Permítaseme una vanidad infantil. Ayer,
los tres magistrados del Supremo ignoraron la súplica de Palinuro y
decidieron dejar en prisión a Junqueras. En cambio le dieron alegremente
la razón y hasta lo convirtieron en profeta cuando decía: el
personal avisa de que ese concepto de violencia es interpretable y
puede acabar siendo violencia algo que no lo parezca. Y hasta que ni lo
sea. Y así ha sido.
Junqueras
sigue en la cárcel en virtud de una interpretación altamente
cuestionable, retorcida, del concepto de violencia, requisito
imprescindible en la tipificación del delito de rebelión. Podría caber
perfectamente en el supuesto anterior: se califica de violencia la falta
de violencia. El auto de la sala así razona de modo prácticamente literal.
Se admite que Junqueras no es autor de violencia alguna de palabra u
obra, pero se le hace responsable de la que se pudiera derivar de su
pronunciamiento público a favor de la independencia de Catalunya.
Y ya
alcanza niveles asombrosos cuando también se le hace responsable de la
violencia (se apostilla legitima) que pudieran ejercer los
cuerpos de seguridad del Estado. La doctrina del maltratador: por su
comportamiento, la Generalitat era responsable de las consecuencias del
155. Este concepto de violencia hipotético y preventivo, no tiene nada
que ver con el que figura en el Código Penal como medio instrumental de
un alzamiento público.
A estas alturas se perfilan las estrategias político-judiciales. Lo dice el abogado de Puigdemont: "se está haciendo una causa general contra el independentismo" . De aquí a que vuelva a haber delitos de opinión no
hay más que un paso. Y, de encarcelar a la gente por sus ideas (como ya
lo están los cuatro que siguen en prisión) a prohibir sus partidos
políticos solo hay otro. Para entonces a lo mejor puede hablarse ya de
dictadura y del triste papel de comparsa de la izquierda española.
De
hecho, el proceso tiene un tufo inquisitorial notorio. Discuten los
jueces sobre la sinceridad de las declaraciones de Junqueras. Se
consideran con derecho y capacidad para juzgar sus intenciones y lo
castigan preventivamente. El código doctrinal que invocan y al que exigen acatamiento sincero,
él mismo no lo exige. Pero eso ya importa poco porque los jueces se
salen de la constitución al exigir ese acatamiento como condición para
la libertad.
Pero se sienten tan a gusto porque no administran justicia
en nombre de la Constitución sino ya directa e indistintamente de la
Nación y el Estado, como reconocen varias veces en su auto. Esta
perspectiva nacional (que convierte todo juicio a la independentismo en
un acto de juez y parte) y estatal (que confirma la supremacía de la ley
del Estado) les parece tan natural como el aire que respiran. Y los
aleja de la justicia.
El
otro asunto, más práctico y hasta sorpresivo, es el de en qué pueda
afectar la prisión continuada de Junqueras a la cuestión de la
investidura del presidente. La respuesta es en nada. Las opciones siguen
abiertas y la solución que se adopte finalmente en esta controversia de
la constitución del Parlament y del govern está aún lejos de configurarse porque dependerá de innumerables negociaciones políticas en España y fuera de España.
(*) Catedrático emérito de Ciencia Política en la UNED
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