El segundo aniversario del referéndum del 1 de octubre,
que se ha celebrado este martes, ha estado marcado por la esperanza y
por la melancolía; por la reivindicación de un hito excepcional en la
historia del país y por la preocupación por la situación de los presos
y exiliados; por la represión y por las permanentes amenazas del
Gobierno, en este caso no del PP sino del PSOE, de aplicar el 155 con la
excusa que sea; por el imparable ventilador mediático para construir el
relato independentismo=terrorismo y por la puesta en
marcha de la maquinaria ciudadana que debe dar respuesta a las
sentencias del Tribunal Supremo.
A diferencia del 1-O de hace dos años,
dominado por una victoria aplastante del independentismo que consiguió
tumbar al Estado español, que había asegurado que no habría ni urnas ni
referéndum, se percibe una cierta calma tensa, sin saber muy bien cuál
será la respuesta de la ciudadanía ante el envite de la justicia
española.
En el plano estrictamente de la política catalana, dos iniciativas de
este 1-O destacan por encima de la vorágine informativa. En primer
lugar, el compromiso adquirido por el Govern en un acto solemne en el
Palau de la Generalitat de "avanzar sin excusas" para hacer realidad la República catalana.
En segundo lugar, el acuerdo del Consell per la República,
que, reunido en Bruselas, ha anunciado la convocatoria de la Assemblea
de Càrrecs Electes de Catalunya para decidir cuál tiene que ser la
respuesta a las sentencias del Supremo si el fallo es condenatorio.
Esta asamblea de concejales, alcaldes, diputados al Parlament y al
Congreso y senadores sería la encargada, según sus palabras, de decidir
el rumbo del país después de las sentencias.
Es obvio que la partida post-sentencias ha desplazado este año, en
parte, a la conmemoración del referéndum. Tanto es así que la respuesta
catalana ha tenido un deliberado perfil, consistente en actos de
protesta de tamaño medio con manifestaciones en varias ciudades de
Catalunya y concentraciones en algunos de los colegios que más
padecieron la represión de los cuerpos y fuerzas de seguridad del
Estado.
Ajeno a todo ello, el PSOE y Pedro Sánchez empiezan a mostrar descaradamente su estrategia de máxima confrontación con el independentismo y
a prodigarse en todas sus declaraciones públicas con una hipotética
aplicación del 155. Sus últimas manifestaciones señalando que ya habían
analizado que el Senado lo podría aprobar, como es preceptivo según la
Constitución, aunque la Cámara Alta española estuviera disuelta, solo
tiene el objetivo de continuar alimentando una polémica que, dada la
actuación del Govern hasta la fecha, debería ser inexistente.
Pero entre el 155 y el terrorismo con que se intenta relacionar a los
independentistas, Pedro Sánchez va haciendo y alejándose de una
solución al problema catalán. Porque, si, obviamente, la justicia no
es quien lo tiene que resolver y la política española desiste
manifiestamente de ello, ¿quién queda con autoridad para que el
conflicto no continúe enquistado?
(*) Periodista y director de El Nacional
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