MADRID.- Un informe de Naciones Unidas
acusa a España de discriminar a los alumnos con necesidades especiales y
apuesta por llevarlos a centros ordinarios, por lo que el futuro de los
centros de educación especial está en el aire. Un asunto que se va a abordar esta semana en el I Congreso Nacional Interdisciplinar de Educación Especial porque muchas familias creen que el Gobierno, aunque se empeñe en desmentirlo, amenaza con cerrarlos, recuerda la Cadena Ser.
"No sé qué se creen que hacemos los padres", ha argumentado Francisco, padre una niña con parálisis cerebral, en Hora 25. "Siempre digo que el colegio de mi hija es un centro de alta rendimiento para la inclusión. Uno de los objetivo es crear un entorno en que los niños se sientan seguros, incluidos y se diviertan en sus clases".
Su hija Paulina, según ha explicado este miembro de la plataforma 'Educación inclusiva sí, especial también',
progresó enormemente gracias a la atención de un centro de educación
especial: "Los avances se notan desde el primer mes. La niña empezó a responder cognitivamente mucho mejor
y gracias al colegio hemos descubierto cosas muy interesantes, como que
físicamente está muy afectada, pero cognitivamente no tanto. Nos han
enseñado técnicas para comunicarnos. Cosas que, gracias nos dan cada vez
más esperanzas".
Pero Naciones Unidas apuesta por abolir la educación en centros
separados de alumnos discapacitados y por integrarlos en el sistema
ordinario con los ajustes que requieran. El informe, publicado en 2018,
es muy duro con España. En sus conclusiones dice que aquí se margina a los alumnos discapacitados por escolarizar a un 20 % de ellos aproximadamente en centros especiales.
Para la ONU, la escolarización en ese tipo de centros
invisibiliza a las personas con discapcidad dejándolas fuera del sistema
general, identificándolas desde sus primeros años de vida "como
personas que no pueden lograr como las demás".
En España hay 220.000 alumnos con discapacidad matriculados, según
datos oficiales del curso 2016-2017. La mayoría, más de 180.000, ya
estudian en centros ordinarios. Pero hay otros 35.000 (17 %)
que lo hace en centros especiales o en aulas especificas de colegios
ordinarios, que son los dos modelos rechazados por la ONU. En
España hay 477 centros de educación especial. Un 59 % son privados, casi
todos concertados. El 41 % son públicos, aunque escolarizan al 58% de
los alumnos.
El Gobierno asume la recomendaciones de la ONU y ha incluido en el
proyecto de Ley que reforma la LOMCE una apuesta evidente por la
educación inclusiva. Su apuesta pasa por desarrollar, en el plazo de 10 años, un plan que permita que los centros ordinarios cuenten con los recursos necesarios
para poder atender en las mejores condiciones al alumnado con
discapacidad y añade que los centros de educación especial continuarán
para escolarizar a los alumnos que requieran una atención muy
especializada y como centros de referencia par los ordinarios.
El Ejecutivo ha repetido por activa y por pasiva que eso
no va a suponer el cierre de estos centros. Pero la redacción de la ley
no lo deja tan claro, lo cual sigue alimentando la preocupación de
muchas familias, convencidas de las ventajas de estos centros.
Francisco.
José María Escudero Andrés, presidente de la plataforma 'Educación inclusiva sí, especial también',
critica también el rigor del informe: "La información que nos llega es
que no se ha visitado ningún colegio de educación especial en España. No
te puedes llevar una buena idea si no conoces los centros".
Su experiencia como padre le ha llevado a defender los centros de
educación especial. "Mi hijo Jaime tiene 9 años y tiene autismo. Con 6
años estuvo en un colegio ordinario. Luego en un aula específica en un
colegio ordinario. Estaba feliz, bien atendido y era tremendamente
querido. Pero las propias profesoras nos dijeron que necesitaba que se trabajase más cón él
para sacar más rendimiento a sus capacidades. Así que visitamos varios
colegios, nos decantamos por uno y le hicieron un traje a medida. En dos
o tres meses vimos una evolución tremenda".
Distinta es la visión de Luis Cayo, presidente del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI),
el organismo que denunció ante Naciones Unidas la posible vulneración
de los derechos de los menores en estos centros de educación especial.
"Las familias nos parecen absolutamente respetables. Yo soy una persona
con discapacidad. Pero invitamos a una evolución para que las soluciones
inclusivas estén al alcance de todas las familias".
Según Cayo, es comprensible que, "ante el deterioro de la educación ordinaria, los padres de niños con discapacidad se planteeen alternativas",
pero él apuesta por "evolucionar y darle la respuesta que quiera a cada
persona", siguiendo la tendencia marcado por Naciones Unidas.
"Lo último que queremos es perjudicar a nadie. Hemos vivido la
exclusión y la discriminación, no se lo deseamos para nadie. Pero en el
mundo de la discapacidad, si hay algo que nos caracteriza, es la falta
de apoyos. Nada que sea bueno tiene que ser cerrado o desmantelado. ¿Pero nos vamos a negar a alacanzar mejores cuotas de participación e inclusión? ¿No podemos tener nuevos horizontes?".
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