ÁGUILAS.- Ciudadanos ha pedido hoy “que no se alimente una
polémica artificial y claramente electoralista” tras conocer que un edil
de Pulpí retiró señalización correspondiente a la Comunidad Autónoma de
la playa de Cala Cerrada.
“No hay ningún conflicto, no hay ninguna
polémica, porque ya en noviembre -y en respuesta a una pregunta de
Ciudadanos en el Congreso- quedó claro que no hay una solicitud formal
de revisión de los límites municipales, que en este caso también
afectarían a los de las comunidades autónomas”, ha destacado el diputado
nacional aguileño José Luis Martínez. “A los aguileños nos unen
muchísimos lazos de amistad, familiares y económicos con Pulpí, y esto
no va a cambiar por mucho que un concejal tenga un mal día o una
alcaldesa trate de ocultar su mala gestión envolviéndose en la bandera”,
ha destacado el congresista naranja.
Ciudadanos
solicitó en julio información sobre esta posible reclamación interpuesta
por el Ayuntamiento de Pulpí ante el Ministerio de Fomento o el
Instituto Geográfico Nacional por el deslinde oficial con Águilas, que
se centra sobre todo en el área de Cala Cerrada, también conocida como
Cala de los Cocedores, que marca también el límite provincial entre
Murcia y Almería y el autonómico entre Andalucía y la Región de Murcia.
En noviembre, el Gobierno remitió una respuesta, en la que negaba que
Pulpí hubiera siquiera iniciado el proceso.
Los
deslindes de términos municipales están regulados por un real decreto
que aprueba a su vez el Reglamento de Demarcación Territorial de las
Entidades Locales. En este reglamento, su artículo 17 especifica cómo ha
de realizarse el deslinde de términos municipales y el 18 regula el
procedimiento para dilucidar una posible divergencia entre Ayuntamientos
sobre el deslinde de términos municipales, como es el caso del que
afecta a Pulpí y Águilas.
“La normativa exige que
cada ayuntamiento debe formar una comisión levantando actas con los
datos de que dispongan para justificar el deslinde, y esas actas
deberían ser enviadas al Instituto Geográfico Nacional (IGN), cuyos
ingenieros deben decidir el deslinde definitivo. Además, como en este
caso el límite afectado es también un límite entre provincias, las
diputaciones provinciales o la Comunidad Autónoma en nuestro caso
también tienen derecho a personarse”, ha explicado Martínez.
El
artículo 19 de ese mismo Real Decreto indica que cuando los
Ayuntamientos interesados estén conformes con los límites existentes en
la actualidad no procederá nueva fijación, salvo casos excepcionales, en
que documentalmente se justifiquen errores materiales o vicios de
procedimiento en la delimitación anterior.
“Lo que viene a decir la ley
es que cuando ya existan actas de deslinde, no podría solicitarse
modificación alguna salvo justificación excepcional de un error material
anterior. Este punto es relevante, porque correspondería al
Ayuntamiento de Pulpí justificar en este caso la excepcionalidad del
procedimiento en caso de existir un acta ya aprobada previamente”, ha
señalado Martínez, quien añade que el deslinde oficial de los términos
municipales de Águilas y Pulpí puede consultarse en el Instituto
Geográfico Nacional “y refleja que Cala Cerrada queda dividida entre
ambos términos municipales, por lo que solamente si Pulpí hubiera
justificado un error material del actual acta de deslinde estaría
justificado revisar los actuales términos municipales y provinciales”.
A
juicio del diputado nacional, el posible origen del conflicto y la
confusión estaría en la consulta de cartografía menos definida, como la
que corresponde al periodo entre 1915 y 1960, “mientras que la posterior
define de forma muy precisa el deslinde actual de Cala Cerrada entre
ambos municipios”.
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