ZARAGOZA.- Para la ministra de Empleo, Fátima Báñez, el descuadre de 16.800 millones de euros (un
1,47% del PIB) con el que la Seguridad Social cerró el año pasado es un
dato positivo que supone comenzar a “revertir el deterioro” del déficit
e iniciar “el camino de vuelta al equilibrio financiero” al ser
inferior al del ejercicio anterior, recoge Público.
Lo dijo, a pesar de que las previsiones apuntan a resultados negativos
de en torno a 15.000 millones para los próximos años y de reconocer que
“este menor déficit se va a producir también en 2018”, ya que en 2017
el gasto, que lleva años disparado, creció menos que los ingresos.
Sin embargo, los expertos, que discrepan del
mensaje optimista de la ministra, señalan varias amenazas para la
sostenibilidad del sistema de pensiones que ya se vislumbran, mientras
la Seguridad Social acumula un déficit de 87.238 millones en seis años.
Desplome de los ingresos y aumento del gasto
La brecha ente los dos grandes componentes del
sistema, las cotizaciones en los ingresos y las pensiones y los
subsidios en los gastos, cierran 2017 con una brecha histórica que ya en
noviembre (últimos datos disponibles)
superaba los 25.000 millones de euros: las aportaciones de los
trabajadores no alcanzaban los 100.000 mientras las pensiones (115.600) y
los subsidios (10.000) pasaban de 125.000 a falta de diciembre, mes de
paga doble.
El de 2010 fue el último ejercicio con saldo positivo entre
esos dos factores, con una recaudación de 105.400 millones y un gasto de
105.300. Y las previsiones apuntan a que esa brecha seguirá creciendo.
Hoy hay 2,33 cotizantes por cada pensionista,
pero comienza a llegar la jubilación de los nacidos en el ‘baby-boom’,
entre finales de los años 50 y principios de los 70, y eso hará que el
actual ritmo de aumento de 150.000 retirados por año (550.000 altas por
400.000 bajas) se eleve hasta los 250.000. Los 8,5 mayores de 67 años de 2022 habrán pasado a ser 10,6 una década más tarde y 13,1 en la siguiente, según las Proyecciones de Población del INE (Instituto Nacional de Estadística).
Paralelamente, la creación de empleo precario ha tenido un efecto perverso: trabaja más gente pero hay menos trabajo, y eso hace que la cotización media anual haya caído de 6.146 a 5.902 euros en cinco años,
desde que la reforma laboral entró en vigor en 2012, mientras las
pensiones se revalorizaban unos 2.000. En ese mismo periodo, la pensión
media del Régimen General subía de 1.121 a 1.215 euros y la de los
autónomos, de 649 a 713. Es decir, un descenso del 4% en los pagos
frente a aumentos del 8,3% al 9,8% en los cobros.
Recortes y bonificaciones que merman la recaudación
Medidas como la tarifa plana de los
autónomos, que se aplican con independencia de los ingresos del
beneficiario y que no están generando un aumento de la afiliación en ese
régimen, merman cada año en unos 700 millones de euros la recaudación
de la Seguridad Social, lo que supone casi un tercio de los 1.800
millones anuales en bonificaciones.
Paralelamente, una medida como el recorte de
la cotización de los desempleados, cuya base se redujo en 2012 del 125%
de la prestación al 100%, ha provocado una merma de casi 4.000 millones de euros anuales: los 10.388 de 2011 se habían reducido a 5.509 en noviembre de 2017, ejercicio en el que el presupuesto de esta partida se quedaba en 6.592.
El desplome de los salarios tira a la baja
de esas bases de cotización, de la que carecen casi la mitad de los
desempleados: más de la décima parte (399.300 de los 3,7 millones de parados del país no ha trabajado, mientras al menos uno de cada tres (1,24 millones) ha agotado las prestaciones.
El efecto ilusorio de una medida heredada
Las cifras de afiliación a la Seguridad Social han mejorado, aunque se trata de una mejora con matices. Los 18,3 millones de afiliados registrados al cierre de 2017 superan en 1,2 millones a los inscritos al finalizar 2011.
Sin embargo, más de un tercio de ese aumento no procede de los
asalariados del sector privado. Alrededor de medio millón de las
incorporaciones corresponden a nuevos funcionarios, que desde 2012 pasan
al Régimen General, lo que ha maquillado los efectos que la
precarización del empleo privado ha tenido en las cotizaciones.
El sector público,
que hoy ocupa a algo más de 2,5 millones de empleados, se perfila como
uno de los que en los próximos años puede tirar al alza tanto del empleo
como de las cotizaciones, ya que más de 130.000 funcionarios alcanzan la edad de jubilación en el próximo lustro
y una cifra similar lo hace en el siguiente. Eso puede llevar al
Gobierno a levantar las actuales restricciones sobre la tasa de
reposición y aumentar las ofertas de empleo, algo que suele tener como
efecto secundario una subida de los salarios en el sector privado.
Una deuda de alto riesgo
El sistema español de Seguridad Social
carece de medidas de apoyo financiero más allá de las aportaciones del
Gobierno vía transferencia de fondos, que el año pasado iban a superar
los 17.000 millones: 16.475 vía transferencia corriente y 737 de
capital.
Sin embargo, la desaparición de la llamada ‘hucha de las pensiones’, que pasó en seis años de guardar 70.341 millones cuya inversión generaba intereses a faltarle 176, ha ido acompañada de un aumento de la deuda hasta los 37.410 millones, 14.223 de ellos en préstamos desvinculados de las emisiones de deuda.
El grueso de esta última partida, un préstamo de 10.193 millones, fue contraído el año pasado. Y a él se le suma otro de 8.621 procedentes de las mutuas vía Fondo de Contingencia.
Ese nivel de endeudamiento requiere cada
año, además de amortizar las pólizas que van venciendo, y que suponen
entre 8.000 y 10.000 millones al año, otros 370 para pagar intereses, ya
que los tipos reales rondan el 1%. Todo apunta a que el inminente
aumento del precio del dinero por el BCE (Banco Central Europeo) tirará
al alza de esa factura, lo que descuadrará un poco más las cuentas de la
Seguridad Social.
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