Una de las conclusiones de estos meses de farragoso debate judicial,
en España en el Tribunal Supremo y en Bélgica, Alemania, Reino Unido y
Suiza en sus respectivas instancias, es que la causa de los presos políticos y exiliados catalanes
ha estado muy bien defendida.
Un equipo de letrados muy competentes,
con estrategias individuales de cada cliente pero con una innegable
coordinación, ha puesto en jaque a la justicia española y ha
desenmascarado internacionalmente el juicio que está por venir. La
retirada de las órdenes de extradición después de la contundente
sentencia alemana a favor de Puigdemont y el efecto dominó en los consellers esparcidos por Europa y también en la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, han generado enojo en Madrid.
A eso se ha unido la citación del juez del Supremo Pablo Llarena
por un tribunal belga este martes, una situación que el estado español
se ha acabado tomando como una ofensa de Bruselas cuando se trata tan
solo de una demanda civil ante unas declaraciones imprudentes del
magistrado.
Pues bien, cuando creíamos que lo habíamos visto todo, había aún
capítulos por escribir. El nuevo objetivo es mirar de desacreditar a los
letrados de presos y exiliados en medios de comunicación o incluso a
través de colegios profesionales. Tan solo así se entiende la desaforada
carrera para atacar el prestigio de los letrados que coordinadamente se
está llevando a cabo con participación incluso de un partido político,
siempre presente en estas batallas y con una presencia mediática
exagerada en comparación a su representación real.
Igual que el magistrado Llarena recurrió al amparo del Consejo
General del Poder Judicial por sus declaraciones, con mucho más motivo
el penalista Gonzalo Boye lo ha pedido al Colegio de
Abogados de Madrid ante las amenazas, injurias y calumnias que está
sufriendo en el ejercicio del derecho de defensa.
Poco ha tardado el
Colegio de Abogados de Madrid en pronunciarse y, si alguien pensaba que
se alinearía con uno de sus colegiados, estaba muy errado. El resultado
ha sido un pronunciamiento claro de apoyo al magistrado en el que cuesta
saber si el colegio actúa como representante de los abogados o de los
jueces.
No solo eso, sino que es un acto de apoyo al gobierno, de
defensa de la inmunidad de la jurisdicción española y de
amparo inequívoco a Llarena por los ataques que ha sufrido por su
defensa de la Constitución y como un magistrado "inamovible, responsable
e independiente".
Veremos más cosas en este conflicto que tiene muchos golpes bajos y
mucha guerra sucia, como ya está pasando. No había suficiente con
inventarse un relato judicial que tiene poco que ver con lo que ha
sucedido en Catalunya sino que ahora se da un paso más: zaherir a
las defensas por un trabajo bien hecho y que ha puesto demasiadas cosas
al descubierto de una España a la que cada vez más le cuesta tapar sus
propias vergüenzas.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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