ALICANTE.- No habrá soterramiento del AVE ni estación intermodal en Alicante.
En contra de las afirmaciones categóricas de ministros, consellers,
responsables políticos y técnicos durante al menos la última década, la
mayor obra pública proyectada actualmente en la ciudad se quedará a medias y con poca solución de continuidad,
al menos si tenemos en cuenta lo que se había proyectado inicialmente, revela hoy la edición alicantina de El Mundo.
La decisión la ha materializado el Gobierno, quien este viernes aprobó
en una reunión del Consejo de Ministros la resolución para desbloquear el proyecto de reparcelación y urbanización paralizado desde 2015 pero matizando los objetivos estipulados por la sociedad Avant (la constituida para ejecutar estas obras) en el año 2003.
Más concretamente, se elimina el contenido de la disposición tercera, donde Ministerio de Fomento, Renfe, Ayuntamiento y Generalitat recogían el compromiso de «sustituir la actual estación de Alicante por una estación intermodal de transporte capaz de atender el previsible crecimiento de los servicios ferroviarios».
También se preveía la «reconversión de los accesos ferroviarios a la nueva estación mediante la construcción de un trazado» que
fuese compatible tanto con la red existente como con «el soterramiento
del pasillo ferroviario de acceso a la estación desde el entorno de Vía
Parque». El objetivo, decía el acuerdo, era ,para la realización de la
actuación urbanística».
Ahora todo ese párrafo desaparece. En su
lugar el Gobierno ha incluido otro, en el apartado «actuaciones
futuras», donde se incluye poco más que los proyectos de urbanización y
reparcelación. No aparece ni la estación intermodal ni el soterramiento.
Sí se añade lo siguiente: «Únicamente, en el caso de que existan excedentes económicos (...), se abordará la ejecución de aquellas actuaciones previstas en el convenio de 2003
y no ejecutadas, decidiéndose en el seno de la sociedad el orden de la
prioridad en su realización» y «teniendo en cuenta los condicionantes
técnicos para su ejecución y la necesidad de que se garantice en todo
momento la explotación ferroviaria».
Y
aquí viene la trampa. Esas obras no se van a poder ejecutar porque, tal
como señala un reciente informe del Tribunal de Cuentas (febrero de
2019), no va a haber un excedente económico. De hecho, el déficit que arrastran las obras del AVE en Alicante es de 146 millones de euros.
El organismo fiscalizador explica que, cuando se firmó el convenio de
2003, «el importe total del conjunto de las actuaciones estaba previsto
que se financiase en su totalidad por las aportaciones de los socios y
con los ingresos derivados de las plusvalías a obtener como consecuencia
de la venta de los terrenos desafectados del uso ferroviario, por lo
que inicialmente el déficit de estas actuaciones de integración era
nulo».
El problema es que ese convenio no incluía el procedimiento a seguir en caso de que hubiese un déficit de financiación,
algo que sucedió cuando se actualizaron las previsiones de ingresos por
plusvalías urbanísticas en una reunión de Avant de 2016.
Es ese
mismo documento se detalla que, a 31 de diciembre de 2016, de los 931,84
millones de euros previstos a dicha fecha para todas las actuaciones se encontraban pendientes de ejecución 718,31 millones, lo que representaba un 77,08% del total programado.
Al respecto, el alcalde de Alicante, Luis Barcala,
compareció en rueda de prensa para explicar que la Administración
local «no va a firmar este nuevo acuerdo» del Consejo de Ministros e
instó al Gobierno valenciano «a que haga lo mismo».
Barcala exigió
«explicaciones» al «ministro valenciano [de Fomento] José Luis Ábalos»,
de «por qué en Valencia sí se financian las obras del AVE y en Alicante
tenemos que pagarlas nosotros».
En este sentido, el primer edil llamó a «la unidad» a toda la corporación municipal,
y abogó por «sentarnos a negociar con el Gobierno para exigir que se
haga el proyecto tal como estaba previsto», aunque eso implique que el
Estado «asuma íntegramente el coste de las actuaciones».
«No queremos
ser más, pero tampoco menos» dijo Barcala.
Por su parte el portavoz de Compromís, Natxo Bellido, aseguró que este acuerdo se alcanzó «en julio de 2017», con el Gobierno de Mariano Rajoy,
y que es «lo que permitirá desbloquear en una primera fase el parque
central».
En el acuerdo, de hecho, se incluye que el Estado asuma la deuda de Avant, por lo que calificó al PP de «irresponsable» y le pidió que «rectifique por el bien de la ciudad».
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