LORCA.- El concejal de Economía y Hacienda en el Ayuntamiento de Lorca, Juan
Francisco Martínez (PP), ha informado que los lorquinos van a tener que pagar
otros 1.056.025,76 euros por culpa de los convenios urbanísticos
previstos en Suelo Inadecuado para el Desarrollo Urbanístico (SIDU)
aprobados en solitario por una administración socialista anterior entre noviembre
de 2005 y junio de 2006.
Se trata de la principal consecuencia que se deriva del procedimiento
judicial abierto contra el Consistorio Municipal por parte de los
promotores de un convenio que incluía la construcción de 7.938 viviendas
en 4 fincas ubicadas en la pedanía de Zarcilla de Ramos. Hemos de tener
en cuenta que este enclave lorquino cuenta con una población de 1.023
habitantes.
Los promotores ahora han solicitado la resolución del
convenio urbanístico suscrito en fecha 15 de junio de 2006 y la
devolución del dinero anticipado en su momento a la anterior
administración local. A esta cifra hay que añadir los intereses legales
correspondientes que ascienden a 25.518,21 euros, lo que eleva hasta
1.146.408,10 €.
Juan Francisco Martínez ha explicado que el equipo económico del
Ayuntamiento ha confeccionado un plan de pagos que permita encajar el
golpe que supondrá pagar este montante económico para las arcas de todos
los lorquinos.
Este documento propone fraccionar el importe
correspondiente a principal e intereses en 5 plazos anuales, comenzando
su abono en octubre de 2019 y prolongándolo hasta octubre de 2023, en
abonos de igual importe. De esta forma se devolverá el dinero en 5
pagos, cada uno de ellos de 229.281,62 euros.
El importe conjunto que los lorquinos tienen que devolver a quienes
firmaron estos acuerdos urbanísticos asciende con este nuevo revés a
11.386.946,56 euros. Cabe recordar que el dinero que la anterior
administración ingresó y gastó en virtud de estos acuerdos aprobados en
solitario con el rechazo de toda la oposición ascendía a 9.970.837,76
euros, mientras que ahora se ha tenido que devolver esa cantidad más
1.351.244,67 €.
El concejal de Economía ha manifestado que, en cualquier caso el
objetivo es que estas incidencias no perjudiquen en absoluto la correcta
prestación de los servicios públicos que los ciudadanos merecen, y que
tampoco incluyan en los tributos municipales.
Entre las posibilidades
abiertas para abonar estas condenas judiciales se ha establecido un
sistema que permite a los lorquinos, a través del Ayuntamiento, acceder
al Fondo de Impulso Económico (FIE), lo que consigue que se puede
ejecutar el pago directamente a los promotores y cancelar la deuda,
pasando a pagar de forma más cómoda, flexible y con menos intereses, en
este caso al Gobierno de España. Se trata de un mecanismo más ágil y con
mejores condiciones que se encontrarían en el caso de haber tenido que
recurrir al mercado bancario ordinario.
El Edil de Economía ha expuesto que el convenio que se firmó con
Desarrollos Urbanísticos de Lorca consta en los servicios municipales
como rubricado el 15 de junio de 2006 sobre una superficie cifrada en
algo más de 4,4 millones de m2, indicando en el mencionado documento que
"por el Ayuntamiento se considera de interés municipal el
establecimiento de una zona residencial, deportiva y de servicios que
permita el desarrollo turístico y urbanístico de la zona, dentro de la
política de potenciación de la acción urbanística".
Martínez Carrasco ha señalado que no consta mención alguna a cómo se
iba a dotar de suministro de agua, saneamiento y otros servicios
(comunicaciones, energía, limpieza.) a los hipotéticos residentes en las
construcciones que se preveían llevar a cabo.
Carecía, por tanto, de
los requeridos informes al respecto por parte de los organismos
oficiales. El convenio contemplaba la construcción de 7.938 viviendas
sobre unos terrenos ubicados en la pedanía de Zarcilla de Ramos.
En términos generales, los convenios urbanísticos en terreno
calificado SIDU suponían que en Lorca se iban a construir 86.302
viviendas, y afectaban a una superficie de 4.800 hectáreas.
El concejal de Economía ha manifestado que este era uno de los pocos
convenios SIDU cuyos promotores no habían denunciado aún, y se encadena
con la docena que ya ha sido reclamada. Hasta la fecha los convenios que
han exigido la devolución del dinero anticipado son Suelo y Vivienda
2000 SL, Aparcamiento La Fuensanta, Estación de Servicio Las Palmeras,
Ineyfam, Operadora Agrícola del Mediterráneo, Gran Hábitat de
Valladolid, Ryszard, Desarrollos Lerna, Agrupapulpí, Time Servicios
Logistic, Terracamp, Grupo Generala y SAT Los Llanos.
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