CARTAGENA.- María Giménez ha señalado que, tras la iniciativa que se ha aprobado
este jueves en la Asamblea Regional, el gobierno tiene el mandato de incluir a la
PAH en el Consejo de Vivienda, en el Servicio de Mediación y abrir un
proceso participativo para que puedan estar en la elaboración del
reglamento y convenios que salgan de las disposiciones finales de la
ley.
Giménez ha dicho que el problema de la vivienda en la Región de
Murcia "es complejo y requiere medidas eficaces. Esto pasa por
incorporar a la toma de decisiones a los que más pueden aportar, que son
los afectados por las hipotecas, la PAH. Esto es además un derecho que
adquirieron los colectivos, con la ley, que deben ser consultados para
desarrollar las bases de una ley aprobada por mayoría en esta Asamblea".
Por eso, ha asegurado la diputada de Podemos, "exigimos al gobierno
regional del PP que asuma su responsabilidad puesto que cada vez que en
esa Región hay un desahucio, este es responsabilidad directa de López
Miras".
María Giménez ha echado en cara al PP "la dejadez con la que actúa a
la hora de poner a funcionar la ley de vivienda. Lo único que ha hecho
ha sido publicar en la web del Portal de Transparencia un proceso de
consulta pública previa online del Proyecto de Decreto de desarrollo,
proceso que finalizó el pasado 6 de noviembre".
Un gobierno responsable, ha subrayado la diputada de Podemos, "tras
el espaldarazo que dio el Constitucional a la ley, ya hubiera comenzado a
escuchar a los colectivos para hacer la mejor aplicación posible. En
vez de eso, publican un borrador imperfecto, incompleto y claramente
insuficiente. Si tenemos en cuenta que hablamos de derechos reconocidos
al más alto nivel en la Constitución, la manera como han gestionado
ustedes este asunto es muy preocupante, es negligente".
De ahí, que María Giménez haya hecho hincapié en que el gobierno debe
"ponerse manos a la obra y recabar directamente la opinión de las
organizaciones o asociaciones reconocidas por ley que agrupen o
representen a las personas cuyos derechos o intereses legítimos se
vieren afectados por la norma y cuyos fines guardan relación directa con
su objeto mediante un adecuado proceso de participación".
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