El abogado penalista madrileño Gonzalo Boye se encuentra, desde hace unas horas, en el ojo de huracán informativo porque la Audiencia Nacional ha ordenado el registro de su domicilio particular y su despacho.
Desde hace dos años, no es Boye un abogado cualquiera para el Estado
español, ya que lleva la defensa, entre otros, del president en el
exilio, Carles Puigdemont, y se ha convertido en un
verdadero quebradero de cabeza, ya que sus victorias judiciales han sido
importantes y tanto la justicia belga como la alemana han dejado en
mantillas la posición de la Audiencia Nacional y del Supremo en el tema
de las euroórdenes contra los exiliados.
A ello se suma una actividad
pública muy intensa y una presencia en los medios que molesta
enormemente al deep state por su contundencia y sus
acusaciones. No vale la pena especular mucho sobre los motivos de estos
registros: cuesta no pensar que lo importante no son las razones
judiciales que se den, sino intentar mirar de agrietar su credibilidad y
cuestionar su actuación como abogado en un momento crucial de la
carpeta belga del expresident.
El momento elegido, por tanto, tampoco es inocente: falta una semana y un día para que Carles Puigdemont tenga que comparecer ante la justicia belga en el primero de los trámites de la nueva euroorden cursada por Pablo Llarena en
la que pedía su detención inmediata. El papel de Boye, como abogado
personal de Puigdemont, no es menor estos días y todo lo que sea sacarle
del carril de la defensa del president exiliado es bienvenido.
Además,
la semana pasada, el juez belga que lleva el caso ya descartó esta
posibilidad y le dejó en libertad sin fianza, solo con la obligación de
comunicar su domicilio, viajes y actividades. Muy poco para lo que el Estado español espera. Se produjo, además de una primera victoria
judicial, una situación delicada para la justicia y la policía española:
desconoció durante muchas horas que se había personado en las
dependencias judiciales de Bruselas una vez la euroorden, ya traducida a
uno de los dos idiomas oficiales, el francés y el neerlandés, o también
al inglés, había llegado a la capital comunitaria.
Aquel mismo día,
jueves, Pedro Sánchez estuvo en el Consejo de Europa a
unos cientos de metros de Puigdemont y desconociendo todo lo que estaba
pasando. Con el alba del viernes, la policía española lo supo, la
justicia al poco rato y la Moncloa más tarde. Cuando la vida política
del viernes estaba comenzando, se divulgó, y, a media mañana, Puigdemont
ya estaba en la calle haciendo declaraciones.
Las casualidades, en la vida suceden; en la política, casi nunca. De
la misma manera que había un cronograma en el Tribunal Supremo para
juzgar a los presos políticos, hay otro cronograma de
las diferentes fases de instalación del discurso de la violencia y el
terrorismo en Catalunya y de responsabilizar al Govern catalán de todo
ello. Se ha dado en denominar la plantilla vasca, ya
que muchas de las acciones del Estado son idénticas, pero lo que sucede
es que en Catalunya el movimiento independentista es de matriz
pacífica, sus dirigentes políticos también lo son y los presos políticos
juzgados y acusados, también.
Como ya se pudo comprobar en octubre de
hace dos años, la represión no tiene una única cara. Ahora, con el caso
Boye, el salto es importante aunque solo sea por su condición de
letrado. Ciertamente, pasó en el País Vasco con los abogados de ETA,
pero es que el relato del Estado en Catalunya no aguanta el más mínimo
cuestionamiento.
El frame de la represión, el orden y Franco para intentar
remontar en unas elecciones en las que el PP cada vez está más cerca y
Vox está muy lejos de hundirse. Un camino disparatado, del todo
equivocado, y quién sabe si le acaba costando a Pedro Sánchez la
victoria el 10-N. Porque en eso están pensando: en el día la victoria.
(*) Periodista y director de El Nacional
No hay comentarios:
Publicar un comentario