BARCELONA.- El decreto ley aprobado este martes por el Govern para limitar el precio
del alquiler fija que, en zonas declaradas como áreas con mercado de
vivienda tenso, las mensualidades solo podrán superar un 10% del índice
de referencia de precios de alquiler.
El decreto ley de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda, prevé que, en el caso de las viviendas nuevas o rehabilitadas, este porcentaje se eleve al 20% durante los cinco años posteriores a las obras, y que, para pisos con vistas excepcionales, piscina o jardín, se pueda añadir un 5% adicional al precio.
Lo han explicado este martes en la rueda de prensa posterior al Consell Executiu, la consellera de Justicia, Ester Capella, y el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Damià Calvet, acompañados por la portavoz del Govern, Meritxell Budó.
En el caso de las viviendas que ya estén alquiladas previamente a la declaración de área con mercado de vivienda tenso, el propietario puede continuar arrendado al precio anterior,
y también se contempla que se puedan excluir de la limitación las
viviendas con una superficie útil superior a los 150 metros cuadrados.
El objeto de la norma es regular la contención de rentas en contratos de arrendamiento de vivienda que sean residencia permanente del arrendatario, que se sitúe en las áreas declaradas con mercado de vivienda tenso y que no sea de protección oficial.
El decreto considera áreas de mercado de vivienda tenso
los municipios o partes de municipios donde está en riesgo proveer la
suficiente vivienda de alquiler a la población en condiciones “que lo
hagan asequible”.
Las características para declararla son: que el
precio del alquiler de vivienda experimente un crecimiento sostenido
claramente superior al de la media de Catalunya; que la carga media del
alquiler en el presupuesto familiar supere claramente a la catalana; que
el aumento de la densidad demográfica no se corresponda con el aumento
del parque de vivienda; que haya poca vivienda vacante en situaciones de
fuerte incremento de la demanda, o que el precio suba más que el IPC en
el área afectada.
Tendrán competencia para declarar estas áreas el departamento de la Generalitat competente en materia de vivienda, actualmente la Conselleria de Territorio, y, en la ciudad de Barcelona, el Ayuntamiento mediante acuerdo del pleno del Consejo Municipal.
La iniciativa puede partir también del municipio o municipios
afectados o de los entes locales supramunicipales, y la declaración de
estas áreas ha de indicar su duración, que no puede exceder un plazo de
cinco años.
El decreto ley empieza con un preámbulo en el que consta que el
Parlament aprobó una moción el 9 de mayo instando al Govern a impulsar
“de forma urgente” la aprobación de medidas legislativas que permitan que Cataluña cuente con una regulación propia.
Se trata de una medida pionera en España, aunque la limitación catalana se inspira en el Código Civil alemán, que regula los alquileres desde hace 30 años, según la Conselleria de Justicia, que destaca que otros países como Italia, Portugal, Austria y Suiza también las tienen.
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