La decisión de la fiscalía alemana admitiendo a trámite la demanda de
extradición del president Carles Puigdemont formulada por el Tribunal
Supremo español y por el juez Pablo Llarena, así como la decisión de
mantenerlo en la prisión de Neumünster, conocida a primera hora de este
martes, abre el debate jurídico que a partir de ahora se deberá
desarrollar en la Audiencia Territorial de Schleswig-Holstein.
Lo
primero que cabe señalar es que la fiscalía se ha dado prisa en su
comunicación, ya que teniendo en cuenta que en Alemania era fiesta el
lunes, como en Catalunya, ha querido dar por abiertos los trámites lo
más rápidamente posible. En segundo lugar, destacar que la posición de
la fiscalía es la esperada y que cualquier otra habría sido una sorpresa
descomunal.
Baste señalar, aunque sea a título de inventario, que una
actitud similar adoptó hace unos meses la fiscalía de Bélgica cuando se
inició en aquel país los trámites judiciales de la primera euroorden y
semanas después el magistrado Pablo Llarena procedía a retirarla ante el
temor a que la justicia belga desmontara buena parte de los argumentos.
En esta ocasión, esto no sucederá, la batalla jurídica llegará hasta
el final y el resultado es incierto. La defensa del president Puigdemont
ante los tres jueces de la sala primera de la audiencia territorial
alemana que estudiará el caso ya sabe cuáles son las batallas que tiene
que dar y que son fundamentalmente tres: la primera que se resolverá es
si los jueces le mantienen en prisión o si por el contrario se dictan
unas medidas cautelares y se le concede la libertad provisional hasta el
veredicto final.
Los abogados han trabajado intensamente en poder
ofrecer a los jueces, llegado este supuesto, una residencia
fija con dirección conocida. La recuperación de la libertad provisional a
disposición del tribunal sería un primer triunfo, ya que recuperaría
una cierta libertad de movimientos y la capacidad de estar presente
directamente en el debate político.
Las otras dos batallas tienen que ver con la estrategia de defensa
más de fondo para desmontar las acusaciones por los delitos de rebelión y
de malversación. En el primer caso, el Tribunal Supremo detalla y la
fiscalía alemana acepta que la rebelión se ha basado en un proceso de
inconstitucionalidad con disturbios violentos. Y sitúa, sobre todo, dos
momentos: las manifestaciones de rambla Catalunya frente a la
Conselleria d'Economia y el referéndum del 1 de octubre.
El relato de la
violencia que relata Llarena deberá ser creíble y aceptado por la sala
de Schleswig-Holstein. La defensa de Puigdemont tiene bazas para tratar
de desmontar el relato del Tribunal Supremo, que se ajusta, según muchos
juristas, bastante poco a la realidad de los hechos que sucedieron
aquellas dos jornadas.
Lo mismo cabe decir del delito de malversación, del que hasta la
fecha no ha aparecido prueba documental alguna de los 1,6 millones de
euros que habría costado la organización del referéndum y que habría
pagado la Generalitat.
En este caso, además, hay declaraciones en el
Congreso de los Diputados tanto del presidente Mariano Rajoy como del
ministro de Hacienda Cristóbal Montoro negando la mayor a preguntas de
Ciudadanos.
También hay otro informe de la Intervención de la
Generalitat asegurando que no constaba en ninguna de las partidas
desviación de dinero para el referéndum.
Las fiscalías española y alemana han ido de la mano. Lo previsto.
Veremos ahora si los jueces alemanes tienen o no la misma visión que
Llarena. Todo está abierto.
(*) Periodista y ex director de La Vanguardia
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