Casi dos años después de que el entonces president de la Generalitat Carles Puigdemont pidiera, al día siguiente de las dantescas imágenes de violencia por el referéndum del 1 de octubre, la retirada de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía
de Catalunya, una iniciativa parlamentaria llevará este jueves a
aprobación del Parlament la salida de los agentes del instituto armado
de las cuatro circunscripciones catalanas.
La propuesta de Junts per
Catalunya y Esquerra Republicana llega en un momento de fuerte
controversia política por las nueve detenciones practicadas por la
Guardia Civil el pasado lunes por los presuntos delitos de terrorismo,
rebelión y tenencia de explosivos y las acusaciones de montaje político
realizadas por los partidos independentistas.
A expensas de lo que
anuncie oficialmente la CUP -parece difícil que sus diputados no se
sumen a la propuesta- sería la primera vez que el Parlament se
pronunciara con esta contundencia y estaría sentando un precedente ya
que ninguna Cámara legislativa autonómica lo ha aprobado hasta la fecha.
El Parlamento vasco, que también lo debatió, rechazó en febrero de 2017
una retirada total del instituto armado.
Tras un día de reproches entre el Govern y el resto de fuerzas
parlamentarias, en el que fue especialmente desagradable la actuación de
la presidenta de Ciudadanos, Lorena Roldán, vinculando
los CDR con ETA y mostrando una foto del atentado de ETA contra la
Guardia Civil en Vic, prescindiendo absolutamente de la presunción de
inocencia y de que las acusaciones iniciales contra los detenidos estén
muy en entredicho, el debate de política general de
este año tampoco pasará a la historia.
Seguramente, porque lo que viene
es de tal intensidad que nadie quiere quemar cartuchos en un pleno
parlamentario que en muy pocas horas desaparecerá de la escena
mediática. En el caso de Roldán quedará para las televisiones españolas y
los medios de Madrid ese frame de la foto en sus manos del atentado de Vic,
aunque dado el cansancio que hay en Madrid de los reiterados números
televisivos de los naranjas es probable que no obtenga el rédito
mediático de años anteriores con Rivera y Arrimadas.
Después de que el Parlament reprobara al Rey y pidiera la abolición
de la monarquía en julio de 2018 -en aquel caso con los votos de JxCAT,
ERC y los comunes y la abstención de la CUP- y que el Tribunal
Constitucional echara atrás la resolución, esta propuesta sobre la
retirada de la Guardia Civil es quizás la de más enjundia institucional
que se ha planteado la Cámara catalana.
No por su resultado, que el
ministro Fernando Grande-Marlaska ni se detendrá a
estudiar, sino por el envite institucional que supone a toda una
estructura de Estado que tiene en Catalunya más de 3.500 efectivos,
según datos recientes que ha facilitado el ministro del Interior en
funciones. Una cifra que el Ministerio quiere ampliar en 750 agentes
antidisturbios de refuerzo en vísperas del aniversario del 1-O.
A nadie se le escapa que este incremento de agentes en Catalunya no
tiene nada que ver con la seguridad ciudadana, ya que los Mossos, a
quienes corresponde la competencia, no han realizado una petición al
respecto y tienen efectivos más que de sobras. Estamos, por tanto,
hablando de una decisión política y preventiva por parte del gobierno
español que ha situado también la tríada
independentismo-violencia-terrorismo en un mismo plano de debate.
Y que,
incluso, y en boca del presidente Sánchez, ha instado en estas últimas
horas al president Torra a que condene el potencial uso de la violencia
por parte de los CDR para desvanecer dudas, dice. ¿Dudas de qué?, puede
preguntarse uno. ¡Como si el independentismo catalán no hubiera
sido contundente y claro históricamente en su rechazo de la violencia!
Hemos evitado un atentado
De toda la catarata de declaraciones que se han producido desde la
aparatosa detención de nueve activistas independentistas acusados de
terrorismo, rebelión y tenencia de explosivos, ninguna de ellas alcanza
el nivel de las palabras pronunciadas por el ministro de Fomento y
secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.
El número tres del PSOE y uno de los pocos políticos con línea directa con el presidente Sánchez
se ha mostrado muy satisfecho por la operación y con el hecho de que se
haya evitado un atentado, según él. Nada de eso está ni mucho menos
probado y el paso de las horas lo que hace es desvanecer el falso
relato.
Pero para Ábalos lo importante es mantener el frame de la campaña del 10-N:
independentismo y terrorismo van de la mano. Y mantenerse así en el
terreno de la frivolidad por un puñado de votos y por hacerse perdonar
en España la moción de censura ganada a Rajoy con el concurso del
independentismo.
La peligrosa espiral en que ha entrado la vida política española con
la criminalización del independentismo es una muy mala noticia ya que
es, sobre todo, un signo de desesperación.
El deep state parece
estar preparándose para una respuesta contundente a la reacción que
pueda haber a las sentencias del Tribunal Supremo y que se conocerán en
unas dos semanas. Sino no se entiende que se hayan incorporado con tanta
facilidad acusaciones de terrorismo y de rebelión que son enormemente
graves y no se haya aportado ninguna prueba.
No suele ser habitual que una organización judicial –en este caso
Jueces para la Democracia– haya cuestionado con tanta celeridad el
escrito de la Fiscalía sobre la operación contra los CDR.
Ni que la haya enmendado al encontrar “demasiados adjetivos” cuando se
está “en el terreno de las sospechas”.
Es un toque de atención cuando la
política española ha puesto la directa para desacreditar al
independentismo, el gobierno español busca maniatar a sus representantes
políticos y se habla incluso de ilegalización de partidos, las fuerzas
de seguridad han dado un paso adelante en la represión y la justicia
tiene aún por delante suficientes sumarios para que se mantenga viva la
tensión.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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