MADRID.- El secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, Pedro Saura, ha pedido un debate "franco, directo y valiente" sobre como financiar las infraestructuras en el futuro y ha señalado que en aquellas en las que se va a levantar el peaje no va a haber una gestión privada.
Durante su intervención en el Senado ha abogado por abrir una
reflexión por parte del Congreso y del Senado, en la sociedad, con los
sindicatos, empresarios y con el sector sobre cómo financiar las
infraestructuras que permita concluir qué hacer y cómo internacionalizar
los costes de las mismas, entre ellos los medioambientales.
Asimismo, ha recordado que las autopistas de peaje cuya
concesión acaba en esta legislatura (AP-1 entre Burgos y Armiñón; AP-7
entre Alicante y Tarragona y AP-4 entre Sevilla y Cádiz) no se van a
prorrogar "por una razón de justicia" y al entender que los usuarios han
pagado "durante muchísimos años" la construcción de estas autopistas.
"Por razones de justicia no se van a prorrogar estas concesiones y no
van a ser gestionadas por ninguna empresa, se van a levantar los peajes.
Es una decisión clara y contundente", ha apuntado el "número dos" de
Fomento.
"No va a haber una gestión privada de la
AP-7 después de la concesión. Más claro imposible", ha insistido Saura,
que ha subrayado que el modelo español es "injusto territorialmente" y
"asimétrico", al tiempo que ha defendido que todos los modos de
transporte estén en las mismas condiciones.
Como
ejemplo, Saura ha subrayado que en el caso de la AP-7 se han encadenado
tres prorrogas, pasando de los 27 y 24 años iniciales a 47 en el tramo
entre Tarragona y Valencia y 50 años entre Valencia y Alicante.
Además, ha indicado que cuando se levanten los peajes en la AP-7
tendrá que haber mejoras de la conectividad y la operatividad y ha
avanzado que en próximas semanas se reunirá con el gobierno valenciano
para trabajar en ello.
También ha recordado que
España presenta un déficit de mantenimiento en infraestructuras y que,
analizando la inversión óptima anual en mantenimiento desde 2012, los
técnicos lo cifran en 2.000 millones.
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