La proposición de ley de Gobierno Abierto y Lucha contra la
Corrupción, presentada por Ciudadanos, está condenada al fracaso. La
reforma del Estatuto de Autonomía, promovida por el PP para que el
Estado reconozca y pague a Murcia la deuda histórica derivada de la
injusta financiación autonómica, no irá a ningún sitio. La agencia de
prevención y lucha contra el fraude, patrocinada por Podemos, terminará
en papel mojado. La reforma de la ley de Transparencia y Participación
Ciudadana, propugnada por el PSOE, tampoco saldrá adelante.
En la
Asamblea Regional se oye últimamente ruido, mucho ruido, como en la
canción de Sabina (a quien Dios guarde otros setenta años). Y es una
pena, porque, de prosperar todas estas iniciativas, la Región avanzaría
en transparencia de la vida pública, obtendría una buena parte de los
recursos que tanto necesita para costear la sanidad y la dependencia, y
se dotaría, en definitiva, de una Administración más eficiente. No es
poco. Sin embargo, lejos de aunar esfuerzos, los grupos parlamentarios
prefieren estrellarse por separado con propuestas como estas, llamativas
-e importantes- pero, paradójicamente, sin recorrido normativo alguno.
De lo que se trata es de ponerse la medalla, sobre todo ante un
horizonte electoral cercano. Da igual que los partidos caigan en el
'dilema del prisionero', el problema de la teoría de juegos que analiza
la incomprensible conducta humana que se produce cuando dos o más
personas se niegan a colaborar entre sí incluso si su actitud atenta
contra su propio interés o contra el interés general.
No está en
discusión la buena voluntad de PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos, dado que
el beneficio partidario que persiguen es más que legítimo en democracia.
Incluso un cierto filibusterismo sería admisible. Va de suyo. Lo que
sorprende es su empeño en saltar el muro infranqueable de los servicios
jurídicos de la Asamblea, que han tumbado todas estas y otras muchas
propuestas, en unos casos por su ligereza formal y en otros porque
trasgreden la legislación básica del Estado, sacrosanto lugar vedado
para un parlamento autónomo.
El ejemplo más reciente de una iniciativa
refutada por su superficialidad (simpleza que es inversamente
proporcional a su hondura electoralista) es la proposición de ley para
la reforma del Estatuto de Autonomía, formulada por el PP y rechazada
por las letradas de la Asamblea en un dictamen más contundente
imposible: «... carece de contenido normativo y, por tanto, de valor
jurídico alguno. Por lo que, y a pesar de su inclusión en el Estatuto de
Autonomía de la Región de Murcia, tendría un contenido dogmático y
meramente declarativo, sin efecto jurídico vinculante».
Lástima, porque
una reforma estatutaria no se aborda todos los días, y porque con esta
proposición se podría haber logrado nada menos que un cheque estatal de
7.000 millones de euros para las magras arcas regionales, siempre,
claro, que la reforma llegara después hasta Madrid consensuada por las
cuatro fuerzas políticas, con el fin de garantizar mínimamente la
validación por el Congreso de la reclamación de la deuda histórica, algo
en sí mismo sumamente razonable y en lo que todos asienten. Pero no hay
acuerdo. Otra vez el dilema del prisionero.
Tampoco necesitaron los servicios jurídicos de la Asamblea emplearse a
fondo para frenar una propuesta de Podemos que instaba al Gobierno de
López Miras a regular los conciertos educativos, pese a quedar
meridianamente claro, hasta para un profano, que los conciertos forman
parte de la legislación básica del Estado en materia educativa.
El grupo
de Óscar Urralburu acaba de toparse también con las letradas de la
Cámara al propugnar la creación de una agencia antifraude, que PP y
Ciudadanos ya votaron en contra en 2018 y que ahora se ve devuelta a los
toriles de nuevo, esta vez porque, según el informe de los servicios
jurídicos, la proposición de ley recoge atribuciones que competen a los
juzgados, la Fiscalía y los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado,
amén de que su pretendida adscripción a la Asamblea Regional resulta
incompatible con la doble función de la Cámara, la legislativa y la de
control del Ejecutivo.
La misma suerte -un alegato jurídico
adverso- correrá la proposición de ley de Gobierno Abierto y Lucha
contra la Corrupción, firmada por Ciudadanos y asumida con entusiasmo
por la presidencia del Consejo Regional de la Transparencia, que, no
obstante su naufragio seguro, merece una lectura menos apresurada. Al
parecer, el articulado guarda similitudes con la tesis doctoral de José
Luis Ros, concejal de San Pedro del Pinatar y politólogo especializado
en transparencia, que acaba de dimitir como secretario de Comunicación
de Ciudadanos arguyendo su dedicación actual a «varios proyectos
profesionales en el ámbito de la transparencia y la lucha contra la
corrupción».
El cese sorprendió en ámbitos políticos por la proximidad
de las elecciones y el porvenir venturoso que se vislumbraba para su
joven protagonista en el seno de Ciudadanos. Lo de menos es que la
Asamblea haya remitido la proposición al Consejo de Gobierno debido a
que implica gasto presupuestario; a su regreso a la Asamblea, le espera
(presuntamente, conviene precisar) un dictamen jurídico que la echa por
tierra, entre otros motivos porque obliga a todos los ayuntamientos a
suscribir convenios con el Consejo de la Transparencia, en una evidente
extralimitación normativa.
De confirmarse el revolcón, estaremos ante
otra oportunidad perdida para cambiar por cristales las paredes opacas
de la Administración. Pero lo que no puede ser, no puede ser y además es
imposible. Hay más propuestas con tacha jurídica arrojadas a la
papelera, o bien guardadas en el cajón, en tal caso a la espera de
enmiendas que las subsanen.
Pero ninguna de ellas seguirá su tramitación
sin el visto bueno del equipo de cuatro mujeres que dirige Encarnación
Fernández de Simón Bermejo, letrada mayor y secretaria general de la
Asamblea Regional, gobernanta de la casa, jefa de los funcionarios de la
Cámara, severa, indomable, 'poli malo' de los grupos parlamentarios,
cualificada ponente dentro y fuera de España, presidenta de la
asociación nacional de letrados de los parlamentos autónomos,
irreductible en sus dictámenes y, para algunos de los diputados (que
'sottovoce' así lo confiesan), una almidonada funcionaria que les corta
el vuelo.
Solo una vez se han atrevido los grupos a votar una
iniciativa soslayando un informe contrario de Encarna Fernández . Fueron
PP y Ciudadanos, para aprobar la ley de Aceleración Empresarial, que
fue llevada después por el Gobierno de España al Tribunal
Constitucional.
Las recientes jornadas de juristas celebradas en la
Asamblea Regional revalidaron el prestigio profesional del que gozan en
el ámbito parlamentario la letrada mayor y su equipo, que ha ganado
todos los contenciosos interpuestos contra sus resoluciones (pagos de
costas incluidos), con la única excepción de una derrota parcial en el
Constitucional a propósito de la ley de vivienda.
Encarna
Fernández de Simón Bermejo, se llama. Los grupos la temen, sobre todo
cuando la ven llegar con semblante grave aventando la fotocopia de una
proposición de ley: «¡Esto no lo firmo yo!».
Alto ahí
- PSOE.
- Proposición de ley de reforma de la ley 12/2014, de 16 de diciembre, de Transparencia y Participación Ciudadana.
- PSOE y Podemos.
- Proposición de ley de reforma de la ley 6/2015, de 24 de marzo, de la Vivienda, y de la ley 4/1996, de 14 de junio, del Estatuto de los Consumidores y Usuarios.
- Ciudadanos.
- Proposición de ley sobre competencia y funciones de los profesionales de enfermería.
- PSOE y Podemos.
- Proposición de ley de modificación de la ley 9/2004, de 29 de diciembre, de creación de la empresa pública Radiotelevisión de la Región de Murcia.
- Podemos.
- Proposición de ley de aprobación de las normas reguladoras y establecimiento del procedimiento para la aplicación del régimen de conciertos educativos en centros privados.
- Podemos.
- Proposición de ley de regulación del uso de técnicas de fractura hidráulica o 'fracking'.
- Podemos.
- Proposición de ley de creación de la agencia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción.
- PSOE y PP.
- Proposición de ley de régimen jurídico de las ITV.
- PP.
- Proposición de ley de creación de la Agencia Regional de Clima y Medio Ambiente (Arca).
- PP y Ciudadanos.
- Proposición de ley de aceleración de la transformación del modelo económico regional para la generación de empleo estable de calidad.
- Ciudadanos (pendiente de dictaminar).
- Proposición de ley de Gobierno Abierto y Lucha contra la Corrupción.
- Pendiente de dictaminar.
- Proyecto de ley de coordinación de las policías locales (remitido por el Consejo de Gobierno).
- Pendiente de dictaminar.
- Anteproyecto del Plan Director de Cooperación Internacional para el Desarrollo (remitido por el Consejo de Gobierno).
(*) Columnista
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