MURCIA.- El concejal de Cambiemos Murcia Sergio Ramos ha presentado una moción
al Pleno de este jueves por la que solicita al Ayuntamiento que pida al
Registro de la Propiedad la lista de bienes inmuebles inmatriculados
por la Iglesia en el municipio e inicie las acciones legales oportunas
para la recuperación de aquellos cuya titularidad pública pueda
corresponder a la Administración local.
La iniciativa, promovida la asociación Europa Laica en muchos
ayuntamientos del país, explica en su exposición de motivos que la
modificación del Reglamento Hipotecario impulsado por el gobierno de
José María Aznar en 1998 permitía que la Iglesia pudiera inscribir
templos de culto a su nombre, algo que no era posible antes al tratarse
de bienes fuera de comercio y de naturaleza pública.
La jerarquía eclesiástica resucitó además dos normas franquistas,
inconstitucionales desde el inicio de la democracia en España, que
equiparaban a la Iglesia con la Administración pública y a los
diocesanos con los notarios, de forma que podían certificarse a sí
mismos -sin aportar título alguno- la propiedad de aquellos inmuebles
que hasta el momento no estaban inscritos en el Registro.
En Murcia, la Diócesis cuenta con más de 470 propiedades por las que
no paga IBI porque están dedicadas a funciones sociales, entre las que
se encuentran la Catedral de Murcia -inscrita en 2014 a nombre de la
Iglesia-; el santuario de la Virgen de La Fuensanta y el Seminario
-ambos registrados hace dos meses- o el cementerio de La Alberca.
A estos
bienes hay que sumar aquellas propiedades de la Iglesia que no se
destinan a fines sociales.
Ramos ha insistido en que el posible uso litúrgico de los inmuebles
no condiciona la propiedad y que muchos han sido construidos y
restaurados con dinero público, además de que sobre gran parte de ellos
pesa la responsabilidad pública de su tutela cultural y patrimonial.
También consta, según el edil, la inmatriculación de miles de bienes
de culto en manifiesto abuso de derecho y fraude de ley por la fecha de
la inmatriculación, antes de la reforma de 1998; por no haber sido
poseídos nunca por la Iglesia Católica, lo que incluye solares, caminos,
jardines y plazas, entre otros, y por no haber documentado de forma
fehaciente su propiedad.
La moción de la formación municipalista ha sido aprobada con el
respaldo de todas las formaciones políticas representadas en muchos
municipios y comunidades autónomas del país, donde ya han sido
impugnadas algunas de las inscripciones y se han recuperado bienes para
el dominio público.
Sin embargo, se trata de una "mínima parte del patrimonio
privatizado", lo que, en opinión de Ramos, obliga a los ayuntamientos a
seguir trabajando "contra una amnistía registral que ha supuesto restar
del patrimonio de todos y todas muchos bienes de gran importancia
histórica".
Europa Laica, en su ejercicio de recabar información de los listados
de las inmatriculaciones en todo el país, ha anunciado que procederá a
denunciar los casos donde se crea que haya irregularidades, como ya se
ha hecho en muchos sitios, Zaragoza, Asturias o Córdoba.
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