Cuando las derechas, incendiadas e
incendiarias, exigían al presidente Sánchez contundente respuesta a las
declaraciones del de la Generalitat de "atacar el Estado español injusto" solo
pensaban en el Estado español y pasaban de si era o no injusto. A su
vez, Quim Torra hacía hincapié en la injusticia, dando a entender que,
si el Estado no fuera injusto, no habría ataque.
Es
la primera intuición de que la táctica de la Generalitat se aproxima al
espíritu del Aikido El ataque de Torra es siempre un contraataque,
aprovechando el ímpetu de la agresión original del adversario. Le faltó
tiempo para reclamar del ministro del Interior, Grande-Marlaska,
cumplidas explicaciones sobre los conflictos en que se ven involucrados
guardias civiles y policías nacionales fuera de servicio (en principio),
pero no de militancia nacional-española.
Ataques,
contraataques; lo más propio es un arte marcial. El Aikido, con una
base religioso-filosófica sintoísta y zen, es no violento y
absolutamente pacífico e ilustra el carácter pacífico y no violento de
la revolución catalana.
Esa
es la táctica. ¿Y la estrategia? También Aikido, por cuanto el fin
último es la realización del individuo, su equilibrio entre lo físico y
lo espiritual. Léanse con atención las declaraciones de Torra en Prades:
el fin último, al que la generación actual de catalanes se siente llamada, es la República Catalana.
Luego, según la escatología de cada cual, la realización definitiva se
da con la fusión del yo en el universo o la cita judicial del valle de
Josafat. Pero eso es brumoso futuro.
Lo
importante aquí y ahora es la voluntad de los catalanes de realizarse
como nación, protegida por un Estado. Y esa es la base de legitimidad de
Torra, la que le permite contraatacar de nuevo anunciando que en el
inminente proceso por el 1-O el independentismo no irá a defenderse,
sino a atacar. Aprovechará para ello la ciega fuerza bruta de una farsa
político-judicial para consumo interno español que la justicia
internacional ha desbaratado de un capirotazo.
Aikido:
el juez Llarena, incapaz de frenar a tiempo, impulsado por su feraz
imaginación y sensación de impunidad, se ha dado de bruces con la
justicia belga. Y, con el juez, el Consejo General del Poder Judicial
(CGPJ) que ha sido parte muy beligerante en este desaguisado a ojos de
Europa entera. Y con el CGPJ (ya en entredicho por otros lados) la
administración de justicia en España y, por deducción, el propio Estado
como Estado de derecho.
Quienes
pensaban haber dado un escarmiento en Catalunya y “descabezado” el
movimiento independentista, han conseguido lo contrario: relegitimar el
movimiento; convertirlo en un perpetuum mobile; dar una causa adicional a
la de la independencia: la liberación de los presos/as políticas;
reforzar la solidaridad interna del independentismo y su unidad de
acción. Un éxito. Quizá por ello los haya condecorado el actual gobierno
español.
El discurso de Torra es el de Donec Perficiam.
Y
ese es el territorio en el que el Estado español debiera plantearse
encontrar una propuesta de negociación que la otra parte aceptara.
Cualquiera otra opción equivaldría a romper el principio básico del
Estado de derecho del gobierno por consentimiento en Catalunya y, lejos
de resolver el conflicto, lo enconaría.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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