MADRID.-La Unidad Central Operativa (UCO),
el órgano central del servicio de Policía Judicial de la Guardia
Civil de España, encargado de la investigación y persecución de las más
graves formas de delincuencia y crimen organizado, ya sea nacional o
internacional, sigue trabajando en la compleja red financiera que
controlaba las comisiones presuntamente ilegales del expresidente de la Generalidad Valenciana y exministro del PP, Eduardo Zaplana, según refleja Diario16.
Según publica el periódico ‘Las Provincias’, las investigaciones de la trama valenciana sirvió para mover las supuestas comisiones por los parques eólicos, la privatización de las ITV y la construcción del parque de Terra Mítica a Andorra.
La UCO cifró en 10.521.351 euros el montante total de los presuntos sobornos investigados en la ‘Operación Erial’, la causa en la que se investiga al expresidente valenciano y exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, en marzo de 2019, cuando se levantó parcialmente el secreto del sumario.
Se calcula que el grupo Sedesa, vinculado a la familia Cotino, habría obtenido ingresos por más de 86,5 millones de euros con ocasión de la venta de activos de las ITV y el Plan Eólico Valenciano tras su adjudicación.
La magistrada María Isabel Rodríguez Guerola, hizo
una excepción de la parte relativa a las cuentas que atribuye en el
extranjero al expresidente de la Generalitat y a dos presuntos
testaferros –Joaquín Barceló, exdirectivo de Terra Mítica y exalto cargo en la época de Zaplana, y Francisco Grau, exsecretario del consejo de administración de la CAM- que en su momento se mantuvieron con secreto del sumario.
Estas cuentas son las que desvela la información publicada este
diario y que se radicaron en Andorra. Una parte 6.330.00 euros fueron a dos cuentas en Suiza.
En el informe de la UCO y del fiscal anticorrupción al juzgado se especifica que parte de los sobornos por las adjudicaciones amañadas del Plan Eólico Valenciano y de las ITV a Sedesa habrían ido a parar a dos sociedades de Luxemburgo por compraventa de participaciones de sociedades españolas.
Son 6,4 millones de euros a Imison Internacional, –una offshore administrada por Beatriz García Paesa- y 2,18 a Fenix Investiments, -sociedad propiedad de Juan Francisco García, exjefe de gabinete de Zaplana y que fue presidente de la mesa de contratación de la adjudicación de las ITV-.
Una parte del dinero llegó a las cuentas de Joaquín Barceló en
Andorra. La UCO habló de un método “que se conoce como blanqueo por
compensación”, una modalidad para mover dinero entre países sin que el
efectivo realmente viajara.
Los imputados contaron con la colaboración o complicidad de la Banca Privada Andorrana.
Otra parte es el pago de servicios supuestamente prestados abonando entre 2003 y 2011 un total de 1.355.351 euros a la sociedad Dobles Figuras Consultores y 580.000 euros a Imarol SL, sociedad ligada al expresidente de la Generalitat y expresidente de Bancaja.
Olivas como Vicente Cotino fueron condenados a prisión por estos pagos, al
considerarse que esa factura intentaba documentar una supuesta labor de
asesoramiento en la venta por Sedesa a Endesa de su 25% en Proyectos
Eólicos.
Los investigadores de la UCO han confirmado que parte de ese dinero
“retornó a España de forma oculta y velada con la creación de un
entramado societario a través de las sociedades Costera del Glorio, Medlevante, Gesdesarrollos Integrales y Turnos Sylvatica”, señala el informe.
En mayo del año 2018, se había acreditado que de los 6,4 millones de
Imison Internacional, habían retornado al país 2,9 y quedaban por
acreditar el destino de otros 3,5 millones. La UCO apunta a la posibilidad de que este capital hubiera sido transferido de Luxemburgo a dos sociedades de Uruguay.
Según el diario de Valencia, “un miembro de la red de Zaplana se
reúne con una persona, habitualmente un empresario, que tiene cuenta en
Andorra y a quien le urge disponer de dinero en efectivo”.
“El integrante de la trama del expresidente le da el efectivo y el
industrial se marcha con el dinero”. Durante la entrega es testigo un
empleado del banco andorrano.
A continuación, el testaferro “realiza una transferencia desde la cuenta del empresario” en Andorra, al depósito del blanqueador.
El empresario “logra tener dinero en España sin el riesgo de cruzar la frontera”.
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