Con el Parlament constituido
legalmente, se abre la XIIª legislatura de la Comunidad Autónoma de
Catalunya o la Constituyente de la República Catalana. Así están las
cosas. Cuál haya de prevalecer al final dependerá de la capacidad de los
actores políticos ahora que el conflicto (tan claro y nítido como
siempre) se ventila en el lugar que le corresponde, en sede
parlamentaria.
Ahí lo ha situado la mayoría de los votantes catalanes el
pasado 21 de diciembre; en el terreno político, de donde nunca debió
salir. Una decisión que tiene una sola interpretación: el rechazo al
intento del B155 de derivarlo por la vía represiva, judicial,
carcelaria.
Es
el triunfo de la política democrática, parlamentaria, frente al ordeno y
mando de la dictadura y la represión del 155. Es una ocasión única para
restablecer la normalidad en el funcionamiento de las instituciones.
Por
eso, lo mejor que puede hacer el señor M. Rajoy es reconocer de una vez
aquel resultado y retirar la parafernalia de medidas represivas que ha
adoptado para absolutamente nada, salvo para empeorar las cosas y
confirmar en el extranjero la creciente convicción de que España no es
un Estado de derecho.
Esto es, levantar el 155 ipso facto, retirar
todas las acusaciones por motivos políticos, anular las medidas
represivas que se hayan tomado, restituir a los damnificados si los ha
habido en sus intereses. Volver a la normalidad. (Y, de paso, dimitir a
la vista del monumental escándalo que los tribunales están descubriendo
de cómo este país está gobernado por una banda de presuntos -y no tan
presuntos- malhechores dedicados a esquilmarlo). La normalidad, al menos
en cualquier país civilizado.
El siguiente paso de este Parlament legal
será votar la investidura del presidente. Ya sabemos que se propondrá a
Puigdemont. Lo lógico será que, provisto de las suficientes garantías
jurídicas, pueda este ser investido presencialmente. De prevalecer la
sinrazón del 155, esto es, la voluntad omnímoda del caudillo M. Rajoy,
habrá de serlo por medios telemáticos. La negativa a aceptarlo, a su
vez, trata de retrotraer la cuestión a los tiempos prepolíticos, los
judiciales, con la intención de interrumpir el procés nuevamente por la fuerza.
Pero ahora hay un Parlament con
un claro objetivo de restituir el gobierno legítimo de la Generalitat. Y
eso cambia la situación que se ha convertido en política. El Parlament encontrará
la forma de alcanzar su objetivo en el doble plano de lo simbólico y lo
eficiente y trabajar por la construcción de la República Catalana.
Eso
lo pondrá en curso de renovado conflicto con el Estado español que, o
bien se decide a convertir a Cataluña en una especie de protectorado
bajo ocupación más o menos militar, o reconoce de una vez el resultado
de las elecciones y deja de poner trabas a la constitución del govern con Puigdemont de presidente.
De
ese modo la Generalitat funcionará con normalidad. A todos en España
interesa conocer cuál sea el programa de gobierno del candidato
investido. A la Monarquía, desde luego, pero también al gobierno, a los
partidos políticos, la patronal, los sindicatos, la Iglesia y la gente
en general.
Esto
es, se trata de escuchar qué es lo que los catalanes tienen que decir.
Como elemental paso previo a formular una o varias respuestas que puedan
acabar en algún tipo de decisión pactada.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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