MADRID.- La Comunidad Autónoma demandó hoy al Estado una
mayor dotación de medios humanos y materiales en el ámbito judicial, al
asumir como propias las reivindicaciones del Tribunal Superior de
Justicia de la Región, de la Fiscalía y de los Colegios de Abogados y
Procuradores de la Región "porque para que se haga justicia es preciso
que ésta sea ágil y pueda asumir la carga de trabajo asignada de forma
adecuada, porque una justicia lenta deviene en injusticia".
Este
fue el planteamiento que el consejero de Presidencia, Pedro Rivera,
hizo hoy al secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, en el
encuentro que mantuvieron en Madrid para abordar la situación de los
órganos judiciales en la Región de Murcia.
Rivera
recordó que la carga de trabajo que soportan los órganos judiciales en
la Región está por encima de la media española, mientras que la ratio de
jueces por cada 100.000 habitantes se encuentra, por el contrario, por
debajo de la media nacional, e hizo suya la reivindicación del Tribunal
Superior de Justicia "en el sentido de la necesidad de crear 33 nuevas
unidades judiciales, seis de ellas con carácter urgente".
El
consejero incidió en la reclamación de las nuevas sedes judiciales de
Cartagena, Lorca y Molina de Segura, y recordó que las obras del nuevo
Palacio de Justicia de Lorca, en concreto, "fueron adjudicadas por el
anterior Gobierno de España con un presupuesto de ocho millones de
euros, y es preciso que se agilicen al máximo".
También
estuvo sobre la mesa la adjudicación a Cartagena de un Juzgado de lo
Mercantil, "porque la entidad económica, mercantil y empresarial de la
ciudad y su comarca lo requieren, y porque ya hay antecedentes en
localidades como Gijón o Elche, donde se han establecido unidades
judiciales de esta condición en lugar de hacerlo en Oviedo y Alicante",
indicó Rivera.
Otras reclamaciones planteadas
fueron la puesta en marcha del segundo Juzgado de Familia en Cartagena,
la elevación a la condición de magistrados de los jueces del Partido de
San Javier, y el incremento del número de fiscales y de funcionarios de
la Fiscalía, por cuanto en ambos casos su número en la Región se
encuentra por debajo de la media nacional.
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