Si Groucho Marx hizo de su enunciado "Damas y caballeros, estos son mis principios. Si no les gustan... tengo otros" su frase más icónica, este jueves los magistrados rebeldes del Tribunal Constitucional que discreparon de la sentencia del Alto tribunal en el castigo al preso político Jordi Sànchez
han dicho algo similar: "Damas y caballeros, estas son mis sentencias.
Si no les gustan... tengo otras".
Pues no cabe entender otra cosa del
torpe movimiento -seguramente imprescindible, a la vista del ridículo
que les comporta- de corrección de sus valoraciones. Dicho en plata,
han retirado uno de los fundamentos del voto particular alegando que no
respondía a su voluntad, ni a lo que fue objeto de la deliberación del
pleno y que ellos firmaron erróneamente. Han tardado varios días en
darse cuenta de su supuesto error, los mismos que han tenido que
soportar una severa crítica en Madrid por la posición que habían
adoptado.
Aunque no es una cuestión nuclear en las muchas resoluciones que ha
tenido que adoptar el TC a raíz del proceso catalán, sí que tiene
importancia, ya que afecta a derechos fundamentales. En síntesis, los
magistrados del voto particular venían a reprochar a la mayoría del TC
que desestimara la demanda de Jordi Sànchez respecto a la sanción de un
mes que se le puso al inicio de su prisión por un tema de forma, que lo
había presentado fuera de tiempo, y que no abordara el fondo de la
misma.
Causó sorpresa el voto particular de los magistrados Fernando Valdés, Juan Antonio Xiol y María Luisa Balaguer,
porque se había quebrado la unidad que mantienen los miembros del TC en
cualquier tema que afecte a los presos independentistas. También, por
el hecho de que Valdés era el ponente del recurso y Xiol es uno de los
candidatos que más suena para ser el nuevo presidente del
Constitucional.
Ahora, la corrección es tan peregrina que deja en mantillas al TC y
sirve lógicamente de visualización de las fuerzas político-judiciales
por blindar al máximo cualquier discrepancia. También da alguna pista de
lo que se debe estar fraguando a unos cientos de metros, en el Tribunal Supremo,
con la sentencia que se emitirá después del 11 de septiembre,
seguramente en octubre, sobre los presos políticos catalanes.
El
gobierno de Pedro Sánchez, cerrado a cualquier diálogo con los
independentistas que pueda enturbiar su arranque de legislatura y,
quién sabe, incluso dispuesto a un acuerdo con Ciudadanos si Pablo Iglesias se pone muy pesado; la Moncloa actuando como alfil imprescindible para que Colau continúe al frente del ayuntamiento
de Barcelona y, en tercer lugar, una posición dura con los dos caballos
del Estado en el juicio, la Fiscalía y la Abogacía del Estado. El deep state ha sacado toda su artillería.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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