No es que al gobierno le crezcan los enanos, como dicen los castizos, sino que le disminuyen alarmantemente los negritos. Los diez negritos
de la famosísima novela de A. Christie (más de cien millones de
ejemplares vendidos) de universal conocimiento. En la isla del Negro,
los "negritos" desaparecen por asesinato; en el gobierno de Sánchez, por
dimisión.
La ministra navega aguas turbulentas. El gobierno afirma que es un
intento de chantaje de Villarejo, cosa verosímil pues parece ser a lo
que el hombre se ha dedicado con variada fortuna. Chantaje, dice
Sánchez, como el que intentó con Juan Carlos I. Es mentar la soga en
casa del ahorcado pues olvida mencionar que el PSOE vetó la comisión de
investigación sobre el personaje, con lo que dio por bueno el chantaje
pues quien no tiene nada que ocultar no teme investigación alguna. O
sea, en realidad, fue mentar la soga en casa del no-ahorcado.
Sánchez ha respaldado a su ministra. Es su deber. No quiere decir nada. También lo hizo con los dos dimisionarios anteriores. La ministra se defenderá sola.
Es posible que el clima que el convivio grabado delata, (quizá con
abundante trasiego de alcohol), sea un evento aislado y excepcional en
las vidas de los comensales. Pero esos "Lola" y "Balta" y el nivel
general de los comentarios son muy de lamentar. En fin, el mal gusto y
la falta de educación no son delitos. Pero dejan mal parados a los
representantes del poder judicial y sus amigos.
Al margen de lo que suceda con la ministra de Justicia, esta, la
Justicia (no solo la ministra) tiene un problema agudo de prestigio que
ataca la base de su legitimidad sobre la que, por cierto, descansa el
Estado. Porque un Estado sin justicia, dice San Agustín no es más que
una banda de ladrones. Y está feo señalar.
El enfrentamiento entre la jueza de instrucción del caso "Máster", Rodríguez-Medel y la Fiscalía del Tribunal Supremo, es
incomprensible. El Teniente Fiscal, Luis Navajas, se niega a investigar
a Casado, siendo así que su caso es idéntico al de las otras tres
imputadas. Sin duda tiene poderosas razones pero el golpe para el
prestigio de la justicia es tremendo. Además, involucra a la Fiscal
General del Estado, María José Segarra. Si respalda tamaña aberración
acabará con el escasísimo respeto que aun pueda tener la justicia
española.
Aunque esta parece dispuesta a cumplir la tarea por su propia vía.
Además del proceso penal, claramente inquisitorial, hay otro civil de
carácter confiscatorio contra los supuestos organizadores de la consulta
del 9N de 2014, Mas, Ortega, Rigau que ahora reactiva el Tribunal Supremo.
Es la enésima muestra de la voluntad de entendimiento y diálogo del
Estado que predica Sánchez: la persecución de los disidentes por todos
los medios, la venganza, el castigo a las generaciones venideras.
¿Alguien espera justicia del poder judicial español en relación con Catalunya?
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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