MURCIA.- "Ante las últimas informaciones que vinculan al suegro del consejero Pedro Rivera con el cobro de más de un millón de euros procedentes de la venta de acciones de la planta desaladora de Escombreras, el presidente del Gobierno regional debería resolver este asunto a la mayor brevedad posible y sin dejar paso a ningún tipo de especulación que ligue, como se está produciendo, al consejero de Presidencia con la reacción de los Servicios Jurídicos de la Comunidad, de su competencia, ante dicho asunto, en el que está implicado su suegro", dice 'Somos Región'.
En
2016, Alberto Garre advirtió, ante la Comisión de Investigación de la
desalinizadora de Escombreras, que los informes de la Intervención
General y de los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma dejaban
claro que era un mal negocio para la Región de Murcia y que tenía su
origen en un contrato que podría ser tildado de leonino y muy
perjudicial para los intereses de la Comunidad Autónoma. En el proceso
judicial, la Fiscalía investiga un agujero de 600 millones de euros.
Una
vez más, la planta desaladora de Escombreras es noticia de portada en
los medios y no precisamente por su producción hídrica, sino por sus
presuntas irregularidades.
"Si hace unos días conocíamos que en la lista
de imputados en la causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 5
de Murcia, aparece Juan Jódar Martínez, suegro de Pedro Rivera
Barrachina, actual consejero de Presidencia y de cuya Consejería depende
la Dirección General de los Servicios Jurídicos, hoy conocemos que
además, Jódar fue socio fundador y accionista de la empresa promotora de
esta planta hasta que vendió sus acciones por 1.040.000 euros".
La
Dirección de Servicios Jurídicos es el centro superior de asesoramiento
jurídico de la Administración Regional y de sus Organismos Autónomos.
Igualmente es el centro superior directivo de los asuntos contenciosos
en lo que sea parte la propia Administración Regional o sus Organismos
Autónomos.
El secretario ejecutivo de coordinación
Institucional de Somos Región, Jesús Macanás se plantea si está garantizada la
imparcialidad en el proceso judicial sabiendo que el imputado es suegro
del máximo responsable de los Servicios Jurídicos.
“Creemos que la
actitud del presidente de la Comunidad Autónoma es a todas luces
irresponsable al negarse incluso, a trasladar los servicios jurídicos a
otra Consejería”.
"En Somos Región apostamos
firmemente por la regeneración política; por ello exigimos la decisión
inmediata del presidente de la Comunidad Autónoma para no dejar paso a
ningún tipo de especulación que ligue, como se está produciendo, al
consejero de Presidencia con la reacción de los Servicios Jurídicos de
la Comunidad, de su competencia, ante dicho asunto, en el que está
implicado su suegro".
Cabe recordar que el coste
actual de la desaladora es de 40.000 euros diarios a las arcas de la Región.
Ya en 2016, Alberto Garre, compareció ante la comisión de investigación
de la desalinizadora de Escombreras, donde advirtió que los informes de
la Intervención General y de los Servicios Jurídicos de la Comunidad
Autónoma dejaban claro que era un mal negocio para la Región de Murcia
derivado de un contrato que reviste los caracteres necesarios para ser
considerado leonino.
En el proceso judicial, la Fiscalía investiga un
agujero de 600 millones de euros.
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