MADRID.- Este jueves, el vocal del Consejo General del Poder Judicial, el murciano Juan Martínez Moya, aseguraba mediante un email a los jueces de la 67ª Promoción que la entrega de sus despachos “tendrá
lugar en los primeros días de abril” y que ésta “se llevará a cabo en
Barcelona, con la presencia de su Majestad el Rey”, según adelanta https://confilegal.com.
El CGPJ contestaba así a estos jueces que lo único que quieren es
poder acceder a sus despachos y que se les reconozcan los mismos
derechos que al resto de sus compañeros.
Ahora, por no tener “el nombramiento legal”, “no
se les computa a efectos de “descongelación” para poder concursar, no
pueden participar en cursos de formación, no se les paga el complemento
de movilidad”.
Por eso, en su escrito, del que se hizo eco Confilegal, los jueces de
la 67 Promoción avisaban que “Habiendo agotado todos los intentos de
solución amistosa, sin obtener respuesta alguna, manifiestan que
únicamente les resta acudir a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, al fin de acabar con la situación de parálisis actual”..
En su email, el vocal Martínez Moya, insiste en que
en nombre de los miembros de la Comisión Permanente del Consejo, “os
informo que esta mañana el Presidente del Consejo, en el curso de la
sesión de la Comisión Permanente, nos ha comunicado que la entrega de
despachos se llevará a cabo en Barcelona, con la presencia de su
Majestad el Rey. El acto tendrá lugar en los primeros días del mes de
abril”.
Además les hacía saber que “el día y hora precisos se os comunicará
oficialmente con la debida antelación para que podáis organizar
oportunamente vuestro desplazamiento y el de vuestro familiares y
amistades invitados”.
Con esta respuesta, los 65 nuevos jueces y juezas de la Promoción 67 ,
que ingresaron en enero de 2016 en la Escuela Judicial de Barcelona
tras aprobar las oposiciones en los meses de octubre y noviembre de
2015, tendrán, aunque con cierto retraso, su esperado acto de entrega de
despachos.
Conviene recordar que, tras su paso por la Escuela Judicial, iniciaron
un período de prácticas tuteladas durante 7 meses, y, por último,
superadas dichas fases, realizaron un período obligatorio donde los
jueces noveles desempeñaron labores de sustitución y refuerzo durante 5
meses, del 1 de julio al 30 de noviembre de 2017, período que debía
haber acabado en dicha fecha con la consiguiente entrega de sus
Despachos.
Sin embargo, el acuerdo de la Comisión Permanente de 23 de
noviembre de 2017, dónde se decidió prorrogar sin fecha la citada
entrega de despachos, fue como un jarro de agua fría.
Por eso, y “ante lo que consideran una arbitrariedad y desviación de poder, este acuerdo fue recurrido por la 67 promoción de forma íntegra (sus 65 miembros), por “la situación de
indefensión en la que se encuentran cuando el propio Consejo General
del Poder Judicial no resuelve sus recursos y deja transcurrir el plazo
legal.
Los miembros de la 67 promoción sienten la pesadumbre de que, tras
preparar y aprobar una exigente oposición, queriendo comenzar a prestar
su labor de servicio público con toda la ilusión, “desde el propio
Consejo General del Poder Judicial, que debería ampararlos como su
órgano de Gobierno que es, únicamente se les utiliza como mano de obra sin los derechos laborales”, indicaban en su escrito.
Y señalaban que durante esos cinco meses de prórroga, “los nuevos
jueces han ejercido, y continúan ejerciendo, su función judicial como
cualquier otro juez, con plenitud jurisdiccional, y las providencias,
autos y sentencias que dictan son resoluciones judiciales con plenos
efectos legales y plenamente ejecutables”.
No obstante, durante este periodo han estado sujetos a evaluación por parte de los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia
correspondientes, quienes han elaborado un informe sobre su dedicación y
rendimiento en el desempeño de labor profesional, para su valoración
por la Escuela Judicial.
Todos, los 65 jueces y juezas han desempeñado su labor de
sustitución o refuerzo, principalmente, en distintos juzgados mixtos de
Primera Instancia e Instrucción del territorio nacional con gran volumen
de trabajo (decidiendo sobre autos de prisión provisional, de régimen de visitas en casos de divorcio, contratos de millones de euros…), así como en los tan polémicos juzgados de “cláusulas suelo”, que han sufrido un enorme colapso de demandas desde que se implantaron por el Consejo General del Poder Judicial.
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