Detrás de los discursos grandilocuentes contra Vox de
todas las fuerzas políticas hay una realidad mucho más cruda y que ni
PSOE, ni PP, ni Ciudadanos, están dispuestos a asumir: sean bienvenidos
los pactos para aislar a los ultraderechistas siempre y cuando no sea yo
el perjudicado.
En la constitución de la Mesa del Congreso de los Diputados hemos tenido un claro ejemplo de ello y por este resquicio se ha colado el diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro.
El PSOE ha querido asegurarse la vicepresidencia primera para su
diputado Alfonso Rodríguez Gómez de Celis -además de la presidencia para
Meritxell Batet- en vez de dejar este cargo en manos de la popular Ana
Pastor y conformarse con la vicepresidencia segunda. Si lo hubiera hecho
así, hoy Vox no estaría en la Mesa del Congreso de los Diputados.
Y uno no puede menos que comparar qué ha sucedido en otros
países cuando se han producido situaciones con alguna similitud. Por
ejemplo, cuando era aun incipiente en Francia el Frente Nacional y su presidencia la ostentaba Jean-Marie Le Pen.
Estamos hablando de 2002 y después de una primera vuelta de las
elecciones presidenciales en que los dos aspirantes que pasaron el corte
fueron Jacques Chirac y Le Pen, la izquierda francesa pidió el voto
para Chirac.
Nada obtuvieron a cambio y un apagado Chirac logró un
segundo mandato que no hizo sino aplazar nuevamente las reformas que el
país necesitaba y que hasta la fecha aún no ha realizado. El cordón sanitario contra la ultraderecha francesa funcionó y funciona desde
entonces y está fuera de cualquier debate partidista que se realice.
Eso, en España, seguramente sería impensable a la vista de que no son
capaces de ponerse de acuerdo sobre ¡la Mesa del Congreso!
Hoy, mañana y en los meses sucesivos volveremos a oír discursos sobre
el desastre que supone la presencia de Vox en las instituciones -y es
verdad- pero las palabras, al final, se las lleva el viento y lo que
queda es los que los partidos hacen, no lo que dicen. Será, en parte,
porque en España muchas cosas han perdido el rumbo correcto.
Por eso, no
es extraño que nadie se sorprenda que un fiscal como Javier Zaragoza, que ha llevado el peso del juicio del 1-O en el Tribunal Supremo, asegure a un semanario marroquí que el procés y el referéndum del 1 de octubre de 2017 han sido más perjudiciales que el golpe de Estado del 23-F con Milans del Bosch, Armada, Tejero y compañía a la cabeza.
Es ciertamente asombroso cómo pueden compararse ambos hechos desde
posiciones judiciales tan importantes y cómo puede seguirse defendiendo
algo que los tribunales europeos ya tumbaron con las euroórdenes
anteriores; cuando el Supremo descartó la rebelión y las nuevas euroórdenes con la sedición como bandera
tienen por delante un camino repleto de espinas y que muy probablemente
no acabarán aceptando ninguno de los tribunales que las estudian.
Pero
lo que importa, también en esto, es lo que se dice. No lo que se hace.
(*) Periodista y director de El Nacional
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