El demoledor informe del Grupo de Trabajo de la ONU
contra las Detenciones Arbitrarias, que reclama la libertad inmediata
de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, es quizás el golpe
más fuerte y potente de un organismo internacional que ha recibido el
Gobierno español en lo que se refiere al encarcelamiento de los presos políticos catalanes.
No es un grupo de trabajo más, ni un colectivo de rango inferior, como
desde Madrid se explica poniendo el artículo "un" delante de la palabra
"grupo". Es el grupo, el único grupo de trabajo que tiene poder en la ONU para emitir un dictamen de esta naturaleza.
No es tampoco, en contra de lo que quiere dar a entender el Gobierno
español, una recomendación de la ONU, ya que da seis meses de plazo al
Estado español para que atienda su rogatoria.
Si no es así, se arriesga a
sanciones por un incumplimiento flagrante, ya que a su juicio se ha
producido una triple irregularidad: detención ilegal de los presos
políticos encarcelados en las prisiones de Soto del Real y Alcalá Meco,
jueces parciales en el juicio del Tribunal Supremo y jueces no
competentes para emitir un fallo.
La torpe respuesta del Gobierno español desautorizando el grupo de
trabajo de la ONU no deja de ser una prueba más de la política del
caracol: las noticias negativas no se aceptan y sus terminales completan
el camino rebajando, difuminando o ignorando su resultado.
El Washington Post, el New York Times o The Guardian,
por citar solo los diarios más influyentes del planeta, daban cobertura
informativa a una noticia que desde la Moncloa se intentaba rebajar.
Hoy reiremos con los diarios de papel de la misma manera que era todo un
espectáculo seguir el clamoroso vacío informativo de muchas de las
televisiones generalistas españolas.
Que el mismo día que se da a conocer este informe la fiscalía general
del Estado y la Abogacía del Estado eleven a definitivas las
conclusiones del juicio del Supremo y se pidan de 25 a 16 años de cárcel
a los miembros del Govern en prisión no es más que una muestra de como
el deep state ha decidido prescindir de los organismos
internacionales y de la opinión pública internacional, por importante
que sea, y cerrarse en su único argumento posible: contra viento y marea
aplicar una sentencia demoledora que sirva de escarmiento al
independentismo.
Y añadir en su escrito una última e importante
coletilla. A las penas de prisión, no modificadas en nada respecto a su
escrito inicial de juicio, se recurre a un artículo específico del
Código Penal para que no gocen del tercer grado de libertad, al menos,
hasta que hayan cumplido el 50% de la pena que les acabe imponiendo el
Supremo. Lo que en el caso de Junqueras serían 12 años y medio, en los
que no tendría acceso a un régimen penitenciario abierto, de
semi-libertad.
Que ese incremento del castigo, pensado por si las autoridades
penitenciarias catalanas acelerasen el tercer grado, se lleve a cabo con
una fiscalía general del Estado nombrada por el Gobierno socialista y
finalizado ya el período electoral es, cuando menos, motivo de reflexión
y algo más que un aviso para navegantes.
Como lo es que el ínclito
presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, utilizara los
servicios de la Cámara para impedir la entrada del president Puigdemont y
de Toni Comín como diputados electos desde el pasado 26 de mayo. Tajani
ha adoptado una decisión sin base jurídica alguna pero este hecho ya ha
dado pie a que se inicie la compleja batalla legal que los diputados
independentistas confían que acabe con la obtención de su acta de
eurodiputados a todos los efectos.
Tajani, el hombre espectáculo
Entre las muchas desgracias que aquejan actualmente a las
instituciones europeas es que al frente de ellas ha habido en los
últimos años dos personajes como Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, y Jean-Claude Juncker,
presidente de la Comisión Europea.
El nivel de escándalos, situaciones
comprometidas, errores políticos y meteduras de pata que han llegado a
cometer durante estos años han contribuido a rebajar la casi nunca
polémica actuación de dos personajes públicos, procedentes del espacio
ideológico de la derecha, que se han convertido en verdaderos
francotiradores de múltiples conflictos.
Ya en su despedida, Tajani, el
romano que no hace muchas semanas elogió las infraestructuras que
promovió Mussolini, ha protagonizado un hecho insólito. Primero
impidiendo a los eurodiputados electos Carles Puigdemont y Toni Comín
entrar en el edificio de la Eurocámara como sí que estaban haciendo
otros parlamentarios electos. Es más, estaban recogiendo sus
acreditaciones. Seguramente, ante la evidencia de la ilegalidad que
había llevado a cabo, no se le ocurrió otra cosa este jueves que revocar
todas las acreditaciones españolas que ya se habían recogido y cuyos
titulares las habían publicitado a través de las redes sociales.
Que Tajani no es un político ni institucional ni neutral es algo
archisabido en los ambientes de las Cámaras de Bruselas y Estrasburgo.
No es que lo digan los periodistas catalanes, sino que medios
internacionales se han puesto las manos en la cabeza en las últimas
horas por su actuación y veremos qué acaban diciendo los tribunales de
Luxemburgo. Esto a Tajani le debe dar igual porque ya estará fuera del
cargo cuando se resuelva todo. De hecho, le quedan unas pocas semanas.
Mientras tanto, queda la arbitrariedad y veremos si también una aparente
ilegalidad.
"El mejor comisario español", dijeron de Tajani cuando
estaba en la Comisión Europea y medió en conflictos que le valieron una
calle en Gijón a un hombre clave en los años de Berlusconi. Antiguo
militar de aviación, tiene -o, al menos tenía, cuando era comisario- una bandera de la infantería española en su despacho.
Tan próximo a España llega a estar que, por ejemplo, en 2010, cuando
intervino en la ONU como eurocomisario, al no poder utilizar el italiano
porque no era una de las lenguas oficiales, utilizó el español en lugar
del francés o el inglés, que sí que lo son como el ruso, el árabe y el
chino.
Esa proximidad a España le ha sido compensada con
múltiples premios, el más importante el Príncipe de Asturias. Tajani no
hace, por tanto, nada en lo que no crea. Lo que olvida es que las cosas
han de ser legales y no un espectáculo. Y que el atropello de los
derechos de los diputados acaba teniendo sus consecuencias como ya se ha
visto en el pasado con las derrotas judiciales de España en todo el
caso de las euroórdenes. Bruselas no es Madrid.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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