Lo dicho. Entre las dos opciones que el
bloque independentista tenía (proponer a Puigdemont o un "alter ego" de
Puigdemont) había solo un periodo más o menos duradero. Prácticamente,
ni periodo ha habido. El gobierno se niega a publicar los nombramientos en el BOC y, por tanto, no serán efectivos... a su ojos.
El president Torra los ha citado a tomar posesión el miércoles. Son dos
realidades que evolucionan por separado, la República Catalana en
situación de excepción y el Estado español que también está sometido a
la excepcionalidad que él mismo ha impuesto. Desde el punto de vista de
la República, es una situación forzada y artificial, con la que ha de
convivir. Desde el del Estado, algo inadmisible pues afecta a la unidad
de mando.
La
cuestión es si el Estado puede mantener su actitud represiva sin
convertirse en una dictadura o gobierno no sujeto a la ley; ni siquiera a
su propia palabra. Había un compromiso de levantar el 155 cuando
Catalunya tuviera un gobierno legal. Tiene gobierno y es legal. ¿Por qué
afirma el gobierno central que no lo es y le niega la inscripción en el
BOC? Los presos y exiliados políticos tienen sus derechos políticos
intactos en tanto no hayan sido condenados o inhabilitados por sentencia
firme. Negárselos es atentar contra ellos. Y como todo esto acabará en
una instancia judicial europea conviene guardar nota de los desmanes.
El gobierno insiste en que prolonga el 155 para proteger a la mayoría de los catalanes, pero eso es falso. La mayoría de los catalanes apoya al govern que el Estado boicotea. El gobierno central se empeña en gobernar Catalunya en contra de la voluntad de los catalanes; está actuando como un gobierno tiránico y perdiendo el derecho a exigir obediencia a los ciudadanos a cuyos deseos se opone.
El gobierno insiste en que prolonga el 155 para proteger a la mayoría de los catalanes, pero eso es falso. La mayoría de los catalanes apoya al govern que el Estado boicotea. El gobierno central se empeña en gobernar Catalunya en contra de la voluntad de los catalanes; está actuando como un gobierno tiránico y perdiendo el derecho a exigir obediencia a los ciudadanos a cuyos deseos se opone.
Si se impide la formación del govern
por la fuerza bruta, es muy poco probable que el bloque del 155 se
allane a establecer algún tipo de diálogo y mucho menos negociación con
la Generalitat. Sobre todo ahora que M. Rajoy ha descubierto que C’s y
el PSOE le ganan por el flanco nacional-español. El reciente pacto entre
PP y PSOE mirando a Catalunya y dejando fuera expresamente a C’s
permite ver una estrategia de recuperación del bipartidismo.
Los dos
partidos dinásticos están amenazados por sendos rivales. Así pues, se
refuerzan mutuamente como opciones “respetables” de gobierno y atraen
cierto “voto útil” porque dan a entender una posible “gran coalición”,
fundamentada en la unión sagrada del supremo interés de España.
Sánchez
ha pasado de pedir la dimisión de M. Rajoy a gobernar con él y para él
y, a veces, hasta más allá de él. Por ejemplo, cuando acusa a Torra de
ser como Le Pen. Eso no lo haría M. Rajoy para quien, claro, Le Pen es
OK. Pero sí lo hace Sánchez con mucho rasgarse las vestiduras y mesarse
los cabellos en puro estilo fariseo. Así cree justificarse para pedir
acto seguido una reforma del Código Penal que castigue como rebelión
también las manifestaciones pacíficas. Es decir, a qué engañarnos, que
castigue como rebelión el independentismo.
Tengo
para mí que todo conspira en favor de unas elecciones anticipadas. Todo
son las circunstancias, los ánimos de las partes, los proyectos de los
partidos. La prolongación del 155 sin elecciones, con una intervención
directa y estricta de Catalunya no deja otra salida que la convocatoria
de elecciones que es competencia que conserva la Generalitat. Siempre y
cuando el gobierno central no decida arrebatársela a través del 155,
cosa que puede hacer cuando quiera.
Añado
que, de acuerdo con lo anterior, el plan puede ser hacer coincidir las
elecciones catalanas (inevitablemente referendarias) con las generales
en España con la propuesta de una gran coalición PP/PSOE. El resultado
sería: un govern independentista reforzado por la lista única y un
gobierno de gran coalición en España con mayoría absoluta, el añadido
del apoyo exterior de C’s y, quizá, una parte de Podemos por aquello del
discurso nacional-español.
Una situación pintiparada para entablar negociaciones y deliberaciones constitucionales y, ¿por qué no? constituyentes. Y conste que no estoy prejuzgando qué se haya de constituir y en dónde, aunque tengo mis preferencias.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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