CARTAGENA.- La titular del Juzgado de Instrucción nº 1 de Lugo,
Pilar de Lara, instructora del 'caso Pokemon', ha citado a declarar como
investigados (antes imputados) a cuatro exediles del PP en el Ayuntamiento de Cartagena por
realizar viajes pagados por la concesionaria del servicio municipal de
aguas, Hidrogea (antes Aquagest), de 2005 a 2012. Y, además, ha ofrecido
a la ex alcaldesa Pilar Barreiro, que está aforada ante el Supremo y por lo tanto no puede
ser imputada en el juzgado gallego, que se persone en el procedimiento,
dado que se investiga si la exregidora favoreció a la citada empresa, según avanza hoy La Verdad.
La magistrada aprecia indicios de los presuntos delitos de tráfico de influencias y cohecho en Agustín Guillén, exconcejal de Hacienda y exvicealcalde, imputado ya por prevaricación en el 'caso Novo Carthago'; María Ángeles Palacios, exconcejal de Hacienda y exconsejera de Sanidad; José Vicente Albaladejo, exedil de Infraestructuras, y José Cabezos, exedil de Hacienda y exvicealcalde.
Todos ellos serán interrogados por videoconferencia el 7 de mayo, por
los desplazamientos «de placer» a Nueva York, Atenas, Mallorca,
Barcelona, Zaragoza, Málaga y Madrid.
La juez también interrogará como
investigado al funcionario jubilado José Padial, exjefe de Infraestructuras, y a los directivos de Hidrogea (que pertenecía al grupo Aguas de Barcelona -Agbar- y ahora Suez) Luis Rodolfo García y José Albaladejo.
En
un auto fechado el 3 de enero y comunicado ayer a las partes, la
magistrada acepta la petición del servicio de Vigilancia Aduanera de
Galicia que, como adelantó 'La Verdad' en noviembre, considera que políticos y responsables de la empresa encargada del suministro y la depuración de agua gozaron de «viajes de placer», a modo de «continuo pago de prestaciones de servicios».
La magistrada ha ofrecido a la exalcaldesa la posibilidad de personarse
en la causa, con un abogado, para conocer todo lo relativo a la
investigación sobre ella, que viajó a Nueva York en 2008 con cargo a la
empresa. Además, pedirá al Senado que confirme la condición de senadora de Barreiro y ofrecerá a esta personarse en la causa,
porque «podría haber tenido participación activa en la toma de
decisiones que habrían beneficiado al grupo empresarial investigado».
Como testigos, tendrán que declarar también por vía digital el 7 de mayo
M. A. C. y M. P. L., esposas del exconcejal Guillén y del ejecutivo
García; J. M. R., esposo de Palacios; y M. D. S., esposa de Antonio
Jesús Navarro, exdirector de Aquagest en Cartagena.
De igual forma, la
instructora ha pedido al Consistorio información sobre los cargos que
ocupó María Dolores Soler, exedil de Infraestructuras y exdiputada
regional del PP, quien también fue de viaje.
En su resolución, la juez se hace eco de un informe de
Vigilancia Aduanera (organismo de la Agencia Tributaria) del 4 de
octubre. Este detalla, a partir del estudio de facturas de una agencia
de viajes contratada por Aquagest y de documentación municipal y de la
empresa de aguas, un presunto trato de favor a esta en la prórroga del
servicio durante 25 años (desde 2017 a 2042) y la realización de obras
millonarias.
Aduanas explicó que los viajes a distintas ciudades de
España, Europa y América que, desde 2005 a 2012, disfrutaron Barreiro y
otros cinco concejales tuvieron lugar antes y después de que esos políticos tomaran «una serie de decisiones que han beneficiado a la empresa Aguagest,
ahora Hidrogea».
Los agentes citan los billetes de avión, alojamiento en
hoteles, cuestiones «alimenticias», «excursiones, etcétera» de viajes
como el de abril de 2008 a Nueva York de Barreiro, Guillén y Palacios,
ya entonces consejera.
Tres
meses antes, Hidrogea vio cómo la Junta de Gobierno Local aprobó
invertir más de 12,5 millones de euros en infraestructuras con cargo a
las tarifas de 2009 y 2010. Cuatro años antes, el Pleno autorizó en
noviembre de 2003 una prórroga, a pesar de que existía un informe en
contra del Consejo Jurídico de la Región de Murcia. Votaron a favor el
PP, el PSOE salvo dos concejales que se ausentaron e Izquierda Unida. Se
abstuvo MC.
En esta rama del 'caso Pokemon', que afecta
también a los municipios de Murcia y Lorca y que engloba a varias
provincias, la magistrada ha autorizado a Aduanas a aportar datos
económicos y fiscales desde el año 2000 de imputados, testigos y otros
empleados de Hidrogea.
E insta al Ayuntamiento a aportarle abundante
información sobre cuestiones como las «obras e inversiones comprometidas
por la concesionaria en sus contratos» y las «actas de recepción»; la
auditoría de costes; la negociación de la prórroga; y la «identificación
de los funcionarios que aprobaban los estudios de tarifas».
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