El funcionario de Urbanismo ya denunció amenazas y coacciones en octubre ante la Policía Nacional y el Juzgado

MURCIA.- El funcionario-jefe del Servicio Jurídico-Administrativo de la D.G. del Territorio, Arquitectura y Vivienda en la Consejería de Fomento de la Comunidad Autónoma, Luis Pérez Almansa, ya denunció amenazas y coacciones, para conculcar la ley sirviéndose de su cargo, el pasado mes de octubre ante la Policía Nacional, Comisaría Murcia del Carmen y, posteriormente, en el Juzgado de Guardia contra un tal Luis Martínez Méndez, que se derivó al nº 6, según se desprende del escrito dirigido y documentación aportada por su abogado, Diego de Ramón, al juzgado de Instrucción nº 7 de los de Murcia, con fecha de presentación de mañana lunes 20 de mayo, en relación a las investigaciones ordenadas a la unidad orgánica judicial de la 5ª Zona de la Guardia Civil por dicho juzgado a instancias de la Fiscalía Anticorrupción del TSJRM con fecha posterior a la primera denuncia del luego investigado.

"... por medio del presente escrito hago constar; el recordatorio que en la Policia Judicial de la Guardia Civil de Murcia, se me notifico que las diligencias policiales se encontraba en secreto judicial, por lo que traslado a dicho Juzgado en la persona que custodia y vigila el proceso penal, para evitar filtraciones de los actos o diligencias que salgan de este Juzgado, desde que se inicio el proceso penal..

Que hago constar que mi representado, al inicio de ser objeto de actuaciones personales contra el y su familia, con amenazas para que realizara acciones en contra de su trabajo y que no eran propias y se referían a su trabajo como funcionario, mas de treinta años, (sin que tuviera tacha, o pronunciamiento contrario a ley, como asi en su propio expediente administrativo de personal, donde no consta ni siquiera una advertencia minima de atención), ACUDIO A LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO PARA SU PROTECCION, y esto es en la denuncia que puso personalmente en la Policia Nacional, de la Comisaria de MURCIA-EL CARMEN, el dia 29 de octubre del año 2018, atestado num. 20963/18, Instructor “103159”.

Sobre los hechos que creo que tiene este Juzgado, ahora como diligencias abiertas, por la Guardia Civil.

ES OBVIO, que dicha Policia Nacional, desde esa fecha no se puso en contacto con el DENUNCIANTE.

Solamente, a raíz de esta denuncia es cuando, ni siquiera poniéndose en contacto con el denunciante, es cuando se activa la actuación policial, con testigos y grabaciones (según tenemos noticias) a través de la prensa, a pesar de que se encuentra bajo secreto policial (Guardia Civil).

Es de destacar que el DENUNCIANTE, pese haber iniciado esta persona la acción policial, se le investiga, construyéndose pruebas, sin el debido tramite de audiencia, a las mismas, careciendo del principio de contradicción de partes, para igualar las actuaciones de quien le acusa y de quien es acusado.

A pesar de ello, y sin tener en cuenta que se encontraba bajo investigación policial, viendo que la Policia Nacional, no le contesto a la denuncia penal interpuesta, bajo asesoramiento de este Letrado, se interpuso DENUNCIA JUDICIAL (segunda Institucion del Estado, para que estuviera todo en orden legal), y el dia 21 de noviembre se interpuso dicha denuncia, y fue repartido al Juzgado de Instrucción num. Seis de Murcia, el dia 4/12/2018, y ACEPTADO el dia 29/12018, todavía sin contestar.

Por lo expuesto, solicitamos plantear DECLINATORIA ante este Juzgado para que se inhiba a través de los artículos 26 a 44 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, al Juzgado de Instrucción num. 6 de Murcia, por ser el competente y primero en estas actuaciones de un ciudadano, TOTALMENTE LIMPIO TODA SU VIDA, (hasta sin una simple sanción de trafico) nacido de familia humilde, licenciado en Derecho en Murcia, la Universidad Publica, (no la privada de pago como la UCAM) acceso a la función publica del Excmo. Ayuntamiento de Alhama de Murcia, en el area de Urbanismo, entrando en servicio publico en el año 1988 sin tacha alguna o expediente abierto, ni con la minima advertencia alguna, durante NUEVE AÑOS, y después por concurso de meritos, accedió en el año 1997 a la Comunidad Autonoma de Murcia, estando (VEINTIDOS AÑOS) en primer lugar en la Direccion General de la Administracion Local, después en la Direccion General de la Funcion Publica; a continuación en la Secretaria Tecnica del Instituto de la Mujer, siguiendo después como Jefe del Servicio de la Junta de Administracion de la Direccion General del Transporte y Presidente de la Junta Arbitral del Transporte, pasando en el año 2007 (12 años) a la Consejeria de Urbanismo y Transporte (llamado asi antes) y ahora Consejeria de Fomento, e Infraestructura y Urbanismo .

En estas circunstancias personales, ha tenido distinciones, menciones y consideraciones oficiales por su buen trabajo técnico y funcionarial, que las relataremos posteriormente.

Existen políticos y funcionarios, con familiares próximos, todavía en activo que no tienen esa gran trayectoria, y distinciones en Instituciones Publicas, y donde estos funcionarios o políticos, han tenido actuaciones de estos en sociedades mercantiles con gran participación publica, todavía sin determinar sus responsabilidades personales, al sufrir grave quebranto económico por su gestión. Esto lo digo a efectos comparativos.

A la vista de ello, y con el debido respeto al gran INSTITUTO PUBLICO JURIDICO DEMOCRATICO, de defender la PRESUNCION DE INOCENCIA, y SER EL PRIMERO EN DENUNCIAR LOS HECHOS POR LAS AMENAZAS RECIBIDAS. 

Las declaraciones de testigos o grabaciones, aunque constara autorización judicial, son provocaciones indiciosas de terceros para conseguir sus objetivos, el hecho que la “victima” manifieste aparentemente la posible actuaciones, se contradice con la denuncia que hizo ANTES QUE ACTUARA LA PÒLICIA JUDICIAL, ESTO FUE A POSTERIORI.

Si presuntamente hubiera habido algo de verdad en estas acusaciones, (NO LO HUBIERA DENUNCIADO) y después si hubiera habido “informes jurídicos” a favor de un tercero, HUBIESE SIDO EN CONTRA DE LEY, y esto si que seria PREVARICACION Y OTRAS CONDUCTAS DELICTIVAS, todavía no existen dichos informes favorables.

EL DENUNCIANTE, AHORA DENUNCIADO, escucho y siendo objeto de grabaciones (que no tenia conocimiento) las utilizo, para posteriormente denunciarlo, como asi lo hizo en primer lugar, hasta con planos fotografías, etc. Los denunciados de mi representado denunciante, han podido ser los “instrumentos indiciarios, para perjudicar a quien no se dejo llevar en las actuaciones dolosas”.

Ahora según versión de mi representado puede ser utilizado en campaña electoral, para dar la imagen publica de que con este caso, el político gobernante o que accede a la política, lo cesaria, cortaría con todo el peso de la Ley, para quedar asi los políticos que lo utilicen como que son el Santa Santorum.

Acudiendo asi a la imparcialidad de la justicia, como paraguas de un Estado de Derecho, mi representado y este Letrado, PIDE LA TOTAL PROTECCION DE SUS DERECHOS (a favor o en contra, y respetando la decisión judicial final, con la total seguridad jurídica de nuestro ordenamiento legal.

En su virtud,

SUPLICO AL JUZGADO: Tenga por presentado este escrito de solicitud de DECLINATORIA y de inhibitoria a favor del Juzgado que conoció en primer lugar de esta causa, y sea PROTEGIDO EL DERECHO DE MI REPRESENTADO al haber sido el primero en PEDIR LA TOTAL PROTECCION A LA POLICIA NACIONAL Y DESPUES AL JUZGADO DE GUARDIA QUE CORRESPONDIA, en este caso fue el Juzgado de Instrucción num. 6 de Murcia". 

El pasado 21 de noviembre y, tras no saber nada de la denuncia contra Luis Martínez Méndez del 29 de octubre ante la Policía Nacional, Luis Pérez Almansa dirigió un escrito al juzgado de guardia (que por reparto correspondió al nº 6 de los de Murcia) adjuntando dicha denuncia y en la que aparecen, entre otros varios, un supuesto funcionario judicial aún por identificar y un hermano del ex consejero y ex delegado del Gobierno, Joaquín Bascuñana, así como la Inmobiliaria 'Llor' y las empresas, Panamar S.L., de Yecla, y Royme, de Balsapintada, como presuntas estafadas por el intermediario.

También, por supuesto, el tal Luis Martínez Méndez (intermediario y presunto autor de las amenazas a Pérez Almansa y su familia, y coacciones, además), que le fue presentado por Pedro Bascuñana hace más de cuatro años al citado funcionario de Fomento, antes denunciante y ahora denunciado. Y los empresarios murcianos, igualmente presuntos estafados, Antonio Serrano y Antonio Soriano, por Méndez.

Luis Pérez Almansa intentó el pasado viernes acudir a la Consejería de Fomento para, eventualmente, ser notificado del supuesto expediente incoado a raíz de las investigaciones de la Guardia Civil -finalmente no llegó ni a ser interrogado en la 322 Comandancia de la 5ª Zona, en Murcia, tras ser retenido el jueves último durante unas pocas horas- pero se le comunicó telefónicamente desde la Secretaría General de dicha Consejería que, al estar de vacaciones por su reciente matrimonio, no debía incorporarse a su trabajo como funcionario hasta su finalización el próximo lunes día 27, casualmente justo un día después de que se celebren las elecciones autonómicas y municipales.