MURCIA.- Ahora Murcia ha llevado al Defensor del Pueblo la Ordenanza de
Tarifas del Agua y Saneamiento, así como su procedimiento de
elaboración, ya que ambos han incurrido en graves irregularidades. Así
lo ha manifestado hoy el concejal Miguel Ángel Alzamora, el día después
de finalizar el plazo establecido por el Ayuntamiento para la
presentación de alegaciones al borrador de la Ordenanza.
La
formación municipal ha registrado varias alegaciones, que también ha
transmitido al Defensor del Pueblo, al considerar que el Ayuntamiento ha
incumplido con el proceso participativo que el Pleno mediante moción de
Ahora Murcia- aprobó que debía existir para la redacción de este
borrador.
Ahora Murcia también estima que el borrador incumple con
aspectos básicos, como establecer expresamente que el agua es un derecho
humano esencial, fijando, entre otras cosas, que no pueden producirse
cortes de agua por impago a familias en situación de vulnerabilidad
económica.
Se pide, además, la creación de órganos de tarifas para
fomentar la participación ciudadana, y se denuncia que con estas tarifas
"Murcia seguirá teniendo el agua más cara de España, ya que se defiende
por encima de todo el beneficio económico de la parte privada,
Hidrogea/Agbar".
Alzamora denuncia el "falso
proceso participativo" que ha llevado a cabo el Ayuntamiento para este
borrador de la Ordenanza de Tarifas del Agua. "Nuestra moción del pasado
mes de junio, aprobada por unanimidad, establecía que se contara en su
elaboración con diversos actores institucionales y organizaciones
profesionales y ciudadanas que trabajan en torno a la gestión del agua'.
Sin embargo, lejos de mantener reuniones con estos actores y de
informar debidamente a todas las organizaciones y colectivos civiles del
ámbito social y del agua, lo que el Gobierno municipal del PP ha hecho
es una consulta de 11 días a través de una web, sin apenas publicidad ni
información, y sin debate previo sobre los informes que han llevado a
su elaboración".
El concejal señala que "la
mayoría de organizaciones sociales y medioambientales que se relacionan
con el Ayuntamiento y que hemos consultado estos días, no habían sido
informadas del procedimiento abierto, lo que corrobora que el 'proceso
participativo' ha sido más que insuficiente, y que no puede calificarse
de participativo, democrático, ni transparente".
Recuerda Alzamora que
en la página de participación del ayuntamiento de Murcia, si bien se
hace al artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se
ha omitido de este las referencias a que "podrá también recabarse
directamente la opinión de las organizaciones o asociaciones reconocidas
por ley que agrupen o representen a las personas cuyos derechos o
intereses legítimos se vieren afectados", o que para emitir una opinión
informada "deberán ponerse a su disposición los documentos necesarios",
algo que no se ha hecho.
Respecto a la
calificación del agua como derecho humano esencial, Alzamora subraya que
"a pesar de que es algo que recogen ampliamente los Tratados y
Convenciones internacionales de los que el Reino de España forma parte,
no está contemplado expresamente en el borrador de la Ordenanza, con lo
que el derecho no queda garantizado".
Esto es algo que ya están haciendo
muchas ciudades españolas como así señala el Defensor del Pueblo
Andaluz: "En ejercicio de esta competencia (municipal) son muchas
entidades las que se están haciendo eco del reconocimiento de un derecho
humano al agua y hacen expresa mención a la garantía de un suministro
mínimo para la atención de necesidades básicas en las correspondientes
ordenanzas locales de reglamentación del servicio o de aprobación de
tarifas".
"La Ordenanza", señala el edil de Ahora
Murcia, "debería garantizar la regularidad en el suministro, con las
medidas necesarias para el pleno ejercicio del derecho al agua por parte
de los ciudadanos y, en especial, de los más desfavorecidos socialmente
y económicamente". Para Alzamora, "la Ordenanza propuesta y los
reglamentos del servicios relacionados contravienen un derecho
fundamental que está consagrado al más alto nivel jurídico en los pactos
internaciones de los que España es parte. Privar a un hogar del
servicio de agua vulnera el Pacto Internacional de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales y la Convención sobre los Derechos del Niño, lo
cual es inaceptable".
El concejal afirma que "la
imposibilidad de que se produzcan en el municipio cortes de agua debe
quedar reflejada en la Ordenanza y en los reglamentos relacionados".
Así, "el cobro de la prestación patrimonial de carácter pública no
tributaria y la recepción del servicio son independientes, tal y como
ocurre con otros servicios municipales como la recogida de residuos
sólidos urbanos. Las familias que dejan de abonar la tasa
correspondiente a la recogida de residuos sólidos urbanos no carecen del
servicio, ¿por qué se razona de forma diferente con el agua?".
Alzamora
recalca que "desde Ahora Murcia no venimos a instar que se preste el
servicio de agua de forma gratuita, sino que proponemos que se eviten
los impagos que han venido motivando los cortes del suministro, con las
medidas y programas que se elijan, pero siempre quedando reflejado en la
norma que nos tenemos que dar entre todos".
Las
alegaciones de Ahora Murcia proponen, además, "la creación de órganos
(comisión, mesa) de tarifas, debidamente regulada en la ordenanza y/o
reglamentos relacionados, que tendrán como misión fomentar la
participación ciudadana en los asuntos públicos y conocer el
funcionamiento del servicio (por ejemplo, las cuentas de explotación del
servicio)".
Por último, se propone que se ejecute
la moción aprobada por unanimidad en el pleno del Ayuntamiento de
Murcia y se elabore la ordenanza a partir de un proceso participativo
amplio y democrático, que disponga de tiempo suficiente para el debate y
la toma de decisiones informadas, y que incluya a organizaciones y
asociaciones interesadas y/o afectadas de la sociedad civil.
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