MADRID/MURCIA.- La magistrada del Tribunal Supremo Ana María Ferrer, que investiga a la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, por su presunta implicación en la trama Púnica, ha citado para este lunes, 5 de febrero, al expresidente del PP en la citada ciudad Francisco Celdrán. Se le llama en calidad de testigo, según han informado fuentes jurídicas.
El
objetivo es comprobar si, tal y como manifestó la parlamentaria el
pasado día 15, estaba previsto que el PP pagará uno de los contratos
cuestionados en esta investigación, dirigido a mejorar su reputación en
redes sociales, y que nunca llegó a firmarse. Celdrán ha sido también
presidente de la Asamblea Regional de Murcia.
Durante
su declaración como imputada ante la juez Ferrer, Barreiro negó haber
cometido ninguna irregularidad en los conciertos que entabló con
empresas de Alejandro de Pedro --considerado el conseguidor de la trama
Púnica-- para defraudar al Ayuntamiento de Cartagena y a la Consejería
de Educación de la Región de Murcia.
Sobre
el contrato reputacional, la defensa de Barreiro en el Supremo señaló
que "no llegó a terminarse y que iba a pagar el partido, por lo que no
hay ningún delito en nada". Insistió en que "no hubo pago con dinero
público alguno".
A
Barreiro se le imputan presuntos delitos de fraude, malversación de
caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de
información reservada en el marco de la trama de corrupción Púnica.
La
Fiscalía se posicionó a favor de investigar a Barreiro en el Supremo
después de que el exjuez de instrucción de la Audiencia Nacional Eloy
Velasco --que estuvo investigando el caso Púnica hasta que fue ascendido
a la nueva Sala de Apelaciones de este órgano judicial--, remitiese una
exposición razonada al alto tribunal debido a la condición de aforada
de Barreiro.
En su
auto de apertura de la investigación, el Tribunal Supremo ya considera
que los hechos atribuidos a Barreiro "son susceptibles de ser
calificados como constitutivos" de cinco delitos.
Precisaba
que los hechos más relevantes investigados en la trama corrupta
relacionados con la aforada es la existencia de supuestos conciertos con
empresas de Alejandro de Pedro --considerado el conseguidor de la
Púnica-- para defraudar al Ayuntamiento de Cartagena y a la Consejería
de Educación de la Región de Murcia.
En
la exposición razonada del entonces magistrado del Juzgado Central de
Instrucción nº 6 se subrayaba también que la senadora del PP
presuntamente sufragó con dinero público trabajos particulares como la
limpieza y cuidado de su reputación en redes sociales y la creación de
un diario digital que emitiese informaciones favorables.
Así, entre junio y septiembre de 2014 los trabajos se facturaron como "campaña de publicidad Turismo Cartagena" por 4.840 euros --que se pagaron de forma fraccionada para eludir los controles de la Intervención--.
Posteriormente, De Pedro valoró realizar esta labor de forma conjunta con la que tenía previsto hacer para el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez, también imputado en este caso.
El juez Velasco afirmó en su exposición que la exalcaldesa conservadora participó directamente en el diseño del plan que ocasionaría un perjuicio económico a la Administración autonómica contando con el consentimiento de su personal de confianza en el Ayuntamiento, Francisco Ferreño y María del Mar Conesa, quienes pese a no haber compartido alguna de las decisiones personales de Barreiro, la apoyaron y encubrieron "enmascarando" el procedimiento para la obtención de fondos del presupuesto de Educación.
Así, entre junio y septiembre de 2014 los trabajos se facturaron como "campaña de publicidad Turismo Cartagena" por 4.840 euros --que se pagaron de forma fraccionada para eludir los controles de la Intervención--.
Posteriormente, De Pedro valoró realizar esta labor de forma conjunta con la que tenía previsto hacer para el expresidente murciano Pedro Antonio Sánchez, también imputado en este caso.
El juez Velasco afirmó en su exposición que la exalcaldesa conservadora participó directamente en el diseño del plan que ocasionaría un perjuicio económico a la Administración autonómica contando con el consentimiento de su personal de confianza en el Ayuntamiento, Francisco Ferreño y María del Mar Conesa, quienes pese a no haber compartido alguna de las decisiones personales de Barreiro, la apoyaron y encubrieron "enmascarando" el procedimiento para la obtención de fondos del presupuesto de Educación.
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