¿Qué diferencia hay entre Mariano Rajoy y
Pablo Iglesias? La pregunta produce vértigo. Se supone que son la noche
y el día. Pero una aproximación a sus respectivas reacciones en
momentos políticamente críticos nos revelan un peligroso paralelismo.
Hace
unos días, tras la publicación de la sentencia por el caso Gürtel, el
presidente del Gobierno venía a decir que contra la prescripción de los
jueces estaba la voz del pueblo, insinuando que el voto electoral
resolvería sus responsabilidades políticas.
Iglesias, por su parte,
reaccionó a las contradicciones por sus permanentes críticas a los
'políticos del sistema' que se aislaban de la realidad social en sus
privilegiadas viviendas del extrarradio, convocando en referéndum a los
afiliados de su partido para que dieran el sí a la compra de un chalé de
nuevo rico equivalente al imaginario del éxito de los neoliberales a
los que se supone que Podemos combate.
Las bases del partido en el caso de
Podemos resolvieron las contradicciones ideológicas del líder y de su
señora vicelíder (trasunto de Ceacescu y Elena), y los votos de los
ciudadanos, empeñados en mantener al PP en el poder, suelen ratificar la
confianza en Rajoy, a pesar de que la colla de los suyos se forra a
costa del contribuyente. ¿Cuál es, entonces, la diferencia?
Ambos, Rajoy
e Iglesias, desprecian la percepción generalizada sobre la impropiedad
de sus respectivos actos, y se entregan al plebiscito popular porque en
una y otra circunstancia los electores descuentan como 'cosa menor' la
corrupción, de un lado, y la incoherencia política de otro. Podrá
decirse que no es lo mismo la corrupción que la incoherencia, pero el
discurso exculpatorio sobre ambas remite al mismo nicho populista: el
refrendo ciudadano o militante. Votos contra razón, y a otra cosa,
mariposa. Rajoy e Iglesias, tal para cual.
Todo
esto adquiere mayor claridad cuando nos remitimos al ámbito regional.
Ayer mismo, el líder autonómico de Podemos, Óscar Urralburu, reaccionó a
la pregunta de un periodista sobre el chalé en la huerta de Ángeles
Moreno Micol, concejala de su partido en el ayuntamiento de Murcia,
aduciendo que el caso Gürtel es de tamaña dimensión que no entiende que
sea posible que se repare en este tipo de asuntos locales cuando hay
otros mayores. Lo gracioso es que identificó lo relativo a Micol como
'presuntas irregularidades administrativas', sin percatarse de que es el
mismo concepto que utilizó el expresidente de la Comunidad, Pedro
Antonio Sánchez, para calificar las incidencias del caso Auditorio.
Nada
que ver, es cierto, pero la reacción es idéntica: lo que afecta a
Podemos son 'irregularidades'. Y como argumento de peso, Urralburu dice
que Micol ha desmentido las informaciones, cosa que en este periódico,
que es el que las ha publicado, estamos esperando que haga, pues no se
digna coger el teléfono.
Que el
líder regional de Podemos saque a relucir el caso Gürtel y los papeles
de Bárcenas cuando se le pregunta por el chalé de una concejala de su
partido pone en evidencia el cinismo y la impostura de su real
compromiso con la regeneración política. Podríamos responderle: de
acuerdo, señor Urralburu, el PP es un partido corrupto y Rajoy está
invalidado para gobernar. Bien, pero ahora háblenos del chalé de su
concejala Micol.
La gran
defensora de las ilegalidades administrativas en la Huerta de Murcia a
través del chiringuito familiar de Huermur, compuesto por ella en la
sombra, su hijo en la presidencia, su abogado en el activismo y nadie
más (quienes inicialmente integraron esa asociación se largaron a Huerta
Viva al no soportar los aires de la fundadora y al percibir que se
trataba de una herramienta personalista para acceder a la política,
inicialmente a través del PSOE, del que tomó el carné, y después con
Podemos) incumple todas las normas habituales que se suelen transgredir
en ese espacio.
Esta es seguramente la razón por la que tanto el PP, el
PSOE y C's no ponen el grito en el cielo, pues es inevitable sospechar
que algunos de sus dirigentes y muchos de sus militantes de referencia
están en circunstancias similares. No es posible creer que el
aplanamiento de la Huerta de Murcia se haya producido sin que, como
Micol, haya otros políticos del suyo y de otros partidos, taladores y
bañistas, amparados en la legalidad mientras incumplen las normas
menores ('irregularidades administrativas'). Por esto ni siquiera sufren
de sofoco. Es políticamente corporativo.
El
pijoprogresismo redentor está exento de ofrecer explicaciones. Encima
de que defienden a los pobres pudiendo estar, con sus recursos,
tostándose en el Caribe ¿cómo es que se les pide una licencia de
habitabilidad? Hasta ahí podíamos llegar.
(*) Columnista
http://www.laopiniondemurcia.es/opinion/2018/05/31/pp/926662.html
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