MADRID.- La Sala de lo Militar del Tribunal Supremo ha confirmado el fraude de las falsas mudanzas por el que fueron encausados casi un centenar de pilotos del Ejército del Aire, según avanza El País.
El alto tribunal ha dictado una sentencia en la que condena al
teniente J. A. R. como responsable de un delito contra la hacienda
militar al pago de 150 días de multa, equivalentes a 3.000 euros.
Según la sentencia dictada por el Tribunal Militar Territorial
Tercero y ratificada ahora por el Supremo, el teniente de complemento,
tras terminar su formación en la Academia de San Javier (Murcia), fue
destinado forzoso en 2008 a Palma de Mallorca y, tras presentar tres
presupuestos de empresas de mudanzas, cobró la factura de una de ellas
por 2.950 euros.
El tribunal no se pronuncia sobre si efectivamente se produjo el
transporte de muebles y enseres del militar, pero asegura que, “en todo
caso, no lo hizo con arreglo a lo solicitado ni por la cantidad que
finalmente cobró”. Al contrario, el militar urdió “una estratagema para
presentar una reclamación indemnizatoria [...] de carácter mendaz con el
propósito de obtener lucro ilícito sirviéndose de una factura
simulada”.
El teniente condenado formaba parte del grupo de 45 pilotos del
Ejército del Aire procesados en 2014 por presentar facturas falsas para
cobrar una Indemnización por Traslado de Residencia (ITR) de entre 1.500
y 4.500 euros, pero el Tribunal Militar Central ordenó trocear la
causa, que se dispersó en decenas de sumarios por distintos juzgados.
Pactos con el fiscal
La mayoría de los procedimientos se saldaron con sentencias de conformidad, ya que el fiscal ofreció a los pilotos un pacto para que aceptaran pagar una multa de unos 5.000 euros a cambio de no ir a juicio. En otros casos se archivó la investigación porque el delito ya había prescrito.
A diferencia de sus compañeros, el teniente J. A. R. no aceptó el
pacto y recurrió hasta el Supremo, alegando que su mudanza sí había sido
real y que él no tenía ninguna responsabilidad en la factura. Ello ha
obligado al alto tribunal a pronunciarse finalmente sobre el escándalo,
aunque a través de un caso aislado.
El Código Penal Militar castiga hasta con 10 años de cárcel este
delito, pero el teniente se ha beneficiado de la dilación indebida del
proceso y de haber devuelto el dinero.
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