemos que esta Ley se ha convertido en la segunda causa de encarcelamiento en nuestro país (los auténticos “presos políticos” españoles) el motivo por el que cientos de miles de niños son privados del contacto con sus padres en los procesos de divorcio y su incuestionable relación con el alarmante incremento de suicidios de hombres en proceso de divorcio. Valga el ejemplo reciente el caso del fiscal de menores de Alicante en Valladolid.
https://okdiario.com/sociedad/encuentran-rio-pisuerga-cadaver-del-fiscal-menores-alicante-valladolid-4881603
Probablemente, la causa de la impresionante irrupción de Vox en la vida política de nuestro país se deba a la inclusión, como línea prioritaria en su programa, de la defensa de ese enorme número de personas que han sido víctimas de esta Ley, en mayor medida que a la denuncia que llevó a prisión a los líderes el separatismo catalanista. A su vez, tanto para los afectados como para todos aquellos que no querían ser anatemizados como “machistas”, es ese partido ha sido la punta de lanza que ha conseguido romper el bloqueo informativo al que les sometían los grandes medios de comunicación.
Y ahora, hasta tal punto se ha roto ese cerco de silencio que miembros tan destacados de “la Vieja Guardia” del PSOE, como Alfonso Guerra (19 de noviembre pasado, en la sede de la firma internacional de abogados Ashurst https://youtu.be/rcZO3Oq7WWw ) o Joaquín Leguina (entrevista con Susana Griso en La 4) no han tenido reparos a manifestarse públicamente revelando graves irregularidades en la votación en el Congreso y la resolución del Recurso de Constitucionalidad de esta Ley.
Probablemente, la causa de la impresionante irrupción de Vox en la vida política de nuestro país se deba a la inclusión, como línea prioritaria en su programa, de la defensa de ese enorme número de personas que han sido víctimas de esta Ley, en mayor medida que a la denuncia que llevó a prisión a los líderes el separatismo catalanista. A su vez, tanto para los afectados como para todos aquellos que no querían ser anatemizados como “machistas”, es ese partido ha sido la punta de lanza que ha conseguido romper el bloqueo informativo al que les sometían los grandes medios de comunicación.
Y ahora, hasta tal punto se ha roto ese cerco de silencio que miembros tan destacados de “la Vieja Guardia” del PSOE, como Alfonso Guerra (19 de noviembre pasado, en la sede de la firma internacional de abogados Ashurst https://youtu.be/rcZO3Oq7WWw ) o Joaquín Leguina (entrevista con Susana Griso en La 4) no han tenido reparos a manifestarse públicamente revelando graves irregularidades en la votación en el Congreso y la resolución del Recurso de Constitucionalidad de esta Ley.
Una vez analizadas, se trata de declaraciones de extraordinaria gravedad que, no solo critican esa Ley, sino que ponen en tela de juicio a nuestro sistema político como “Estado Democrático de Derecho”, pues revelan la inexistencia de la Independencia de los Poderes Legislativo y Judicial, así como la ausencia de escrúpulos de todos los partidos que han venido ocupando puestos de Poder para burlar las leyes, incluso la Constitución, con engaños pueriles.
Desconocemos la causa que les impulsa a romper esa “Disciplina de Partido” con la que defiende Leguina su actitud de antaño. Ellos representaban una Era, la del “Pelotazo” y el “Ladrillo”, en la que esa “Financiación Paralela” de los partidos era ilegal y ha terminado generando miles de causas judiciales por corrupción.
Desconocemos la causa que les impulsa a romper esa “Disciplina de Partido” con la que defiende Leguina su actitud de antaño. Ellos representaban una Era, la del “Pelotazo” y el “Ladrillo”, en la que esa “Financiación Paralela” de los partidos era ilegal y ha terminado generando miles de causas judiciales por corrupción.
Quizás lo que se les haya despertado sea el valor para hacernos la confesión del arrepentido, quizás el despecho por haber sido excluidos de este nuevo y sabroso festín, pero en ambos casos, ahora es cuando no parecen dejar ninguna duda sobre su sinceridad. Lamentablemente, eso también demuestra la imperiosa necesidad de un “Reseteo” de los cimientos de nuestra Democracia.
(*) Médico cirujano
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