CARTAGENA.- La Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Cartagena ha aprobado este jueves exigir a Hidrogea un
total de 5,91 millones de euros en concepto de desviación de las tarifas
del agua, alcantarillado y contadores entre 2015 y 2017.
Así lo ha anunciado en rueda de prensa la alcaldesa de Cartagena, Ana Belén Castejón, quien ha concretado que los servicios municipales han determinado que la concesionaria del servicio ha logrado 5,17 millones de euros más de lo previsto en la tarifa vigente en concepto de tarifas de agua, que ha achacado a la puesta en marcha de la ampliación de la refinería de Repsol.
Además, hay una desviación a favor de Hidrogea en tarifas del alcantarillado de 683.000 euros, mientras que en contadores, la cantidad asciende a 58.600 euros. El objetivo del consistorio es destinar la mayoría de estas cantidades a las obras de mejora de la red de abastecimiento de agua potable.
Castejón ha indicado que la concesionaria tiene 10 días para presentar alegaciones, además de anunciar que es consciente de que mantienen una "discrepancia seria" sobre esta liquidación, sobre todo en las cantidades asignadas a las tarifas de contadores y alcantarillado.
"Pero tenemos claro que ese
es el importe que hay que exigir", ha apostillado.
Por otra parte, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la propuesta de Sepes para firmar el convenio entre ambos organismos con la Comunidad Autónoma para el desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), que posibilitará el desarrollo de una actuación de 350 hectáreas.
La primera unidad de ejecución contempla 270.000 metros cuadrados, de los cuales la Comunidad compra a Sepes los primeros 65.000 metros cuadrados, donde se trasladarán las instalaciones del Centro de Transportes de Cartagena y el Consorcio Depósito Franco de Cartagena.
En el convenio se establecen las bases para la enajenación de los terrenos titularidad de Sepes a favor del Gobierno de la Región de Murcia, para el desarrollo de la ZAL de Cartagena, a un precio de 10 euros por metro cuadrado.
El órgano ejecutivo local también ha aprobado el acuerdo para vallar el perímetro de los terrenos contaminados de El Hondón, presupuestado en 100.000 euros y cuyo plazo de ejecución es de 100.000 euros, que abonarán Ercros, mientras que el mantenimiento del vallado corresponderá al consistorio.
Otra decisión adoptada por la Junta de Gobierno Local es presentar un recurso contencioso-administrativo contra el expediente de demolición de la cárcel de San Antón, comprada por un centro sanitario privado, y para la cual el Ayuntamiento de Cartagena solicita una suspensión cautelar del derribo.
Finalmente, el órgano ejecutivo municipal ha validado la extinción de la concesión del Centro de Atención a la Infancia de La Aljorra y su incorporación a la red local de guarderías para el próximo curso, cuyo plazo de matriculación comenzará el próximo lunes.
Por otra parte, la Junta de Gobierno Local ha aprobado la propuesta de Sepes para firmar el convenio entre ambos organismos con la Comunidad Autónoma para el desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), que posibilitará el desarrollo de una actuación de 350 hectáreas.
La primera unidad de ejecución contempla 270.000 metros cuadrados, de los cuales la Comunidad compra a Sepes los primeros 65.000 metros cuadrados, donde se trasladarán las instalaciones del Centro de Transportes de Cartagena y el Consorcio Depósito Franco de Cartagena.
En el convenio se establecen las bases para la enajenación de los terrenos titularidad de Sepes a favor del Gobierno de la Región de Murcia, para el desarrollo de la ZAL de Cartagena, a un precio de 10 euros por metro cuadrado.
El órgano ejecutivo local también ha aprobado el acuerdo para vallar el perímetro de los terrenos contaminados de El Hondón, presupuestado en 100.000 euros y cuyo plazo de ejecución es de 100.000 euros, que abonarán Ercros, mientras que el mantenimiento del vallado corresponderá al consistorio.
Otra decisión adoptada por la Junta de Gobierno Local es presentar un recurso contencioso-administrativo contra el expediente de demolición de la cárcel de San Antón, comprada por un centro sanitario privado, y para la cual el Ayuntamiento de Cartagena solicita una suspensión cautelar del derribo.
Finalmente, el órgano ejecutivo municipal ha validado la extinción de la concesión del Centro de Atención a la Infancia de La Aljorra y su incorporación a la red local de guarderías para el próximo curso, cuyo plazo de matriculación comenzará el próximo lunes.
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