PARÍS.- Cerca del 60% de los radares fijos de Francia han sido destruidos o desactivados desde el inicio del movimiento de los "chalecos amarillos",
cuyo impacto en la seguridad vial inquieta al Gobierno y a asociaciones
de transportistas, en un contexto en el que el número de muertos en
carretera ha caído en el último año.
El
Ejecutivo se negaba hasta ahora a cifrar el número de radares dañados o
destruidos para no alentar un fenómeno que ha ido creciendo desde el
inicio de la protesta de los "chalecos amarillos" a mediados de
noviembre.
El ministro del Interior, Christophe Castaner, ha
roto esa ley del silencio este jueves: "Cerca del 60% de los radares
han sido neutralizados, atacados, destruidos por los que reivindican ese
movimiento". Esto significa que han dejado de funcionar 2.000 de los
3.200 radares fijos desplegados en las carreteras (de los cuales 2.500
son de control de velocidad).
La consecuencia de estos actos de vandalismo son claras: los excesos de velocidad han crecido un 20% en diciembre,
según el departamento encargado de la seguridad vial.
"Esto es
dramático. Cuando aumenta la velocidad, aumenta el número de accidentes.
Se trata de vidas y de muertes, de heridos, de discapacitados", afirma
el delegado interministerial de Seguridad vial, Emmanuel Barbe.
Aunque
dañados, cierto número de radares continúan controlando las
infracciones. "Un radar tiene dos sistemas: uno que mide la velocidad y
otro que la fotografía. En esos radares dañados, la velocidad se toma,
la información se envía al centro de tratamiento de datos, pero la foto
está velada o en negro", explica Barbe.
Estos actos vandálicos
preocupan a las autoridades, que habían conseguido revertir la
tendencia al alza del número de muertos registrados desde 2014 (3.684
víctimas mortales en 2017).
El balance de la mortalidad en carretera en 2018, que se conocerá oficialmente a finales de mes, se prevé muy positivo, con 3.176 muertos en los once primeros meses del año,
la cifra se había reducido en 193 víctimas frente al mismo periodo de
2017, lo que debería significar que se puede reducir el mínimo histórico
que se logró en 2013 (3.427 víctimas mortales).
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