Andan los medios españoles desmelenados
con la contundencia de Sánchez en sus medidas innovadoras, de
restauración de derechos y remedios de entuertos y los relatan
embelesados: "un cargo, un salario", recuperación de la sanidad
universal, acogimiento de refugiados, supresión de las cuchillas,
garantía de paga extra a los pensionistas y mucho diálogo con Catalunya.
No
es parva la muestra. Tanta que los de Podemos se ofrecen en sociedad
con una batería de propuestas sociales antes de que Sánchez los
madrugue. Era mucho lo que había (y hay) que hacer. Ayer, M. Rajoy hizo
mutis para siempre. El epitafio de Hernando: se va el mejor presidente de la historia de España. Risum teneatis. Está
claro que huye como alma que lleva el diablo por haber dejado el país
en estado de quiebra moral, económica, política y territorial. Un
destrozo inimaginable. No habrá agujero en el mundo en el que pueda
escapar a su conciencia un individuo así. Eso si no lo imputan los
jueces, ahora que ha perdido el fuero.
Volvamos
al relato inicial. Todo son parabienes a que el gobierno central
recupere la dignidad de las instituciones, vilipendiada por la
asociación de malhechores, y los derechos de la ciudadanía. En cambio,
todo son "paramales" cuando el govern catalá hace lo mismo en el ámbito
de sus competencias: repone en sus puestos a los cargos destituidos
ilegalmente vía artículo 155, restaura el servicio exterior de la
Generalitat, recompone los departamentos devastados por la intervención
española, reclama la liberación de los presos políticos e insiste en
investir a Puigdemont; devuelve los derechos a los ciudadanos y la
dignidad a las instituciones. ¿Por qué, según los medios, está bien que
lo haga el gobierno español y no el catalán?
La
cuestión radica en la expresión "el ámbito de sus competencias". Para
el gobierno español, el parlamento español, los jueces españoles y los
españoles españoles, ese ámbito es el autonómico y no da para las dichas
y otras alegrías. Para el independentismo catalán ese ámbito es el de
soberanía de la República, ejercida en condiciones de constricción por
fuerza mayor, pero soberanía en todo caso.
Es
imposible que ambos puntos de vista coincidan en algo. Ni siquiera en
el punto de fuga. De este modo y dado que el presidente Torra bien
pudiera ser Torre y hasta Torreón, el gobierno no tiene otro remedio que
hacer como que no se entera porque, si se da por enterado, tendrá que
aumentar la población de presos y exiliados políticos, intensificando el
problema. Es decir, el gobierno tiene que hacer como que no ve una
clara situación de poder dual en España, de un lado el Estado español y,
de otro, la Generalitat que, sin reconocimiento formal de parte, de
hecho lo es.
Hay
un territorio jurídicamente del Estado español pero políticamente
exento que coincide con la República Catalana, esa que según el gobierno
central no existe, pero actúa. El presidente Torra piensa pedir al rey
formalmente que se disculpe por la violencia del 1-0. El MHP es una
buena persona. Otro le pediría que se disculpase de las dos cosas: el
1.O y el discurso del 3 justificándolo.
Por lo demás, si Felipe VI
quiere, puede tomar ejemplo de su padre, ponerse ante la pared con gesto
compungido recitando: "Me he equivocado. Lo siento. No volverá a
suceder". Que un presidente de govern republicano exija disculpas al rey
entra en los principios de la dignidad ciudadana, pero no entre los del
servilismo monárquico. Si el legislador español admite que el rey es
inmune, ¿cómo va a aceptar que se le exijan disculpas? El poder dual,
republicano en Catalunya y monárquico en España.
Acepten
ya que tienen un poder dual que debe negociar en condiciones de
igualdad de gobierno a gobierno. Y no solo poder dual. También hay un
territorio y una población exentas. Los tres elementos del Estado,
poder, territorio y población. O de fragmento de Estado, usando la expresión de Jellinek.
Felipe de Borbón no puede entregar los premios de la Fundación Princesa de Girona porque la ciudad lo tiene declarado persona non grata, así como al virrey Millo. Esto en tiempos del Rey Sol no pasaba. En tiempos de Franco, el sol de él y de su padre, tampoco.
Ni
valer el fuero por la fuerza puede el rey porque habría que obligar a
los gironins a asistir al acto a punta de bayoneta y ya se sabe, según
célebre dicho, que con las bayonetas puede hacerse todo menos sentarse
en ellas. Tendría que traer el auditorio a base de fletar autobuses con
bocata, al estilo del día de la Raza. No ha lugar. El rey es persona non
grata y la República es por definición territorio exento de monarcas. Els catalans no tenim rei. Mi dispiace, maestà.
Son
encomiables los esfuerzos dialogantes del gobierno, aunque no tan
vistosos como los exabruptos del ministro Borrell, llamando a la
discordia civil; ese ministro de Exteriores cuyo único exterior es
Catalunya. El intento de Batet de resolver el conflicto político por la
vía del diálogo es aun más encomiable; pero no tiene pasado ni futuro;
solo un titilante presente. No tiene pasado porque ya vale a los
socialistas descubrir ahora que se trata de un problema político
cuando fueron los principales defensores de la criminalización del
procés, su judicialización y la aplicación más severa si se podía del
155.
Y
tampoco tiene futuro. Por supuesto que se puede dialogar y dialogar y
dialogar cuanto se quiera sobre reformas constitucionales, milagros
federales, resurrección de los estatutos muertos y otras cuestiones
quodlibetales. Pero hay un asunto que es previo y requisito
indispensable: se dialogue sobre lo que se dialogue, los presos
políticos deben ser liberados sin cargos. No es posible construir nada
racional o humano sobre la injusticia y el sufrimiento de inocentes.
El
consabido argumento, usado ya por el gobierno anterior de la separación
de poderes y la jurisdicción de los tribunales es una repetición de la
falacia que demuestra cómo la voluntad de diálogo a base de reconocer el
carácter político del conflicto es falso. Fue el gobierno anterior el que metió en la cárcel (descabezó, para
ser más precisos, como decía la vicepresidenta de infeliz memoria) a
los presos políticos; el gobierno actual debe liberarlos. De lo
contrario, la recuperación de derechos será para unos pero no para
otros.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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