Los nueve presos políticos catalanes que están desde hace meses en cárceles de la Comunidad de Madrid va a ser trasladados a centros penitenciarios catalanes en las próximas fechas. El juez Pablo Llarena lo ha autorizado ya que no cuenta con realizar nuevas diligencias antes del juicio y ahora, como sucede con el resto de presos, se trata de que el Ministerio del Interior realice los trámites oportunos para que se efectúe a la mayor brevedad posible. 

Es una buena noticia para ellos, para sus familiares y para sus amigos, que los hemos encontrado a faltar en el Govern, en el Parlament, en la ANC y en Òmnium, en noches electorales como la del 21 de diciembre o, simplemente, en una conversación sobre las esperanzas e ilusiones de una Catalunya que no se dobla ante las adversidades; que resiste y demuestra una capacidad de resiliencia siempre sorprendente. 

Después de tantos meses en prisión, tan lejos de casa, parece pues que está próximo su acercamiento a Catalunya. Y, en medio de la gran injusticia que padecen, es la única buena noticia desde que ingresaron en la cárcel personas honorables, demócratas, íntegras y servidores públicos leales que custodiaban más de dos millones de votos del independentismo catalán.

Dicho eso, digamos también que ni por un momento se hace sin embargo justicia con la gran injusticia cometida y que el acercamiento es simplemente un acto administrativo. Que el acto político, su puesta en libertad a la espera de juicio, queda pendiente y es perentorio que el gobierno de Pedro Sánchez lo defienda y la fiscalía general del Estado lo sostenga ante el magistrado Llarena. 

Como también que los partidos independentistas catalanes no mantengan con sus votos en el Congreso de los Diputados al gobierno español si no da pasos en esta dirección. 

Nada devolverá el tiempo perdido a los líderes independentistas que están en la prisión o en el exilio y la ignominia del gobierno español no se hará más pequeña pero la política es un juego de pactos y alianzas, son acuerdos y negociaciones y la legislatura española no debe ser sostenida artificialmente si no hay un horizonte de solución al conflicto catalán.


(*) Periodista y ex director de La Vanguardia