"Sentí vergüenza y tristeza porque no me recibió ni la dirección".
Con un aire entre compungido y ofendido, Pedro Sánchez ha explicado a
sus amigos del programa El rojo vivo de la Sexta como fue su
visita al Hospital de Sant Pau de Barcelona.
Bueno, en realidad no les
ha explicado su visita ya que, en el fondo, lo relevante no fue el papel
de la dirección del hospital que entendió que era una visita privada,
sino que de una manera improvisada el personal del centro sanitario se
congregó a su paso para gritar Llibertat presos polítics en una
secuencia que, seguramente, ni esperaba, ni olvidará.
No fueron
activistas enviados ni por el president Torra, ni por la consellera de
Salut, Alba Vergés. Fueron ciudadanos anónimos que consideran una ofensa
y una gran injusticia la sentencia del Tribunal Supremo a los líderes
independentistas. Así de sencillo es, por más que a veces el relato tal
como es no gusta de escuchar.
La sociedad catalana, una parte muy significativa y transversal, que
va más allá del independentismo, ha rechazado la sentencia del Supremo.
Lo han hecho partidos, sindicatos, ayuntamientos -no uno, ni dos sino
más del 85%, empezando por el de Barcelona- colegios profesionales,
universidades, el mundo del deporte, de la cultura, intelectuales y así
muchos sectores de la sociedad.
Eso, ni lo quiere escuchar Pedro
Sánchez, ni seguramente tiene ganas de oírlo. Es más fácil vivir en un
mundo de fantasías, en el que te piensas que el personal de un hospital
que grita Llibertat presos polítics ha sido movilizado por la Generalitat, que hacer frente a la realidad.
Y es que la tozudez catalana tiene muchas maneras de expresarse, pero
se activa siempre por el mismo motivo: cuando percibe que su dignidad
está siendo pisoteada. Este sábado, las entidades soberanistas, Òmnium y
ANC, han vuelto a convocar una nueva movilización, que pretende ser
multitudinaria, contra la sentencia del Tribunal Supremo, bajo un único
lema: Llibertat. No es por la independencia, como las del 11 de
Setembre, sino por la libertad de los presos políticos.
La semana
pasada, el viernes, ya se produjeron las denominadas Marxes per la llibertat, que
arrancaron de cinco puntos diferentes de Catalunya y confluyeron en
Barcelona. La Guàrdia Urbana las cifró en 550.000 personas, un número
que se consideró bajo por la movilización que se produjo. Pero más allá
de la cifra exacta, ya se visualizó la dimensión de la protesta
ciudadana y el enorme enojo de la ciudadanía.
Porque, al final, movilizar a cientos de miles de personas una y otra
vez, en este caso con una pequeña diferencia de ocho días, es un test
de estrés al alcance de muy pocas entidades y lógicamente solo en
situaciones de excepcionalidad, como la que vive Catalunya. Sánchez
debería ser el primero en verlo, ya que lo tiene una y otra vez delante
suyo.
Quizás si le cogiera el teléfono al president Torra, asumiera su
papel de presidente del Gobierno y no llevara únicamente el mono de
candidato, y dejara de hacer electoralismo, entendería la irritación de
la sociedad catalana. Y además rompería su desconexión con la realidad.
(*) Periodista y director de El Nacional
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