MADRID.- El Pacto de Toledo recomendará que el Estado tenga más
protagonismo en la financiación de la Seguridad Social y que se haga
cargo de gastos impropios del sistema y de prestaciones de ayudas a la
familia, como maternidad o paternidad, aunque pide mantener las de
viudedad.
Según ha podido conocer, hay un elevado
consenso para cerrar cuanto antes y de forma definitiva esta y el resto
de recomendaciones que se han trabajado desde hace dos años y medio, y
que buscan garantizar la sostenibilidad y suficiencia del sistema.
Después de pactar la recomendación segunda que aboga por
revalorizar las pensiones según el IPC real, utilizando como mecanismo
la media anual de la inflación, los portavoces parlamentarios centran
sus trabajos en ahondar en la separación de fuentes de financiación para
garantizar el equilibrio del sistema a medio plazo y que el Estado sea
garante del mismo.
En este sentido, ya hay consenso
para que el Estado pueda hacer más aportaciones a la Seguridad Social a
través de transferencias directas, con un impuesto finalista o con el
pago de determinadas prestaciones vinculadas a la protección de la
familia y a la conciliación, como podrían ser las relativas al cuidado
de familiares, que actualmente sigue pagando la Seguridad Social.
La idea es que las cotizaciones sociales financien prestaciones
contributivas, por lo que las de viudedad no saldrían del sistema, pero
al mismo tiempo que el Estado siga haciendo las aportaciones para abonar
complementos a mínimos de pensión, ayudas por hijo a cargo o
prestaciones universales en el marco de la sanidad o de los servicios
sociales.
En este sentido recomendarán estudiar los
gastos que ha tenido la Seguridad Social en los últimos años vinculados a
estas políticas sociales, según han dicho hoy diversas fuentes del
Pacto de Toledo.
El último informe de la Autoridad
Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) plantea redistribuir los
porcentajes de cotizaciones sociales elevando los destinados al sistema
de pensiones y reduciendo en la misma cuantía el dirigido al SEPE
(Servicio Público de Empleo).
Esta idea general ha
cuajado en el Pacto de Toledo que estudiará la conveniencia de
aplicarse, aunque sin especificar cuántos puntos habría que reducir en
el tipo de cotización por desempleo.
Por otra parte,
acabar con las políticas de préstamos de la Seguridad Social en unos 6 o
7 años y que el Estado pueda contribuir a financiar los déficit de los
regímenes especiales también ronda en el Pacto de Toledo, que además se
pregunta si el Estado podría asumir una parte de la cotización que
afecta a la formación profesional.
Lo que está descartado es elevar la edad real de jubilación hasta los 65,5 años en 2048.
En todo caso, las recomendaciones se acercarán a limitar las
jubilaciones anticipadas para acercarlas a la edad real, lo que no
quiere decir que los trabajadores no puedan retirarse anticipadamente.
Diferentes portavoces han señalado que las recomendaciones finales están cerca y que muy pocas quedan aún abiertas.
"Seguiremos trabajando como hasta ahora", "el tono general es que hay
que cerrar un acuerdo" o "no va para largo", han recalcado diversos
diputados, que coinciden en que el optimismo es generalizado y que sólo
se podría ver enturbiado por estrategias electorales toda vez que sobre
los Presupuestos pesa la incertidumbre de si superarán el debate de
enmiendas de totalidad y posteriormente su votación en el Pleno del
Congreso.
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