MADRID.- La salud de Eduardo Zaplana ha experimentado un nuevo bache, el enésimo desde que ingresó en prisión provisional el pasado mayo tras su arresto por el presunto blanqueo de comisiones ilegales
por importe de 10,5 millones de euros. Pero su situación es ahora más
delicada que nunca, se afirma hoy en El Confidencial.
El expresidente de la Comunidad Valenciana
(1995-2002) y exministro de Trabajo (2002-2004) tuvo que ser ingresado
este lunes en el Hospital de La Fe en Valencia por recomendación
de los facultativos que lo tratan de la leucemia que sufre desde 2015,
después de detectar nuevas complicaciones en la enfermedad.
“Yo ya lo que quiero es morirme”, ha confesado en los últimos
días Zaplana a su entorno. Asegura que su objetivo es marcharse para que
su familia no tenga que sufrir más por el proceso judicial en el que
está inmerso, según han revelado a El Confidencial fuentes próximas al
exdirigente del PP.
Este se ha visto aquejado en los últimos días de una
enfermedad de injerto contra huésped, una afección motivada por
el rechazo de su cuerpo al trasplante de médula ósea al que se sometió
para tratar sus problemas linfáticos. Como consecuencia de este proceso,
el exdirigente del PP se encuentra más débil. Padece anemia, ha perdido mucho peso y la pigmentación de su piel ha adquirido un tono morado.
La jueza que instruye
el llamado caso Erial sobre la presunta trama de lavado de dinero de
Zaplana, la titular del Juzgado nº 8 de Valencia, Isabel Rodríguez,
autorizó su ingreso hospitalario. Con todo, ha ordenado que se le
apliquen medidas de seguridad casi más duras que las que tiene en la cárcel de Picassent.
Ha rechazado que pueda estar acompañado por un familiar, como
recomendaban los médicos y había exigido su defensa.
La puerta de su
habitación está custodiada por una pareja de agentes de la Policía Nacional
durante las 24 horas del día. La jueza también le ha prohibido hacer
llamadas desde el hospital, al contrario que en prisión, donde tiene
permitidas las comunicaciones. Además, solo puede reunirse con su
abogado.
Este sábado
cumplirá siete meses en prisión provisional. Su defensa ha solicitado
hasta en cinco ocasiones su libertad alegando que no existe riesgo de
fuga ni de destrucción de pruebas, y que el estado de salud en que se
encuentra es incompatible con su estancia en prisión.
A esa petición se
ha sumado el Partido Popular esta semana, que publicó un mensaje en su cuenta de Twitter para apoyar su excarcelación: “La vida de Eduardo Zaplana
está en serio riesgo. Se debería tener en cuenta esta circunstancia
para que siga tratándose su enfermedad desde un hospital y no desde un
centro penitenciario. Un poco de humanidad”.
El expresidente del
Gobierno José María Aznar es una de las voces que también se han alzado contra su continuidad en la cárcel.
El pasado lunes se celebró precisamente una vista en la Sección Quinta de la Audiencia Provincial de Valencia
para estudiar un recurso de su defensa contra la última negativa de la
instructora a concederle la libertad a la espera del juicio. Parecía que
sus opciones de salir a la calle habían aumentado después de que la
semana pasada se efectuaran diligencias clave para la evolución de las
pesquisas.
Cómo adelantó El Confidencial, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil,
el fiscal anticorrupción y la instructora del caso se desplazaron a
Uruguay para registrar la vivienda de un supuesto socio del exministro
de Trabajo, el abogado Fernando Belhot.
La diligencia se centró en la búsqueda de información sobre dos sociedades instrumentales, Nysleny SA y Disfey SA, que fueron compradas en 2009 por uno de los presuntos testaferros de Zaplana, su amigo de la infancia Joaquín Barceló.
La comisión judicial
aprovechó su desplazamiento a Uruguay para recabar también documentos de
otras tres sociedades vinculadas a Vicente Cotino, el empresario que
supuestamente abonó los 10,5 millones de euros en comisiones ilegales al
exdirigente del PP por la concesión de licencias de ITV y parques
eólicos.
La búsqueda se centró en las mercantiles Milbet SA, Parlawa SA y Vecanwell SA, domiciliadas en la zona franca de Montevideo Zonamérica, utilizada habitualmente para la creación de estructuras 'offshore'.
La
ejecución de esta diligencia reduce el riesgo de destrucción de
pruebas, pero la Fiscalía volvió a oponerse en la vista de este lunes a
la libertad de Zaplana. Además, aún quedan comisiones en otros países.
Sus opciones de pasar esta Navidad en casa han vuelto a diluirse en las
últimas horas.
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