Si descartamos, como en
este momento puede darse por descartado, que Ciudadanos esté dispuesto a
algún tipo de colaboración con el PSOE, al menos mientras Pedro Sánchez
sea su Secretario General y candidato a la presidencia del Gobierno,
los 35 escaños de Podemos más los siete de En Comú-Podem no son
suficientes para la investidura en primera votación de Pedro Sánchez,
aunque sí podrían serlo en una segunda, pero son, en todo caso,
imprescindibles para la investidura y, lo que no es menos importante,
para gobernar durante los cuatro años de la legislatura.
Además
de tener una mayoría de investidura, para poder gobernar Pedro Sánchez
necesita tener una barrera infranqueable frente a las tres derechas, que
va a hacer lo posible y lo imposible para bloquear la acción de
gobierno. Y para la construcción de esa barrera los escaños de Podemos y
En Comú-Podem son imprescindibles. Una vez pasada la investidura, los
165 escaños de la izquierda frente a los 147 de las tres derechas
permite poner en marcha con cierta estabilidad un programa de gobierno.
En principio, para dar mayor consistencia a esa barrera
imprescindible para gobernar, sería razonable la formación de un
Gobierno de coalición, en el que hubiera ministros de Podemos. No es el
mismo el grado de compromiso que se adquiere estando dentro del
Gobierno, que no estando. En mi opinión, si la presencia de ministros de
Podemos no fuera un obstáculo para alcanzar la mayoría de investidura,
la mejor opción sería contar con ellos.
El hecho, además, de que se
diera cabida por primera vez desde la entrada en vigor de la
Constitución a representantes de la izquierda no socialista en el
Gobierno de la Nación sería muy positivo. Ha habido Gobiernos de
coalición en Comunidades Autónomas y municipios, pero no en el Gobierno
de España. Que la izquierda española fuera la protagonista del primer
Gobierno de coalición de la democracia española, es un dato que no
debería ser infravalorado.
Ahora bien, para alcanzar
la investidura primero y poder gobernar después, dado el cordón
sanitario de Ciudadanos al PSOE, es necesaria la participación activa o
pasiva de los partidos de ámbito no estatal. Estos partidos suman 38 de
los 350 escaños. Pero de esos 38, 22 pertenecen al nacionalismo catalán
y 10 al nacionalismo vasco (6 al PNV y 4 a EH Bildu). 2 corresponden a
NA, 2 a CC, 1 a Compromís y 1 al partido regionalista cántabro. Estos
últimos son prácticamente irrelevantes. Los primeros son determinantes.
La
historia se repite. El nacionalismo catalán y el nacionalismo vasco son
imprescindibles para que España pueda autogobernarse democráticamente.
Ni la derecha ni la izquierda españolas pueden garantizar establemente
la gobernabilidad del país. Necesitan recurrentemente el arbitraje de
los nacionalismos catalán y vasco. De ellos va a depender que haya
Gobierno en la primera votación de investidura o que sea necesaria una
segunda votación, en la que se alcance la mayoría absoluta o la simple
mayoría relativa. O que no haya investidura y se tengan que repetir las
elecciones.
En esta ocasión es, además, muy relevante
su opinión acerca de si el Gobierno de la Nación debe ser un Gobierno
monocolor socialista o debe, por el contrario, ser un Gobierno de
coalición con ministros de Podemos. El nacionalismo catalán y vasco
pueden condicionar la decisión tanto de Pedro Sánchez como de Pablo
Iglesias, inclinando la balanza en la dirección que ellos consideren más
oportuna. Su opinión puede acabar siendo determinante. Puede
contribuir, además, a que la decisión que se tome resulte pacífica.
Una
campaña electoral que se abrió con la amenaza del 155 por parte de las
tres derechas, ha acabado con una de las posiciones más sólidas de los
partidos nacionalistas catalanes y vascos desde la entrada en vigor de
la Constitución no solamente en Catalunya y País Vasco, sino en el
conjunto del Estado.
Los partidos nacionalistas catalanes y vascos han
sumado casi el 10% de los escaños en el Congreso de los Diputados, algo
que no habían conseguido en ninguna de las doce legislaturas anteriores.
Y habiéndose aplicado el 155, habiendo sido inhabilitados varios
dirigentes, entre ellos el ex-President Artur Mas, estando en el exilio
algunos otros y en prisión varios más.
Queda por ver
el impacto de la sentencia del Tribunal Supremo. Pero, ¿hay todavía
alguien que tenga la menor duda de que habrá que volver a la política?
(*) Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla
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