MADRID.-El
Ministerio de Educación quiere que en los consejos escolares de
colegios e institutos, los órganos de participación y de control y el
principal instrumento para que toda la comunidad educativa pueda
implicarse directamente en la toma de decisiones, se deje una silla
también a un representante del Ayuntamiento, lo que en el sector
educativo denominan «comisarios políticos», según publica hoy La Razón.
Es una de las medidas que la
ministra Isabel Celaá pretende incorporar en la reforma de la Lomce y
que afecta no sólo a los centros públicos, sino que va dirigida
especialmente a los concertados. Educación cree que «hay un
desequilibrio a favor del titular del centro en las decisiones que se
toman, que debiera compartir con el Consejo Escolar de los colegios que
reciben subvenciones».
Y es que considera que en muchos centros
regentados por congregaciones religiosas o por cooperativas de
profesores, el director «se ha convertido en el único órgano de
gobierno». Así, el Ministerio quiere que estos «comisarios políticos» o
nuevos participantes de los ayuntamientos, puedan intervenir en el
«control y gestión» de lo que se hace en los colegios y los institutos
españoles, «exigiendo una mayor transparencia en la rendición de
cuentas». Su idea es «hacer real y efectiva la participación de la
comunidad educativa en su gobierno», dice en su propuesta.
La
medida no ha sido bien recibida por la escuela concertada, que entiende
que en los centros públicos tiene sentido que haya un representante
municipal porque los ayuntamientos colaboran asumiendo gastos de
funcionamiento, vigilancia, mantenimiento, labores de jardinería... pero
«un centro concertado no deja de ser privado y debe rendir cuentas por
los fondos que recibe, pero no nos gusta que haya intromisiones de
políticos en la administración del centro por parte del Ayuntamiento»,
explica José María Alvira, secretario general de Escuelas Católicas.
Lo compara con la situación de una ONG que, por el hecho de recibir subvenciones, no tendría por qué admitir en su patronato a nadie de la administración.
Lo compara con la situación de una ONG que, por el hecho de recibir subvenciones, no tendría por qué admitir en su patronato a nadie de la administración.
La medida que propone Celaá
no es nueva. Que existieran representantes municipales en los consejos
escolares ya se introdujo en la LOE, la ley educativa que el PSOE
aprobó en 2006. Es un secreto a voces que fue el peaje que el PSOE tuvo
que pagar para que IU diera su apoyo a la norma. Fue una medida
suprimida por la LOMCE.
La medida molesta a
la concertada porque en el tiempo en que se aplicó «supuso una cortapisa
para el funcionamiento natural de los consejos escolares. Tener una
persona enviada por el Ayuntamiento suponía una cortapisa para hablar
con naturalidad y a veces mediatizaba las discusiones y el diálogo al
ser una persona revestida de cierta autoridad», explica Luis Centeno,
secretario general adjunto de Escuelas Católicas.
Incluso se produjeron malas praxis, según Centeno, porque «había concejales de algunos municipios que acudían a los consejos escolares a dar mítines o había presiones veladas sobre si el colegio tenía que actuar en un sentido o en otro... Muchos directores evitaban enfrentarse con el representante del ayuntamiento si tenían que hacer obra...», añade Centeno.
Incluso se produjeron malas praxis, según Centeno, porque «había concejales de algunos municipios que acudían a los consejos escolares a dar mítines o había presiones veladas sobre si el colegio tenía que actuar en un sentido o en otro... Muchos directores evitaban enfrentarse con el representante del ayuntamiento si tenían que hacer obra...», añade Centeno.
La
portavoz de Educación de Ciudadanos, Marta Martín, calificó de
«incoherente» la medida. «No sólo habría que quitar a los representantes
municipales de los colegios concertados, sino también de los públicos»,
dijo a La Razón.
Otros expertos, como Francisco López Rupérez, ex presidente del Consejo Escolar del Estado, creen que «supone un retroceso en materia de autonomía de los centros que aún se puede corregir porque la necesaria fiscalización del uso de los fondos públicos ya se produce, de acuerdo con las previsiones legales, a través de las Administraciones educativas, que son las que financian».
Otros expertos, como Francisco López Rupérez, ex presidente del Consejo Escolar del Estado, creen que «supone un retroceso en materia de autonomía de los centros que aún se puede corregir porque la necesaria fiscalización del uso de los fondos públicos ya se produce, de acuerdo con las previsiones legales, a través de las Administraciones educativas, que son las que financian».
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