Hace poco tiempo conocíamos los informes “A toda costa” de Greenpeace y “Banderas Negras”
de Ecologistas en Acción sobre el litoral español, que vienen a señalar
el lamentable estado de nuestras costas y a confirmar el deterioro
imparable y continuo de nuestras costas basado en la especulación
urbanística unidad a la presión sobre las playas y zonas no urbanizadas.
Nuestro litoral es un ecosistema bastante frágil con una la baja
cobertura vegetal del territorio costero y pequeñas extensiones del
matorral muy reducidas. En 1992 se creaban nuestros seis espacios
naturales protegidos del litoral murciano (tres parques naturales y tres
paisajes protegidos) con el 5,3% de la superficie costera pero desde
esa época no se ha producido ninguna ampliación de la protección de
nuestro litoral.
Por otra parte, La bahía de Portmán ha sido y sigue
siendo el escenario de uno de los mayores y más graves casos de
contaminación industrial en todo el litoral del Mediterráneo.
La urbanización de las playas se ha incrementado y como
consecuencia de ello, las playas naturales sin urbanizar se han reducido
casi un 4%”; a esto se añade la degradación del paisaje natural de
nuestras costas y el aumento del riesgo de erosión. Tenemos también el
dudoso honor de que el parque regional de Cabo Cope-Puntas de Calnegre
sea uno de las zonas costeras más contaminada por residuos plásticos de
todo tipo como señalaba un reciente estudio.
La
escasa diligencia y pasividad de la administración regional para
elaborar los instrumentos y mecanismos de gestión de los espacios
naturales protegidos aumenta el riesgo de urbanización de nuestras
costas. El gobierno regional está consiguiendo casi una completa
parálisis en el proceso de puesta en valor de los espacios naturales.
Solamente, en el año 2015, se inició la exposición pública del Proyecto
de decreto de declaración de Zonas Especiales de Conservación y Plan de
Gestión Integrada del Mar Menor.
También el Mar Menor
se encuentra en una situación y un futuro críticos. Un grave episodio
de eutrofización (exceso de nutrientes) y vertidos ha llevado a la
laguna a una encrucijada.
En el informe Banderas Negras se señala que
las causas de su degradación son la presión urbanística, la apertura del
canal del Estacio, el relleno de determinadas zonas, los vertidos de
aguas sin depurar o con una depuración muy deficiente y el vertido de
fertilizantes procedentes de la agroindustria.
Detrás de este grave
problema ambiental se encuentran varias décadas de incompetencia y
descoordinación entre administraciones, una mala ordenación territorial y
de las actividades económicas, de incumplimiento de la legislación y de
mirar para otro lado, cuando se producían las llamadas de atención de
científicos, investigadores y organizaciones ecologistas.
Lo más preocupante es que el futuro parece poco esperanzador. La
descoordinación de las administraciones implicadas y la falta de
voluntad en aplicar medidas realmente eficaces se une a las
consecuencias del cambio climático que venimos sufriendo cada año, En
medio de este oscuro panorama, la presión ciudadana y de algunos actores
clave ha empezado a dar sus frutos, abriendo una ventana a la
esperanza.
Ante la desidia de la administración, la
justicia ha comenzado su paso lento pero que, con el tiempo, puede pisar
varios callos. En diciembre de 2017, José Luis Díaz Manzanera, el
fiscal jefe, presentó la denuncia por la contaminación del Mar Menor.
Entre los investigados, además de numerosas de empresas de la
agroindustria, figuran el ex consejero de Agricultura, Antonio Cerdá y
dos ex Presidentes de la Confederación Hidrográfica de la Segura.
La
denuncia fue registrada por el Juzgado de Instrucción número dos de
Murcia en enero de 2018 y se decidió dividir la causa en 26 piezas
judiciales, en vez de instruir el caso como una causa única. En abril de
2018, la misma juez decidió abrir diligencias, a instancia de la
Fiscalía, por un informe presentado por Ecologistas en Acción sobre la
construcción de una tubería, atravesando la Marina del Carmolí para
derivar salmueras cargadas de nitratos desde la rambla del Albujón hasta
su posterior vertido.
Pero la acción judicial no
puede suplir un cambio en la política ambiental sobre el litoral de
nuestra administración y la mejora significativa de nuestro entorno
costero. Es incomprensible la falta de una herramienta de gestión
integral del Mar Menor y su entorno.
(*) Activista medioambiental. Miembro de Ecologistas en Acción Región de Murcia
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