VALENCIA.- El 20 de noviembre de 1997 aparecía publicada en el Diario Oficial de la
Generalitat Valenciana una resolución firmada por el entonces
secretario general de la Conselleria de Industria, José Antonio Manteca,
con la adjudicación de cinco lotes de estaciones de inspección técnica
de vehículos (ITV) repartidas por toda la Comunidad Valenciana, recuerda hoy El Confidencial.
El
procedimiento fue uno de los primeros y más importantes concursos de
cuantos puso en marcha Eduardo Zaplana en su primera
legislatura al frente del Gobierno valenciano. Lo fue tanto por su
volumen (6.157 millones de pesetas de la época, 37 millones de euros)
como porque introducía el elemento privatizador en un servicio hasta entonces prestado por la Administración pública.
Ahora se sabe que tras al macroconcurso, dividido en cinco lotes, pudo
haber intenciones menos confesables que el teórico discurso de la mejora
en la eficiencia de la gestión. La Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado de Instrucción nº 8 de Valencia investigan si Zaplana cobró comisiones ilegales por ese concurso y el del llamado Plan Eólico Valenciano pocos años después, si ese dinero se movió en el extranjero y si más recientemente realizó operaciones con sociedades pantalla y personas de su confianza como testaferros para repatriarlo de forma irregular, con un posible delito de blanqueo.
Como consecuencia de la operación Erial, Zaplana y dos de sus presuntos colaboradores, Joaquín Barceló y Francisco Grau, están en prisión preventiva.
La causa sigue secreta, pero hasta ahora ha trascendido que la jueza
investiga movimientos de fondos por valor de al menos 10 millones de
euros a través de empresas radicadas en paraísos fiscales o países de
fiscalidad laxa como Luxemburgo o Uruguay. Una de las empresas investigadas es Imison International,
formalmente vinculada a la familia Cotino y que, según la investigación
de la jueza, sirvió para canalizar comisiones, algo que el entorno del
exministro niega.
El empresario Vicente Cotino y su tío Juan,
expresidente de las Cortes Valencianas, tenían intereses tanto en el
concurso de las ITV como en el Plan Eólico. Su empresa Sedesa resultó
adjudicataria en ambos procedimientos y obtuvo con el tiempo jugosos beneficios con la venta de sus participaciones, tal como relató El Confidencial.
Sin embargo, los Cotino no fueron los unicos adjudicatarios con
sociedades en el extranjero. Otros empresarios muy cercanos a Zaplana
también lograron colarse en el reparto de las ITV a la vez que manejaban
sociedades ‘offshore’.
Se trata de una dupla que hasta hace no mucho
compartió todo tipo de negocios en Benidorm, población de la que fue
alcalde Zaplana y que está en el origen de su carrera política: el
notario Antonio Magraner Duart y el empresario Tomás Velasco Gómez. Los dos han sido accionistas del Grupo Mayve,
una compañía inmobiliaria benidormí compuesta por una docena de
sociedades que formó parte de la UTE adjudicataria del lote cinco de las
ITV que se correspondía con las estaciones de Alicante, Elx y Benidorm.
Mayve formó consorcio para ese contrato con la Caja Mediterráneo,
Gesfesa y Pavasal, pero pocos años depués, al igual que hicieron los
Cotino, todos ellos fueron desprendiéndose de su participación con
plusvalías. Estas estaciones han terminado bajo la órbita del grupo Applus.
Días antes de que Manteca firmase la resolución del concurso, Velasco se puso en contacto con el despacho Mossack Fonseca para tramitar la constitucion de una sociedad en las Islas Vírgenes británicas denominada Leyster Bay Corporation,
con sede en la isla de Tórtola. La sociedad nació con un capital de
50.000 dólares y pese a que sus directivos, Roy G. Carrington y Charles
C. Reece, eran testaferros situados por Mossack Fonseca, tanto Velasco
como Magraner Duart mantuvieron un poder general para hacer y deshacer
en la mercantil radicada en este paraíso fiscal, según documentación que
forma parte de los papeles de Panamá, obtenidos por el diario alemán 'Süddeutsche Zeitung' y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) y El Confidencial y La Sexta en España.
Leyster
estuvo activa al menos hasta el año 2002. Pero no fue la única
mercantil de las Islas Vírgenes vinculada a los empresarios. Los
archivos de Mossack Fonseca revelan que Velasco ya tenía poderes desde
1994 sobre otra sociedad, Fintside Investments, también
creada con un capital de 50.000 dólares por el bufete panameño
especializado en fabricar estructuras 'offshore'.
Fintside estuvo en
funcionamiento durante muchos, como mínimo hasta 2009, según los
documenos de Mossack Fonseca. Los papeles de Panamá reflejan una tercera
sociedad apoderada por Velasco desde diciembre de 1993, Harwich Enterprises.
Fue constituida en Islas Vírgenes británicas a través del bufete por
encargo de otro despacho suizo denominado Eade Consultans radicado en
Ginebra.
El nombre de Velasco ya apareció en otra de las listas negras de la evasión fiscal, la lista Falciani.
El empresario estuvo vinculado a tres cuentas en la filial de banca
privada del HSBC en Suiza desde el año 2001 hasta 2009, según reveló en 2015 'Levante-EMV' a partir de la información publicada
por El Confidencial.
En aquel momento, Velasco aseguró que había
regularizado con Hacienda su situación fiscal, coincidiendo con la
salida a la luz pública de los documentos que el antiguo empleado del
banco había entregado a las autoridades españolas y francesas.
Este periódico ha tratado ahora de ponerse en contacto con Velasco para
conocer las razones que le llevaron a crear estructuras en las Islas
Vírgenes, pero no ha contestado a los mensajes.
Quien sí lo la hecho es
el notario Antonio Magraner, una persona muy conocida en Benidorm por su
labor de fedatario público, ahora afincado en Madrid. Magraner admitió
su relación estrecha con Zaplana (ambos eran miembros de la peña festera El Picarol).
"Mi mujer y la mujer de Eduardo son amigas desde la primera comunión",
señaló el notario, quien dijo no recordar la existencia de las
sociedades 'offshore'.
"Se pudo constituir una sociedad y no tener
contenido. No recuerdo si existía, la verdad es que me comentó algo a
vuela pluma", afirmó trasladando la responsabilidad a su socio Tomás
Velasco.
"Yo puedo hacer una sociedad y ponerle a usted de apoderado y
usted no enterarse. No lo recuerdo porque no llevaba la administración [del Grupo Mayve]".
No obstante, un documento en poder de El Confidencial revela que el
propio notario realizó pagos a Mossack Fonseca desde una cuenta a su
nombre en el Banco Popular por gastos de tramitación de la sociedad
'offshore'.
Magraner explicó que vive con su antiguo socio "un proceso largo de
ruptura" que le ha llevado a interponer acciones judiciales contra él.
"Hemos acabado mal. Ha hecho actuaciones no correctas y he puesto alguna
querella", reveló. "Él hacía y deshacía".
Sobre las cuentas de Velasco
en el HSBC, el notario aseguró haberse enterado "por los periódicos" y
manifestó que como consecuencia de esta información, de hace más de dos
años, "hay una reclamación en marcha".
Interpelado sobre si la creación de Leyster Bay Corporation
pudo tener algo que ver con la adjudicación del contrato de las ITV,
dijo: "No creo que eso tuviera nada que ver. Participábamos en una
sociedad con el 5%. Tampoco sé qué pasó. Creo que vendimos las
participaciones".
No es la primera vez que el nombre de
Magraner aparece ligado a un caso que salpica a Eduardo Zaplana. El
notario, que fue consejero de la Caja Mediterráneo por decisión del PP, está emparentado con la familia Puchades, que según informaciones publicadas tuvo participación en Grupo Futuro Financiero, una de las sociedades citadas en las grabaciones
del llamado caso Naseiro sobre financiación irregular de los populares.
Esas cintas fueron anuladas como prueba judicial y la investigación
sobre las cuentas del PP no prosperó.
Magraner y Velasco (Mayve) también han sido socios del empresario de nacionalidad francesa George Santamaría en Aqualandia,
el grupo de ocio propietario de un parque acuático del mismo nombre, de
Mundomar y de Terra Mítica, el parque temático de Benidorm impulsado
por Eduardo Zaplana.
Se da la circunstancia de que
Santamaría tuvo su propia estructura 'offshore', con sociedades en las
Islas Virgenes con las que hizo inversiones en España, tal como reveló
El Confidencial a partir de los llamados Paradise Papers.
No hay comentarios:
Publicar un comentario